Irritación policial con la juez Alaya

"Son 30 meses de investigación con la unidad volcada. La juez sabrá por qué nos ha felicitado por nuestro trabajo y de la noche a la mañana nos volvemos malos. A lo mejor le interesa retrasar la investigación hasta las elecciones generales". La grave acusación de un mando policial contra la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), refleja el escándalo que ha supuesto arrebatar de un plumazo la investigación a la policía para dársela a la Guardia Civil.

El trasfondo de las desavenencias personales que han dinamitado la investigación más importante desarrollada en Andalucía desde la Operación Malaya aflorará en los próximos días. Alaya ha sido enigmática y escueta al explicar que las razones le han sido ya explicadas verbalmente al inspector que ha dirigido las pesquisas. Sin embargo, de momento el enfrentamiento por el ritmo y la dirección que debe tomar esta investigación poliédrica parece estar en el corazón del choque frontal. Los detalles espinosos son muy amplios, pero algunas decisiones recientes de la juez han sido muy polémicas y la petición de información a la policía en sus últimos autos ha sido abrumadora.

"Si tiene discrepancias con el inspector de la investigación, debería haber consultado a los mandos de la policía y pedir su relevo, no arrebatar el caso al cuerpo y generar ese tremendo agravio comparativo con la Guardia Civil", critican fuentes del caso.

La juez ha pisado el acelerador en las últimas semanas y ha pedido una cantidad ingente de diligencias para darle un gran impulso a la investigación. Solo en el auto del pasado 7 de junio Alaya ordena 25 diligencias a organismos como el Banco de España, la Agencia Tributaria o la Junta de Andalucía. Pero llama la atención la petición a la Policía Judicial para que "investigue detalladamente los motivos del estado actual de los expedientes recibidos de la Junta". Es decir, analizar más de 165.000 folios con las vidas laborales, pólizas y documentación especializada sobre los intrusos y beneficiarios de las ayudas públicas a los ERE.

Dos semanas después la policía respondió que para la gran cantidad de información tan especializada en economía, derecho administrativo y urbanismo, sería ideal nombrar técnicos expertos que apoyaran a los investigadores. La airada contestación de Alaya fue fulminar a los policías y desprenderles de la investigación. Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión de la juez.

Entre sus decisiones más controvertidas están la citación judicial del exteniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena a solo tres días de las pasadas elecciones municipales. Las voces que acusan a Alaya de dictar resoluciones para favorecer al PP según el calendario político cobran cada vez más fuerza. Y dicho calendario culminaría con el envío del caso al Tribunal Supremo tras la previsible imputación del senador y exconsejero aforado José Antonio Viera antes de las próximas elecciones generales. Otras fuentes discrepan: "Ella no busca ralentizar la investigación, sino acelerarla. Entre otras pruebas, quiere saber si en las actas hay informes verbales de los consejeros en los que reconocen el gran pufo procedimental".

Lo cierto es que la policía ha elaborado informes jurídicos esenciales para el avance de la investigación en sus cuatro ramas (intento de soborno, venta de suelos, delito societario y trama de los ERE) y que son inhabituales en ámbitos policiales. Ahora es previsible que la Guardia Civil desplace varios agentes de Madrid a Sevilla para atender las peticiones de gran especialización técnica que Alaya precisa.

Mientras que el PP echó ayer un capote a Alaya y dijo que será "en favor de la mejora de la instrucción", la Junta evitó pronunciarse. Sin embargo, es indudable la ralentización que sufrirá la investigación por mucha prisa que se den los guardias civiles en empaparse de un caso tan complejo.