Hacienda chequea el sector público para reducir su peso en 2013
Aguayo pide a las consejerías un informe financiero y de personal de todas sus empresas
La Junta de Andalucía va a utilizar el presupuesto de 2013 para dar otra vuelta de tuerca al sector público empresarial andaluz. Aunque en principio la Administración autonómica no tiene previsto realizar otro ajuste duro, que lleve aparejado la supresión de entes, y considera que el conglomerado empresarial público está “bien dimensionado”, la Consejería de Hacienda sí quiere tener un mayor conocimiento de la situación económico-financiera de los 124 entes que considera como propios, así como las características especiales de algunos de ellos, fundamentalmente en materia de personal.
En la primera ronda de contactos con los 10 departamentos que conforman el Gobierno andaluz para realizar el presupuesto, Hacienda ha reclamado, además del avance de las previsiones y cuentas anuales de cada departamento, un informe económico-financiero de situación de todas las agencias, entes públicos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios que dependan de cada una de las consejerías.
La titular de Hacienda sostiene que el proceso de reordenación del sector público andaluz —comprometido en 2010 y ratificado en mayo pasado— está a punto de concluir. La desaparición de las 95 Unidades Territoriales de Empleo, junto a la extinción jurídica pendiente de alguno de los entes públicos antes del 31 de diciembre, pondrá fin a la remodelación iniciada en mayo de 2010.
Pero la idea planteada ahora, para ajustar aún más el sector público, está basada en una mejora de la gobernanza del conjunto de los entes instrumentales. Simplificar su funcionamiento y adecuarlo a lo establecido en la legislación básica del Estado, junto con el sometimiento a los controles financieros del Ejecutivo, es el objetivo.
La deuda de las empresas y entes públicos es el 0,5% del PIB andaluz
La Junta está convencida de que Andalucía tiene un sector público “eficiente”, y que, en su mayor parte, se dedica a la prestación de servicios públicos fundamentales. En este sentido, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, afirmó el pasado jueves en el Parlamento, que el 86% del gasto presupuestario del sector público andaluz tiene una finalidad social: salud, educación, dependencia y medio ambiente.
Además, la consejera indicó que, con los datos publicados hasta junio por el Banco de España, el sector público andaluz mantiene una deuda de 82 euros por habitante, una cantidad muy inferior a la que sostienen de media el resto de las comunidades autónomas, que se sitúa en los 263 euros. Esta cifra supone un 0,5% del PIB andaluz frente al endeudamiento de más del doble que tienen de media el resto de comunidades, y que se sitúa en un 1,2% del PIB autonómico.
Sin embargo, la Consejería de Hacienda no ha conseguido saber con exactitud todos los datos económico-financieros, y sobre todo de personal, del entramado de entes públicos instrumentales que la Administración regional ha ido desarrollando en los treinta años de autonomía.
Tras la eliminación de 95 consorcios, aprobada en mayo de 2010 por el Consejo de Gobierno, Hacienda ha podido ir aquilatando la conformación de los entes que tienen sus presupuestos consolidados en el Plan Económico Financiero de la Junta, pero no cuenta aún con la información completa del total del sector público.
Un listado oficial de entes públicos de la comunidad de fecha 1 de enero, excluidas las Universidades y los entes compartidos con otras comunidades, elevaba el entramado empresarial a más de 362.
El Gobierno andaluz prepara ahora un ajuste que evite sorpresas de última hora, en relación al cumplimiento de las medidas de ahorro y rebajas de sueldos de todo el entramado público, y que permita a la vez cuadrar un presupuesto que preserve el mayor número de puestos de trabajo.
Un decreto anulado por la crisis
El denostado sector público andaluz ha tenido en la crisis un curioso aliado que le ha permitido dilatar la supervivencia de muchos entes instrumentales desde mayo de 2010. Decidido a poner pie en pared ante la dimensión del entramado de empresas que la Junta ha ido acumulando a lo largo de los 30 años de autonomía, el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó el 4 de mayo de 2010 un decreto, el 283/2010, con el que pretendía poner orden en las entidades instrumentales de la Administración andaluza. El objetivo era conseguir la información de recursos humanos y económico-financiera de los entes y obtener una imagen fiel del sector en su conjunto.
La integración pretendía mejorar la eficacia de las agencias públicas empresariales y de régimen general, de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios, y para ello se creaba un sistema de datos armonizado que reflejaría la realidad de la Administración en su conjunto.
Además, se pretendía conocer de cada ente, por un lado, su situación económico-financiera (balances de situación, informes de gestión, cuentas de resultados y memoria anual, contabilidad, programación, inversión y financiación, situación de tesorería y endeudamiento, estados de avales, situación de activos y pasivos financieros, participaciones en otras empresas y cuentas formuladas y aprobadas) y, de otro, los datos relativos a su estructura orgánica, funciones de sus áreas y departamentos, plantilla e identificación de las personas empleadas y sus puestos.
El suministro de esta información debería haberse realizado a partir de los seis meses de la publicación en el BOJA del mencionado decreto 283/2010, pero la realidad es que cuando faltan apenas dos meses para finalizar 2012 el decreto ha quedado anulado por la crisis.
Fuentes de la Consejería de Hacienda han justificado el incumplimiento de dicho decreto en la falta de presupuesto para dotar de la infraestructura informática necesaria a todos los entes. “Tenemos otras prioridades, y los sistemas informáticos necesarios para poder cumplir con el decreto están fuera de nuestras prioridades presupuestarias en estos momentos de crisis”, han indicado estos medios.
No obstante, en marzo de 2011, la Consejería de Hacienda programó un seminario de formación de formadores para explicar el funcionamiento del Sistema Integrado de Información de Empresas Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Consorcios de la Junta (SIEJA), que hasta ahora no ha sido puesto en marcha.
La Consejería de Hacienda tenía previsto que participaran inicialmente en el SIEJA un total de 87 entes instrumentales, de ellos 27 Agencias Públicas Empresariales y sociedades mercantiles sometidas a control financiero permanente, 30 sociedades mercantiles no sometidas a este control, 29 fundaciones y una agencia de régimen especial. Posteriormente se incorporarían los consorcios con participación mayoritaria de la Junta.
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