Ante la pasividad de Almeida con los pisos turísticos, los vecinos reaccionan: su oficina atiende 467 quejas en siete meses

De repente, entre bakeries, tattoo studios y barber shops, un local para vecinos. El letrero de la asociación La Corrala, en grandes letras azules sobre fondo blanco, indica dónde se encuentra este grupo vecinal, el único que dispone de una sede en todo el distrito Centro de Madrid, según la federación que agrupa a 302 entidades de la región. Se trata de un pequeño espacio en Lavapiés 38, una calle en cuesta reconocible por sus muchos restaurantes de cocina india. En sus terrazas al aire libre, turistas y madrileños comparten platos con aroma a curry y tikka masala. Mientras, en La Corrala, los residentes han montado su propio mecanismo de autodefensa, la Oficina Vecinal de Afectadas/os por las Viviendas de Uso Turístico, las conocidas como VUT. Una de cada tres personas que se aloja en el Centro es un visitante, según datos que dio este jueves el Ayuntamiento, que reconoció por primera vez que en este distrito existe un problema de “desertización” vecinal. Está en juego a quién pertenecerá el corazón de la capital.

―¿Es aquí lo de los pisos turísticos?

Dos mujeres de mediana edad entran al local. Piden ver a uno de los asesores de la oficina. Viven en un edificio cercano de la calle Amparo donde dos de los 24 pisos se dedican al alquiler para turistas. Se llaman Maribel y Paqui (no quieren dar su apellido “porque en este barrio hay que tener mucho cuidado”). Han pedido auxilio a la Policía y al administrador de la finca, pero nadie les da esperanzas. Se encogen de hombros. “Nos dicen que es muy difícil”, dice Paqui. Durante media hora les atiende a puerta cerrada una voluntaria, del grupo de 14 que se turnan para recibir a los damnificados.

La oficina fue un experimento pionero que una decena de asociaciones pusieron en marcha el 15 de octubre. “Surgió por la sensación de impunidad”, explica Víctor Rey, uno de los impulsores. Era una manera de ordenar una asistencia que durante años se había dado de manera informal. Desde que abrieron han atendido 467 casos, dice Rey. Reciben visitas los jueves por la tarde de 18 a 20.30 horas y también asisten por teléfono, de lunes a viernes. Ha sido tal el éxito que esta semana abrieron una segunda sede en Arganzuela, un distrito que linda por el sur con el Centro. La idea es abrir otras oficinas en Salamanca y Retiro, añade Rey: “Desgraciadamente nos va muy bien”.

Aquí nadie se cree la promesa de mano dura que este jueves hizo José Luis Martínez-Almeida. El alcalde anunció en rueda de prensa que se congela durante un año la concesión de nuevas licencias para VUT. Esa moratoria regirá mientras diseña una nueva norma para el sector que sustituirá al Plan Especial de Hospedaje (PEH) que ideó su predecesora, Manuela Carmena. Almeida también dijo que aumentan las multas y los inspectores. Es un giro que venía anticipando desde octubre, cuando adelantó que cambiaría el PEH. El escepticismo se debe principalmente a que los vecinos sienten que Almeida suele priorizar el interés de los negocios. El alcalde ha gobernado la ciudad durante cinco años de expansión frenética de las VUT ilegales. Se estima que operan 25.543 VUT en Madrid, de las cuales la inmensa mayoría (entre un 93% y un 99%) serían ilegales por no respetar el requisito de tener una entrada independiente desde la calle. Sin embargo, el año pasado el Ayuntamiento solo puso 86 multas a este sector, según la memoria anual de la Agencia de Actividades. Ese mismo informe indica que esa oficina municipal recibió 686 denuncias contra VUT.

“Milongas”

“Es una tomadura de pelo, un brindis al sol”, responde Rey. “Almeida dice que a partir de ahora suspende licencias, pero antes tampoco podía darlas, salvo en caso de bajos con acceso a la calle. Este señor nos cuenta muchas milongas. Desde hace tiempo tiene la norma y los inspectores, pero no ha querido hacer nada”.

Los voluntarios que atienden en la oficina vecinal son ellos mismos afectados por las VUT. Los solicitantes de ayuda llegan sin mucha idea de cómo proceder. “Es un lío”, dice Gema A., una voluntaria de 53 años que trabaja como profesora de lengua. (También pide ocultar su identidad “porque los caseros son fondos de inversión muy poderosos que hostigan a los denunciantes con denuncias por acoso”). Gema A. cuenta que el caso típico es el de un vecino desesperado. “Vienen hartos de sufrir molestias. Lo que nos ha pasado a todos. Vienen a por información. No saben cómo comprobar si el piso turístico es ilegal ni cómo denunciarlo”.

El primer paso, previo a la denuncia, es una solicitud a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Turismo, que debería proporcionar el número de registro de esa VUT. De ahí viene mucha confusión porque la presencia en el registro no supone que la VUT sea legal, cuenta Gema A. Los caseros suelen presentar una declaración responsable y la Comunidad los inscribe, aunque a todas luces sea un piso ilegal porque se ubica en una planta segunda o tercera de un bloque de vecinos, algo contrario al PEH. Eso da una apariencia de legalidad que confunde a la ciudadanía. Lo relevante es que los caseros hayan obtenido dos licencias municipales, de actividad y de funcionamiento (solo 277 VUT tienen las dos).

Una vez recibido ese número del registro autonómico, los voluntarios proporcionan dos formularios de denuncia, uno va a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento y otro a la Dirección General de Turismo de la Comunidad.

La oficina ha recibido por teléfono llamadas de toda España. “Nos llaman de Barcelona, Málaga... desesperados”, cuenta otra voluntaria, Merche Sayalero, psicóloga jubilada de 74 años. “Esto ha reventado en Canarias (por la manifestación del pasado fin de semana), pero esto va a explotar por todo el país. Es que se mueve mucho dinero fácil y descontrolado”.

Sayalero dice que van registrando por escrito todos los casos que les llegan y hacen un seguimiento. El problema es que Ayuntamiento y Comunidad “dejan caer” muchas de esas denuncias, explica. Incluso cuando consiguen algunos avances, añade, al final todo cae en saco roto. “Hay pisos turísticos con órdenes de cese y clausura que nunca se ejecutan. Y algunas acaban en multa”.

Y al mencionar esa última palabra tres compañeras se quedan mirando tratando de hacer memoria. “Hubo una vez uno que consiguió una multa. Pero ya está”, añade otra voluntaria. “Normalmente el resultado es que no pasa nada”.

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