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Unidades Especiales de la Guardia Civil actuarán en el ‘barrio de los okupas’

La alcaldesa de San Martín y la delegada del Gobierno acuerdan "medidas contundentes"

"Es lo que venimos pidiendo desde hace ya años", dice una comunidad de vecinos

Vivienda desvalijada en El Quiñón, San Martin de la Vega. Ampliar foto
Vivienda desvalijada en El Quiñón, San Martin de la Vega.

La alcaldesa de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro (PP), y la delegada del Gobierno en Madrid (PP), Cristina Cifuentes, se han reunido para tratar los problemas generados por las ocupaciones de viviendas en el barrio de El Quiñón del municipio madrileño, donde hay un okupa por cada dos vecinos, y han acordado "medidas contundentes" para "incrementar la seguridad", entre ellas que Unidades Especiales de la Guardia Civil actúen en la zona.

El Quiñón es un barrio de unos 3.000 residentes de San Martín de la Vega, localidad del sur de la región con 19.990 habitantes, de los que 2.234 están en el paro (un 15% más que en 2011). Según denuncian los vecinos, hay muchas viviendas de los bancos que han sido okupadas y otras con propietario de a pie, que también han sido okupadas en un descuido. Entre los okupas, explican los vecinos, hay marroquíes, rumanos, gitanos “y algún españolito”, que causan "suciedad, venta de droga, delincuencia...". "Y si no okupamos, ¿qué hacemos?, ¿nos morimos de hambre?”, se pregunta uno de los okupas.

Guijorro se sentía con las manos atadas “porque las órdenes de desahucio las tiene que dictar un juez”. Muchos de los pisos, según la alcaldesa, son de entidades bancarias (de más de cuatro distintas), que se las han adjudicado tras desahuciar a los antiguos propietarios. “En el barrio han aumentado los robos, las algarabías, las manipulaciones en los suministros... Está siendo una okupación organizada y tememos el efecto llamada”, argumenta.

En respuesta de la petición de ayuda que lanzó la alcaldesa a Cifuentes a primeros de mes, Delegación del Gobierno ha anunciado el envío de las Unidades Especiales de la Guardia Civil, según recoge el Ayuntamiento en una nota. También se intensificarán los "controles especiales", desarrollados de forma conjunta por Policía Local y Guardia Civil, las patrullas especiales de identificación y la vigilancia Policía-Guardia Civil de entrada y salida del barrio. Habrá más "agentes visibles" y más "dotaciones de paisano". Desde la Alcaldía no aportan datos del número de efectivos que participarán en los controles “por la naturaleza de la operación", pero informan de que empezarán de forma inmediata, la semana que viene.

Además, se creará una categoría directa con el sistema Compromiso 48H, que permite recibir llamadas vecinales de manera prioritaria y anónima directamente en la Alcaldía. Asimismo, el barrio dispondrá próximamente de una Oficina Municipal de Atención Ciudadana y Seguridad, con presencia policial (OMACS). Tal y como han informado desde el consistorio, en las próximas semanas se creará la Junta Vecinal de Seguridad, que se celebrará mensualmente con los presidentes de las comunidades de vecinos, Alcaldía, concejal de Seguridad y Mandos de Policía Local, en las instalaciones de la OMAC.

El presidente de una comunidad de vecinos del barrio, que ha pedido a este periódico que no se le identifique por miedo a represalias, se muestra contento con la noticia. "Es lo que venimos pidiendo desde hace ya años. En 2011 nos reunimos con la alcaldía y se dijo mucho pero no hicieron nada, ahora parece que sí", explica. "La ley no nos ampara para estos casos y, como los pisos son de los bancos y están vacíos, se mete quien quiere", se lamenta. "Los vecinos somos obreros, no podemos ir peleándonos con los nuevos que van llegando, pero lo cierto es que se ha corrido la voz y ha venido una panda de delincuentes que se están haciendo con el barrio", sentencia.

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