Sensatez federal o choque de trenes

La legislatura del Parlament de Catalunya ha acabado dos años antes de lo previsto con la votación ampliamente mayoritaria (de 84 votos sobre 135) de la siguiente resolución: “El Parlament constata la necesidad de que el pueblo de Catalunya pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo, e insta al Govern a hacer una consulta prioritariamente durante la próxima legislatura”. Poco antes se produjo la negativa del presidente Mariano Rajoy de entrar siquiera a negociar la propuesta de concierto económico planteada por el president Artur Mas con el aval de una mayoría igualmente amplia del Parlament. Todo ello precedido por una masiva manifestación celebrada con motivo de la Diada Nacional de Catalunya bajo el lema Catalunya, nou estat d'Europa.

Hace ya mucho tiempo los presidentes Pasqual Maragall y José Montilla alertaron, sin obtener respuesta alguna, de un desafecto creciente de Catalunya hacia España, y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya por más de 2/3 de sus miembros, negociado en el Congreso de los Diputados, aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, fue recibida por muchos como la confirmación de que las ansias de autogobierno de buena parte de los catalanes no cabían ya en la Constitución.

A ello hay que añadir la sensación de injusticia sobre las inversiones públicas del Estado en Catalunya, la acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos Gobiernos de España del modelo de financiación acordado a partir de lo dispuesto en el nuevo Estatuto, la falta de sensibilidad sobre la realidad pluricultural y pluringüística de España, y la ofensiva recentralizadora del gobierno del PP que ha afectado muy recientemente a aspectos tan sensibles como la educación.

La nueva financiación acordada en 2009, que pretendía atajar el creciente malestar fiscal catalán, ha sido incapaz de garantizar el principio de ordinalidad, puesto que Catalunya sigue perdiendo posiciones en la clasificación de las autonomías en función de sus respectivos ingresos disponibles per cápita una vez aplicados los mecanismos de solidaridad y nivelación. Además, la percepción de un exagerado déficit fiscal se ha visto agravada con motivo de la crisis económica.

Todo ello configura un escenario en el que resulta muy fácil afirmar que “España no nos quiere” o que “ni siquiera se nos respeta como catalanes”. Y como en materia de sentimientos todo es muy discutible, baste con decir que para muchos catalanes el Estado español ha dejado de defender y representar sus intereses, cuando no lo consideran como directamente hostil.

Así se explica el incremento del número de personas que optaría por la independencia y el cambio radical de perspectiva política del nacionalismo conservador gobernante que, hasta hace bien poco, no cuestionaba el marco estatal español, y ahora abraza sin reservas el derecho de autodeterminación y la construcción de un “Estado propio”.

Personalmente, estoy convencido de que la independencia no es la solución, pero también de que así no podemos seguir y que sólo una propuesta federal ambiciosa y sensata, coherente con el marco de soberanías compartidas de la Unión Europea y las interdependencias crecientes de la economía global, puede evitar el choque de trenes.

Creo que España debe convertirse en un Estado federal que reconozca su realidad plural y diversa, a través de una reforma de la Constitución acordada con generosidad, inteligencia y valentía, para conseguir que Catalunya se sienta cómoda en él, tan cómoda como el Estado Libre de Baviera se encuentra en la República Federal de Alemania, combinando técnicas federales que se ajusten a la asimetría ya presente en el Estado de las Autonomías, con técnicas bilaterales que den solución a problemas concretos.

La reforma constitucional debe ampliar el autogobierno de Catalunya, asumir un pacto fiscal como el propuesto por el PSC (que no es un concierto económico) y asegurar el respeto a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística del Estado, rechazando de plano propuestas unilaterales que vulneren la legalidad, pero combatiendo también todo inmovilismo que sólo conduce a la ruptura. Lógicamente, dicha reforma deberá ser finalmente refrendada por la ciudadanía.

En el marco de esa negociación debe contemplarse también la regulación de un eventual referéndum sobre la independencia, hoy día imposible en el marco legal español. En este terreno debemos excluir tanto las iniciativas unilaterales como las que lisa y llanamente vulneren la legalidad, pero también debemos combatir la negativa a proporcionar un cauce democrático para que, en determinados supuestos y condiciones, pueda expresarse la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya al respecto. El marco de la “Ley de claridad” canadiense puede proporcionar pistas sobre cómo hacerlo. También así se demostrará que esto del federalismo va por fin en serio.

Miquel Iceta es diputado socialista en el Parlament de Catalunya y Presidente de la Fundació Rafael Campalans.