Un segundo informe oficial advierte otro déficit oculto de 80 millones en 2009

Cuando la pasada semana se desveló que el Gobierno gallego desplazó facturas por 411 millones de euros del año 2010 a 2011 de forma irregular, el máximo responsable del Consello de Contas, Luciano Fariña, argumentó que “no es la primera vez” que la Xunta actúa así. Efectivamente, el órgano fiscalizador ya había detectado ese problema el ejercicio anterior, 2009, cuando se desplazó a 2010 una cantidad inferior, unos 80 millones de euros. En su informe sobre ese año, Contas ya advertía a la Xunta del peligro que ese desplazamiento de gastos tiene para calcular correctamente el déficit: “Resulta preocupante el crecimiento relevante de las imputaciones de gasto de ejercicios anteriores, que […] puede acabar distorsionando el resultado presupuestario, incidir en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y afectar negativamente a los presupuestos futuros”.

 Ante esas críticas sobre su comportamiento en 2009, la Xunta reaccionó hace unos meses de forma muy distinta a la de la última semana. Al desvelarse el desplazamiento de los 411 millones de 2010 a 2011 el Gobierno gallego optó primero por negar la existencia del informe —elaborado por José Antonio Orza, exconselleiro de Manuel Fraga— y luego por rebajar su rango a la categoría de borrador, al que presentará alegaciones antes de que sea aprobado formalmente. Sin embargo, según la documentación de Contas, el informe que ya detectaba el desplazamiento de 80 millones de 2009 a 2010 y su posible efecto sobre el déficit fue aprobado definitivamente sin que la Xunta incluyese entre sus alegaciones ninguna dirigida a rebatir esa crítica concreta, la cuantía, ni la recomendación final para que se mejorase el control contable.

En el informe de 2008, el Consello de Contas ya había hecho un repaso histórico sobre la tendencia de la Xunta a desplazar a anualidades posteriores la contabilización de facturas. “Esta práctica fue adquiriendo una importancia creciente en la gestión presupuestaria hasta 2004 [último año íntegro de Fraga], ejercicio en el que las obligaciones no contabilizadas superaron los 400 millones de euros. En el año 2005 decreció considerablemente la no contabilización de obligaciones, tendencia que se consolida en el ejercicio 2006. En el año 2007 y 2008 el desplazamiento temporal de obligaciones tiene un carácter residual”. Los desplazamientos de gasto de Fraga, que el bipartito redujo, se producían en época de bonanza. Entonces, cada nuevo presupuesto autonómico era superior al del año anterior, al contrario de lo que sucede ahora, cuando además existe una ley que limita el techo máximo de gasto anual.

En las conclusiones de ese informe de 2008, Contas elogia el proceder contable del bipartito y detalla que desplazó al ejercicio de 2009 apenas 10,96 millones en la administración general y 4,07 millones en el Sergas. Un año después, el primero del Gobierno de Feijóo, el gasto desplazado fue similar en la administración general, pero se disparó en el Sergas hasta los 72,89 millones. Eso llevó a Contas a advertir de que “esta dinámica creciente en el desplazamiento de gasto puede también incidir en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”. Y apuntó efectos secundarios como que “desincentiva a los gestores para la presentación de presupuestos realistas, marginando este documento como instrumento de planificación y gestión”. Por ello recomendó expresamente “incrementar las medidas de control interno que aseguren una cuantificación fiable del gasto desplazado”.

Pese a las críticas históricas al proceder de Fraga, retomado por Feijóo en 2009, un año más tarde, en 2010, el desplazamiento contable se multiplicó por cinco. Según el informe elaborado por Orza y ahora desvelado, se retrasó la contabilización de 223 millones de gasto en la administración general y otros 188,2 millones en el Sergas. La suma de gasto irregularmente desplazado asciende a 411 millones, cifra similar a la del último año de la era Fraga, según Contas. Entonces, al frente de los presupuestos autonómicos estaba el conselleiro José Antonio Orza, el mismo que ahora, desde el Consello de Contas, desvela ese proceder irregular del Gobierno de Feijóo.