El ‘Mercado’ Vasco de Finanzas

El PNV —y en menor medida PP— ha perdido la primera gran batalla política de una legislatura que aún no ha empezado realmente y el eco de su irritación dura ya cinco días. La reunión del Consejo Vasco de Finanzas del pasado martes, celebrada apenas 48 horas después de unas elecciones que marcan el inicio del nuevo ciclo político, ha acabado por parecerse más a un mercado que a cualquier otra cosa, vista toda la polémica que ha generado y el subsiguiente cruce de declaraciones y acusaciones de creciente calado.

El Ejecutivo socialista y Bildu, que gobierna en Gipuzkoa, dando una pista de lo que puede suceder, al menos en materia fiscal, en la nueva legislatura, unieron sus votos para hacer prevalecer un acuerdo de hace un año sobre el destino de 309 millones de euros. Esta cifra corresponde al dinero que las empresas, que en los noventa recibieron las ayudas ilegales de las vacaciones fiscales, han devuelto este año a las Diputaciones. Todas las instituciones trabajaban, desde octubre pasado, en la tesis de meter ese dinero en la caja común de la que se surten los cuatro. A última hora, el mismo día en que debía sancionarse ese acuerdo, las Diputaciones de Bizkaia, en manos del PNV, y Álava, del PP, intentaron dar un golpe de mano. Fracasaron.

A partir de ahí, los implicados, exhibiendo una desunión patente, se han enfrascado en echarse en cara ofertas, contraofertas y pactos para justificar —o reprochar— los actos de unos y otros. EL PAÍS ha hablado con varios de los participantes en la reunión del martes en la sede del Gobierno de Vitoria y reconstruido las seis tensas horas que duró.

El acta anterior. La reunión comienza a las doce del mediodía. El acta de la reunión precedente —en febrero— es aprobada por unanimidad. Ese documento detalla algunos ajustes contables y hace alusión a la inclusión en el ejercicio de 2012 de parte del dinero de las vacaciones fiscales recobrado por Álava.

Preajuste de 2012. Nada más abrirse el debate de este segundo punto, los diputados generales de Bizkaia, José Luis Bilbao, y Álava, Javier de Andrés, piden que se vote, por una parte, la preliquidación de la recaudación de 2012, fijada en algo más de 11.400 millones de euros, y, por otra, los fondos de las vacaciones fiscales. La representación del Gobierno autónomo, encabezada por el consejero de Economía en funciones, Carlos Aguirre, se niega con el argumento de que todo va en el mismo paquete, pues ya se había acordado volcar ese dinero en el ejercicio de 2012. El Ejecutivo recuerda el pacto de octubre de 2011, que fijaba el actual ejercicio como el punto de partida “a partir del cual” se volcaba el dinero.

Bizkaia y Álava buscaron desde el inicio variar el pacto sobre las ‘vacaciones’

Bizkaia toma la palabra para sostener que el sistema de cálculo de las cantidades a recuperar está pendiente de resolución del Tribunal de Luxemburgo y que, por tanto, es más seguro, jurídicamente hablando, esperar a que se resuelva. Álava secunda la propuesta poniendo como ejemplo los 435 millones del caso Rover. Las instituciones vascas se repartieron este dinero del IVA a la exportación de coches de esa marca tras un primer fallo a su favor, pero luego el Tribunal Supremo dio la razón al Estado y tuvieron que devolverlo.

El Gobierno reitera que el destino de esos fondos ya está acordado, como recogen las actas de las reuniones previas, y que nadie ha dicho nada en contra, pese a que se lleva trabajando un año en la misma línea. La discusión empieza a subir de tono y se escuchan las primeras voces más altas de lo normal.

La responsable de la Hacienda guipuzcoana, Helena Franco, toma la palabra para mostrar su sorpresa con lo que está pasando. “Es la primera vez que oigo” una propuesta como la de Bizkaia y Álava, dice, según uno de los asistentes. Insiste en que nadie le ha dicho que no hubiese que ingresar las vacaciones fiscales en la hucha del actual ejercicio.

Visto que el acuerdo parece inviable por el momento se decide aplazar la discusión de este punto y pasar al siguiente.

