El fiscal ve indicios de malversación en la gestión de Invercaria

El caso Invercariatoma cuerpo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor Juan Gutiérrez que impute por malversación al expresidente de la empresa pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo junto a su ex director financiero y técnico Antonio Nieto y tres empresarios. La inversión de fondos públicos que censura el fiscal se realizó en 2009 en la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una compañía de ferias virtuales que carece de página web.

Tras la denuncia inicial de la Cámara de Cuentas, ahora el Juzgado 16 de Instrucción de Sevilla y Anticorrupción investigan la participación de Invercaria en 34 empresas, pero el fiscal ha comenzado sus diligencias por FIVA y la participación de tres empresarios relevantes: Francisco José Barrionuevo, presidente de Novasoft y medalla de oro de Andalucía; Juan Antonio Bardón, presidente de la asociación de entidades de formación y empleo de Sevilla (CECAP) y exconsejero de Innovaes Formas de Comunicación, y Francisco Carlos Gallardo, director del Grupo Imagen.

Las pesquisas se basan en un informe de la Cámara de Cuentas

Hace solo tres días el consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, defendió la participación de Invercaria en algunas empresas que posteriormente entraron en crisis, decisiones que, subrayó, no implicaban malversación de fondos. Pero el fiscal discrepa y le ha pedido al juez que nombre dos interventores del Estado para que realicen una completa pericial contable de FIVA con todos sus movimientos de capital: facturación, contabilidad y subvenciones “ejercicio a ejercicio”.

De este modo, las imputaciones que conllevarán el caso Invercaria se pueden multiplicar, dado que solo una de las 34 empresas investigadas ya ha supuesto cinco imputaciones. Ahora el juez deberá determinar si los exdirectivos de Invercaria y sus superiores en la Consejería de Innovación han tenido responsabilidad sobre la supuesta malversación y otras irregularidades, como la supuesta realización de informes sobre ciertas empresas a posteriori, según denunció el exdirectivo de la empresa pública Cristóbal Cantos.

En su decreto, la fiscalía solicita que FIVA aporte todos sus libros contables desde que nació en 2006 hasta 2010, así como los libros de actas del consejo de administración y de la junta de socios. Invercaria concedió a la compañía préstamos entre 2007 y 2008 por un total de 716.000 euros. El fiscal recorre la participación de Invercaria en FIVA, adendas y la compraventa de participaciones a través del resto de empresas.

Ahora el análisis de la empresa será exhaustivo: “Informes de viabilidad, seguimiento, recomendaciones, órdenes de pago, expedientes completos, operaciones de inversión, préstamos concedidos”. En su decreto, el fiscal no descarta otros delitos en la gestión y participación de Invercaria en FIVA: “De forma provisional e indiciaria y sin perjuicio de otros ilícitos penales que se pudiesen determinar en la instrucción, los hechos pudiese ser consitutivos de un delito de malversación”. El fiscal menciona en su decreto las conclusiones de los auditores de la Cámara de Cuentas, cuyo informe dio origen al caso el pasado febrero.

Sobre la inexistencia de la web de FIVA, Invercaria alegó a la Cámara de Cuentas que la plataforma tecnológica fue desarrollada, “pero problemas técnicos provocaron incidencias con sus primeros clientes, lo cual obligó a sacarla de explotación a finales de 2009”. Invercaria alegó que la empresa se encuentra inactiva desde diciembre de 2009, aunque su última rendición de cuentas al Registro Mercantil es del ejercicio 2007.

Respecto a las cuentas no depositadas, Invercaria aseguró que las tenía en su poder, pero nunca las llevó al registro. Sin embargo, estas explicaciones parecen del todo insuficientes para el fiscal.

Los auditores denunciaron que FIVA recibió distintas cantidades para gastos de personal y arrendamiento, que “tendrían la consideración de un préstamo a tipo cero, otorgado directamente, sin sujetarse a los principios de publicidad y concurrencia, además de vulnerarse el principio de igualdad de los ciudadanos de acceso a los servicios del sector público”. Ahora Anticorrupción ha pedido que los dos interventores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas revisen el trabajo anterior de los auditores para aclarar las cuentas y ver ulteriores responsabilidades penales.