Botella ofrece un salvavidas a las familias del Gallinero antes de derribar el poblado

Tres meses después de que el Partido Socialista y voluntarios de ONG que trabajan en la zona le pusieran colorado por la falta de un plan para el poblado chabolista de El Gallinero, “la zona más degradada en la zona más degradada de Madrid”, según admitió la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), el Ayuntamiento de la capital ha presentado hoy un proyecto de intervención algo más concreto pero lastrado también por una indefinición en plazos y objetivos que achaca sobre todo a la naturaleza nómada y poco receptiva a la ayuda de sus habitantes, que viven en condiciones miserables o dedicados a actividades ilícitas. Dedicará a ello 1,2 millones de euros, que en realidad ya estaba dedicando, repartidos a través de varias áreas de actuación municipal.

El Gallinero se encuentra a 12 kilómetros de Madrid por la autovía de Valencia, en el distrito de Villa de Vallecas, a un tiro de piedra de la Cañada Real y del vertedero de Valdemingómez. El poblado está compuesto por 86 chabolas en las que viven 72 familias de gitanos rumanos, en total 321 personas, de las que 178 tienen menos de 15 años (139 de estos menores están escolarizados). Este censo, del 30 de septiembre, está sujeto sin embargo a modificaciones constantes por la movilidad de los habitantes del poblado (cuyas causas el propio Ayuntamiento admite desconocer).

Los pobladores sobreviven fundamentalmente de la mendicidad, en una situación de extrema pobreza, asentado sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados (aproximadamente tres veces la superficie del estadio Santiago Bernabéu) que ocupa tres parcelas privadas; dos de ellas forman parte de la Junta de Compensación del futuro barrio de Valdecarros (en el que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad cuentan cada una con un 17%), y la otra no.

Los propietarios de esos terrenos han denunciado la ocupación de los terrenos por vía penal y administrativa. En el primero de los casos, el juzgado de Instrucción número 38 de la plaza de Castilla (Madrid) archivó la denuncia en junio contra 70 familias por un presunto delito de usurpación de terrenos y criticó además la “pasividad” y “tolerancia” de los propietarios, que hizo creer a los chabolistas que tenían derecho a vivir allí para proceder años después de forma “desproporcionada” contra ellos.

En el auto, el juez explicaba que el asentamiento se formó a partir de 2005 con la llegada de personas que desconocían “la ausencia de derecho para instalarse en los terrenos”. “No aparece en absoluto claro que no hubiera existido una situación de consentimiento tácito o, al menos, mera tolerancia por parte de la propiedad respecto al asentamiento masivo”, añadía.

Los 93 expedientes administrativos abiertos por el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, uno por chabola, están en su mayor parte pendientes de decisión judicial. Quedan 86 infraviviendas por derribar, tras tirarse abajo siete habitadas (y otras 12 vacías) en lo que va de año. La mitad de las que siguen en pie cuentan ya con requerimientos de desalojo, y de ellas 28 han visto rechazado recursos de reposición.

En su plan de intervención, el Ayuntamiento recalca que los habitantes del poblado son gitanos rumanos itinerantes, con movilidad por todo el territorio europeo cuyas causas objetivas se desconocen, que se dedican a actividades marginales, carecen de documentación básica y están acostumbrados al asistencialismo. Además, señala que cambian continuamente de chabola, lo que dificulta su empadronamiento, y se organizan de forma que un número muy bajo de familias, con mayor nivel socioeconómico, gestiona al resto en su beneficio.

De las 72 familias censadas, 21 están en situación de vulnerabilidad social grave y se mantiene con ellas un seguimiento intensivo: se encuentran en España de forma irregular y se dedican a la mendicidad para subsistir. Con otras 43 se realiza un seguimiento básico; también se dedican a la mendicidad, siendo explotadas además por otras familias. Por último, hay 21 que no aceptan la intervención social, que son precisamente las sospechosas de explotación, se dedican presuntamente a actividades ilícitas y se benefician de recursos institucionales en otros países.

En cuanto a la educación, el objetivo municipal es la plena escolarización de los menores, para lo que se desplazan al poblado tres educadoras contra el absentismo. En el futuro, el Ayuntamiento promete “incrementar los recursos socioeconómicos dedicados a procurar la asistencia regular a clase”, aumentando las horas de educación social en el poblado, reforzando el seguimiento de las rutas escolares, sensibilizando a las madres adolescentes e implantando programas de mejora de la convivencia en los centros.

Respecto a la intervención social, se busca la normalización jurídica de estas personas (facilitando sus trámites de residencia o su regreso a Rumania) y su implicación en la sociedad. Además, se llevan a cabo actuaciones puntuales de emergencia y se intentan inculcar hábitos saludables. Además, hay un proceso personalizado a nivel jurídico, social, sanitario, familiar, educativo, laboral y de vivienda para integrar a estas familias en la sociedad y permitir que normalicen su vida a través de diferentes etapas, entre las que se incluyen pisos tutelados. Los realojos en viviendas sociales son, a día de hoy, una quimera por sus condiciones de vida.

En un primer nivel, las familias pueden acceder a centros de acogida temporal con asistencia continua, que les proporcionan alojamiento y manutención. Se les exige una serie de compromisos de socialización, que en caso de cumplir les permitirá pasar a un escalón superior: pisos tutelados o de alquiler. Sólo una familia ha progresado por ahora en este proceso.

Además, el Ayuntamiento se compromete a mantener las condiciones higiénico-sanitarias en el poblado, implicando a las familias en la limpieza y llevando a cabo actuaciones periódicas del Selur, desratizaciones, etcétera. Y realizará tareas de vigilancia, con controles de drogas, por ejemplo, y especial atención a que los menores sean escolarizados como obliga la ley.