Casi son las 13.30. Primer receso. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, pide disponer de una sala para consultar con sus técnicos. Hacienda le habilita la sala de reuniones que usa la consejera portavoz, Idoia Mendia. Garitano y Franco se encierran unos minutos, pero el primero sale poco después a fumar a la puerta del edificio. Allí se encuentra con Bilbao.

La previsión de 2013. La reunión se reanuda para abordar la previsión de ingresos tributarios de 2013: son algo más de 11.800 millones que las tres Diputaciones han pactado en las reuniones técnicas anteriores, apenas un 3,7% de incremento sobre la preliquidación de 2012. La viceconsejera de Hacienda y Finanzas, Manuela Escribano, apunta que al Gobierno le parece insuficiente esa cifra y argumenta con documentación que se podría hacer una previsión más alta. Con todo, precisa que el Ejecutivo no se va a oponer a esa previsión “por responsabilidad”, ya que será el nuevo Gabinete el que tenga que lidiar con ese gasto. Economía presenta aquí el Plan de Innovación 2013-2016, al que Bizkaia y Álava se oponen con el argumento de que compromete fondos para el próximo Ejecutivo. Bilbao asegura que los socialistas “no están legitimados” para ello. Se vota la prórroga del plan de avales, que también compromete fondos para 2013, pero en este caso los tres diputados generales apoyan darle luz verde.

A renglón seguido, Bizkaia se muestra radicalmente en contra de la aprobación de las directrices presupuestarias que presenta el Gobierno, porque “condicionan al Ejecutivo entrante”. Las directrices parten de las aportaciones hechas por las Diputaciones, que habían encomendado ese trabajo al Gabinete en las citas técnicas previas. Son casi las 14.45. Nuevo receso. Vuelta a fumar y a hacer llamadas.

De vuelta a 2012. En unos 50 minutos se reanuda la sesión en el punto más problemático. Bizkaia y Álava vuelven a solicitar una votación separada y se reproducen idénticos argumentos. Álava explica que, de lo que ha recuperado este año por las ayudas ilegales —209 millones— podría aportar una parte, mientras que otra “está en discusión”. Bilbao dice que los 81 millones vizcaínos están en discusión con el Tribunal de Luxemburgo. Economía recuerda que el pacto para volcarlos este año se alcanzó porque cuando el PP se hizo cargo de la Diputación alavesa en 2011 se encontró con el que el Ejecutivo del peneuvista Xabier Agirre “se había gastado ya todo lo recaudado por las vacaciones fiscales y no podía ingresarlo”. Se acordó en el Consejo de octubre de 2011 aportarlos “a partir de 2012” para darle ese respiro a Álava, insiste la consejería.

Llega en ese momento un principio de aproximación cuando Bizkaia plantea ingresar el dinero en febrero de 2013 con la “liquidación definitiva”. Pero la palabra “liquidación” da lugar a dos interpretaciones distintas. El Ejecutivo y Gipuzkoa entienden que es la liquidación definitiva del ejercicio de 2012. Álava y Bizkaia mantienen que es la “liquidación definitiva” de las cantidades devueltas por las empresas. Franco vuelve a pedir un receso. “Necesitamos hacer contrastes con nuestra gente”, dice. Los relojes marcan casi las cinco y cuarto.

Votación final. Seis de la tarde. Ya está todo dicho. Solo faltaba votar el asunto de las vacaciones fiscales. El Gobierno necesita disponer de los 210 millones que le tocan en el reparto —en función de la ley de Aportaciones— para cuadrar su déficit. Es lo pactado hace un año por todos. Para Bilbao, el apoyo de Bildu supondría una victoria política que dejaría en situación delicada a Patxi López tras su derrota electoral. Y para Álava retener sus 210 millones en caja supone una seguridad extra para sus maltrechas cuentas. La tensión es obvia, rememoran varios de los presentes. Gipuzkoa tiene la llave.

Franco regresa a la reunión y dice aproximadamente: “Por responsabilidad política, por integridad y coherencia con el trabajo de estos meses atrás, y porque nadie nos había dicho que el dinero no había que ingresarlo en el ejercicio de 2012, vamos a votar a favor de la propuesta del Gobierno”.

La reunión se acaba. Todos se levantan, sin despedirse, y cada parte se dispone a ofrecer su propia conferencia de prensa. A partir de ahí, la polémica.