Un divorcio forzado por la crisis

La crisis está cambiando muchos equilibrios en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos es la relación entre el poder político y el poder empresarial. Los años de bonanza se tradujeron en una copiosa lluvia de dinero. Y el crecimiento se asentó, en gran medida, en el sector constructor e inmobiliario, un negocio en el que las Administraciones desempeñaban un papel importante, al tener la llave de las autorizaciones e, indirectamente, influencia en su financiación.

Esos elementos perfilaron una larga etapa de placidez en el trato entre ambos poderes. Visto con perspectiva, las fuentes consultadas —que pertenecen a distintos niveles del mundo económico y hablan con la condición de que no se les cite—, creen que paralelamente se produjo un adormecimiento de los empresarios. La crisis ha trastocado completamente ese terreno de juego.

Las empresas se enfrentan ahora a situaciones muy difíciles, que les obligan en muchos casos a concentrar su atención no en el medio y largo plazo, sino en sobrevivir. Generalitat y Ayuntamientos acumulan impagos a miles de proveedores y a las mismas patronales. El Gobierno (como el Consell, del PP) adopta decisiones impopulares en el mundo de los negocios: subida del IVA, nueva tasa industrial por el uso de gas, caída de la inversión del Estado en la comunidad autónoma, y resistencia a modificar el sistema de financiación, entre ellas. El Ayuntamiento de Valencia se embarca en la ampliación del Palacio de Congresos, una inversión de rentabilidad cuestionable. Y el Ejecutivo valenciano aplica las reformas para adelgazar su estructura a un ritmo más lento del que desearían los empresarios, que han realizado ya fuertes ajustes para afrontar la tempestad.

La buena marcha de la economía generó una larga etapa de placidez

Todo lo anterior ha sido objeto de críticas recientes por parte de los órganos empresariales valencianos, algo difícil de imaginar hace pocos años. Cada uno en su estilo, las voces se han alzado desde la patronal autonómica (Cierval); las patronales de la provincia de Valencia (CEV), Castellón (CEC) y Alicante (Coepa); la patronal de la industria cerámica (Ascer); la del metal (Femeval), la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE, el lobby que reúne a un centenar de los principales empresarios valencianos), y también, aunque de forma medida, del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana.

La Generalitat, que tiene otros muchos frentes abiertos, se mueve en este nuevo escenario con manifiesta incomodidad. No muy distinta, señalan algunas fuentes, a la que se percibe en el Gobierno respecto a distintos foros u organizaciones empresariales: especialmente la gran patronal, CEOE.

De ahí que las nuevas condiciones que afrontan dos de las principales formas de organización empresarial, patronales y cámaras de comercio, hayan dado lugar a un planteamiento favorable a alguna fórmula de fusión, no solo en la Comunidad Valenciana. Una idea que aparentemente no se ve con malos ojos desde la Generalitat.

Los problemas de las patronales vienen de las grandes cantidades de dinero que les adeuda la Administración autonómica por los servicios de formación que han prestado y los planes de competitividad que impulsó hace años el Consell.

La mayoría de las empresas están concentradas hoy en sobrevivir

La cuantía de los fondos de formación se verá, además, muy limitada en el futuro por los cambios que ha introducido el Consell. Las cámaras han visto cómo se eliminaban las cuotas obligatorias que pagaban los empresarios, lo que ha provocado una fuerte caída de sus ingresos.

No es un secreto que la Generalitat se siente más cómoda con una figura como las cámaras de comercio, que son corporaciones de derecho público y encajan mejor en el perfil de foro empresarial institucional. El representante empresarial que desde hace tiempo más acompaña al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a sus consejeros es José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia y del consejo que agrupa a todas las de la Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo, la distancia del Palau de la Generalitat ha crecido respecto al presidente de la patronal de referencia, Cierval, y su presidente, José Vicente González. Algunos piensan en el mundo empresarial que González, elegido en julio de 2011 para un periodo de cuatro años, ha tenido que dedicar mucha energía a la propia patronal y a reclamar una deuda global de 66 millones que ha llevado a muchas de sus federaciones a una situación financiera calamitosa. Ello, opinan estas fuentes, le habría desviado del objetivo de impulsar la adaptación del tejido productivo a la nueva realidad económica.

Consell y Gobierno adoptan decisiones impopulares para los empresarios

La mayoría de las fuentes consultadas, incluso entre quienes no son sus afines, consideran, sin embargo, que el presidente de Cierval está haciendo lo adecuado dado el contexto. Opinan que su tono se ajusta al estado de ánimo de los empresarios, y nadie cree por ello que sea posible en estos momentos una vuelta a perfiles más acomodaticios al frente de la patronal.

González tiene, según las fuentes, un sólido apoyo de las bases que deciden la presidencia de la patronal. La patronal de Alicante, Coepa, que fue importante en su elección, se encuentra sumida en una crisis que parece interminable, pero nadie baraja ahora tentativas de recambio.

Con la grave situación que atraviesan muchas empresas, y el crítico estado financiero de algunas patronales —Coepa es un ejemplo de ello—, las fuentes apuntan a que dar el paso adelante para dirigirlas conlleva hoy muchos más quebraderos de cabeza que satisfacciones.

La opción de la fusión entre cámaras y organizaciones empresariales también parece lejana. En primer lugar, por los problemas normativos que plantea. La figura y la importancia de la patronal para la defensa de los intereses empresariales están recogidas en la Constitución (artículo siete). Y su integración con las cámaras, que la ley define como corporaciones públicas colaboradoras de la Administración, parece complicada. Para hacerla posible serían necesarios cambios legales de gran calado, que exceden el marco de la Comunidad Valenciana.

Otra cosa es estrechar la colaboración para evitar duplicidades y conseguir ahorros. Algo que ya se ha iniciado entre la CEV y la Cámara de Valencia. Pero aun sin los desencuentros de las últimas semanas (la cámara se alineó con el Ayuntamiento apoyando la ampliación del Palacio de Congresos), las fuentes no creen que la fusión de órganos y servicios tenga a estas alturas mucho más recorrido.

En el mundo empresarial prima la sensación de hartazgo ante cómo evolucionan los acontecimientos. Y existe la opinión extendida de que los políticos —de todo color— no están a la altura de aquellos que tuvieron su misma responsabilidad hace años. Una visión que algunos amplían no solo a la clase política valenciana y española, sino también a la que está decidiendo el futuro de Europa.

Todas las fuentes reconocen las grandes dificultades que ha encontrado el presidente Alberto Fabra al ponerse al timón de la Generalitat. Una dramática situación financiera y de deuda, una insostenible estructura del sector público, y un ritmo de escándalos (con el consecuente coste en reputación para la Comunidad Valenciana) que nadie sabe cuándo va a acabar. Aparte de considerar que los casos valencianos se tratan en España con una severidad superior a la que se emplea cuando surgen en otras comunidades, la opinión general es que la cuestión no se abordó en su momento con la determinación necesaria.

Todos esperan que el presidente (y su equipo) ejerza el liderazgo que le corresponde, precisamente por lo extremadamente complejo que resulta el escenario. Y parece que tendrá que hacerlo sin el desahogo que le supondría una actitud complaciente del mundo empresarial.