El Gobierno formaliza la petición de rescate al Fondo de Liquidez Autonómico
El Ejecutivo central concede 2.133 millones frente a los 4.906 que reclamaba la Junta El pago a 1.383 prejubilados supondrá un coste de 14,9 millones al año
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pide el rescate. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha informado esta mañana, tras la reunión del gabinete del Ejecutivo de José Antonio Griñán, que la comisión delegada de asuntos económicos prevé la concesión de 2.133,89 millones. La Junta pedía 4.906 millones al considerar que es la que corresponde al límite de gasto autorizado.
Este paso era el único pendiente para formalizar el rescate. El primero fue la solicitud, algo que realizó por escrito la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. El segundo paso era la aceptación por parte del Gobierno central. Pero aún faltaba un requisito imprescindible, la aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Este paso se acaba de dar por lo que el recurso al conocido como Fondo de Liquidez Autonómico es ya oficial.
De la cantidad total asignada inicialmente, 632,18 millones de euros se destinarán a atender los vencimientos de deuda y 1.501,71 millones a las restantes necesidades de financiación, fundamentalmente pagos a proveedores de la Administración y con especial prioridad a los ámbitos de la salud, los servicios sociales y la educación.
La principal condición aceptada por el Gobierno andaluz es el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio que la Administración autonómica desarrolla desde hace dos años y que, entre otras medidas, incluye la reordenación del sector público, la reducción de altos cargos, el aumento de los ingresos tributarios y la consolidación de las plataformas centralizadas de compra en el ámbito sanitario.
Por otra parte, el consejero de Economía, Antonio Ávila, ha informado de la resolución del conflicto que impedía el cobro de un millar de prejubilados con el acuerdo de la Junta de Andalucía. El decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores afectados por procesos de reestructuración permite a la Junta asumir directamente y sin intermediarios el pago de dichas prestaciones.
Esta medida beneficia a 1.383 extrabajadores de Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi y Boliden, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora APRA Leven. Estas ayudas supondrán un montante de 14,9 millones de euros al año durante un plazo de aproximadamente 14 años, según ha informado Ávila.
El Ejecutivo andaluz también ha decidido suspender la renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros con domicilio social en Andalucía. La medida afecta a Unicaja y CajaGranada y permitirá acomodar la norma andaluza a la nueva legislación estatal pendiente de aprobación.
Sobre las previsiones avanzadas ayer por Analistas Económicos, que creen que el paro en Andalucía podría llegar al 35%, Ávila vaticina un 2013 "ligeramente mejor".
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