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Caso Mercasevilla

El inspector del ‘caso Mercasevilla’ cuestiona la instrucción judicial

La juez Mercedes Alaya relevó al policía al frente de la investigación del fraude de los ERE

La juez Mercedes Alaya, este verano en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, este verano en los juzgados sevillanos.

Las tripas de una investigación policial suelen quedar ocultas. Incluso para las partes del proceso judicial. Pero el caso Mercasevilla, y por ende el de los ERE, también es distinto en ese aspecto. Ayer el inspector que dirigió la investigación durante dos años y medio desveló que esta pudo haber ofrecido resultados dispares a los finalmente recabados y que han concluido esta semana con el juicio en la Audiencia de Sevilla contra un excargo de la Junta, dos exdirectivos y una funcionaria.

El policía declaró como testigo que las pesquisas del caso “pudieron llevar a otra interpretación de los hechos”, de haber proseguido la línea de investigación desarrollada. El inspector puntualizó que cuando los datos recabados podían dar un giro al caso, este ya estaba dirigido por “criterios judiciales” y no “policiales”. Es decir, achacó a la juez Mercedes Alaya que la investigación no se culminara como debió haberse hecho, ya que había indicios y él tenía el “convencimiento” de que existía un acuerdo entre los empresarios denunciantes de la Raza y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce para el pago de una comisión ilegal. “No se llegaron a hacer las gestiones para plasmarlas en un atestado”, aclaró el agente. Los empresarios han negado cualquier connivencia con los acusados en sus comparecencias.

La revelación policial y denuncia velada contra la juez Alaya sobresaltó a todos los presentes en la sala de vistas. Otra cosa es que esta declaración suponga un giro radical e influya en la opinión del jurado hasta cambiar el sentido de la sentencia. La juez Alaya, que lleva un mes de baja por enfermedad, arrebató al policía la investigación de los ERE fraudulentos en junio de 2011 para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alaya justificó que este cambio de manos se debía a que la UCO tenía más medios que los ocho policías dedicados al caso, un agravio comparativo sin precedentes. Ayer el inspector tuvo su desagravio ante los oídos atónitos de la audiencia, incluido el presidente magistrado Ángel Márquez.

“¿No es cierto que estos señores [Ponce y Mellet] habían llegado a un acuerdo con los empresarios?”, preguntó el abogado de Ponce, Simón Fernández. “Totalmente” respondió lacónico el inspector. Esta supuesta connivencia encaja con la declaración realizada por el intermediario Juan Lanzas, que aclaró que trabajó para los empresarios y Mercasevilla, a pesar de que estos habían negado la mayor. El exsindicalista detalló que había asistido a numerosas reuniones pero no cobró por sus gestiones de intermediación, aunque Mercasevilla sí pagó a la empresa para la que entonces trabajaba Lanzas.

Sobre la idea de este acuerdo por el que los empresarios de la Raza Pedro Sánchez y José Ignacio de Rojas habrían aceptado en un principio abonar las comisiones ilegales, abundó el inspector cuando fue preguntado sobre si había oído que los empresarios pidieron los 300.000 euros de mordida a un banco, cifra que habían pedido los acusados. “Sí”, confirmó, antes de matizar que “no hubo posibilidad de investigar esta línea ya que la investigación se encaminó por otra vía”. Por tanto, no se determinó si acudieron o no a alguna entidad bancaria. Posteriormente, ante la insistencia de los abogados y el fiscal, el policía zanjó: “Creo que no era cierto”, dijo para justificar su inacción.

“Lo que parecía evidente al principio luego no es tan evidente”, dijo sobre la investigación el policía. En ese momento, el presidente magistrado le interrumpió con tono perplejo: “¿Esta contestación a qué viene? ¿A qué viene decir que no se han dado cuenta de todo lo que verificaron? No parece serio”.

Las dudas sembradas ayer por la instrucción policial alcanzaron a la tipificación del delito, finalmente cohecho, y cuya condena podría costarle a los acusados inhabilitación y 950.000 euros de multa. El policía matizó que al comienzo de la investigación “no sabíamos de una extorsión, una estafa o una simple negociación”. “Llegué a pensar que se trataba de un acuerdo o compromiso de voluntades” entre los hosteleros y los exdirectivos. Es más, la declaración policial de los acusados se tomó como acusados por estafa.