¿El ‘Levante infeliz’, un problema para el Estado?

La panacea del Levante feliz se derrumba, quizás no haya existido nunca, al menos desde que yo estudio los datos oficiales y hace décadas que los miro. De su observación extraigo dos conclusiones: que el despliegue de los servicios públicos en el territorio valenciano era y sigue siendo mucho más precario que en el conjunto del territorio español y que el Estado ha sido incapaz de ofrecer a los ciudadanos de las diferentes regiones, recursos equitativos para que accedan a unos servicios mínimos de ciudadanía equiparables. Objetivamente, en España algunos somos ciudadanos de segunda.

Tras más 30 años de estado democrático y autonómico, los valencianos seguimos padeciendo un sector público raquítico (el peso del gasto público por habitante: estatal, autonómico y local de la Comunidad Valenciana es un 15% inferior al de España). Siempre fue así, nada debíamos necesitar siendo el Levante feliz, así sigue siéndolo y va a peor.

Y estamos completamente de acuerdo en que para intentar corregir este bajo nivel de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, no es razonable —ni posible— mantener sistemáticamente unas cuentas públicas autonómicas con elevados déficits. El error no está en el objetivo de acercar el déficit a cero, sino en el origen de un sistema de financiación autonómico que ha sido incapaz de corregir, tras 25 años, una financiación lesiva para las condiciones de ciudadanía de unos españoles que cumplen con sus obligaciones fiscales mejor que la media y que tienen un 12% menos de renta per cápita. No hay otra región o nacionalidad en España, donde se dé esta sorprendente paradoja.

Sin atisbo de delirios independentistas, es legítimo preguntarse como ciudadano: ¿para qué sirve un Estado que mantiene este orden de cosas? Sin embargo, vuelven las tentaciones recentralizadoras y la demonización de las Administraciones Autonómicas, cuyo comportamiento ha sido, en su conjunto y en este periodo de crisis, mucho más eficaz —como veremos— que el de la Administración Central, sobre todo si consideramos que además prestan esencialmente servicios básicos del Estado del bienestar, cuyo nivel de gasto es muy rígido porque está en función del número de personas que deben atender.

Es cierto que hay ejemplos demoledores, mucho y justificado ruido con centenares de millones de euros de inversión en aeropuertos y auditorios autonómicos vacíos, etcétera, pero también lo es que hay demasiado poco escándalo sobre inversiones estatales milmillonarias de tramos de AVE, que transportan decenas de viajeros a la semana, y otros muchos etcéteras.

¿Dónde está la eficiencia fiscal de la Administración Central? Su gasto ha sido el origen del 79,9% del incremento del endeudamiento público (déficit público acumulado) entre 2008 y 2011, cuando su tamaño representa menos del 35% del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Y, por si acaso, aclaro, que el gasto por “estabilizadores automáticos” derivados de la crisis (paro, prestaciones, etcétera) explica menos del 60% de este incremento. En el citado periodo de crisis, las comunidades autónomas han generado el 19,9% del incremento del endeudamiento público, cuando su tamaño es el 52% de total del gasto del total de las administraciones públicas. ¿En qué datos está basada la brutal campaña política y mediática de culpabilización y descrédito de las comunidades autónomas? ¿A qué intereses responde? No es razonable que la Administración Central que gestiona un tercio del gasto público total se atribuya un objetivo del 4,5% del PIB, y le imponga a las comunidades autónomas un objetivo del 1,5% del PIB, cuando estas gestionan más de la mitad del gasto público total.

Además, el comportamiento del Estado se revela ineficaz en su doble papel de reequilibrador territorial de renta y riqueza, y de garante de la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales. Como se observa en el gráfico, la actuación del Estado corrige muy insuficientemente el reequilibrio de la cuenta de renta de los hogares españoles. Es una situación dura e injusta, para los valencianos especialmente, y que cuestiona si de verdad el Estado nos ampara y nos garantiza al conjunto de los españoles un trato equitativo entre ciudadanos y entre territorios. Es una realidad que la estructura centralista mantuvo oculta mucho tiempo, y que desde que existen autonomías y estadísticas, diferentes estudios e investigaciones le están poniendo cara hace años.

Los ciudadanos de los territorios forales, resultan ser —acabáramos— los verdaderos españoles de primera. Si la “anomalía” foral no existiera, o estuviera rigurosamente aplicada, no existiría tan claro fundamento para la irritación de los catalanes, que con su propuesta del pacto fiscal pretenden replicar la anomalía y arreglar lo “suyo”, desentendiéndose de lo de “todos”. No es que ellos no estén en la recta de equilibrio, donde les toca, si no que se preguntan: ¿Por qué no ser como los vascos, navarros, cántabros, castellanos o asturianos?, es una pregunta lógica y legítima, que también deberíamos hacernos —con más motivos— los valencianos.

Un panorama muy preocupante, datos que invitan a la reflexión y que exigen un cambio profundo de las pautas de actuación de todos los mecanismos de actuación del Estado que inciden en este comportamiento: sistema tributario, políticas de gasto estatal, financiación autonómica y financiación local. Y es posible que resolver este problema nos conduzca a la necesidad llevar hasta el final la lógica del Estado autonómico, una opción cuasi-federal que ha evidenciado problemas y que necesita conjugar la equidad para los ciudadanos, el rediseño de los equilibrios territoriales y la racionalidad fiscal del Estado. Y hay en el mundo ejemplos no menores de sistemas descentralizados/federales que funcionan: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia. ¿A qué viene rasgarse las vestiduras, y negarse a mejorar lo que evidentemente no funciona y poner como única alternativa volver al penoso pasado centralista?

Y para los que se pregunten ¿es precisamente ahora, en plena crisis, el momento de plantear y empezar a corregir esta situación?, la respuesta es un sí rotundo. Los valencianos, hemos capeado demasiadas veces el rigor de las crisis sólo con nuestras propias fuerzas. Y efectivamente, ahora que la crisis fiscal arrecia, es imprescindible que los esfuerzos y los apoyos sean equitativos, equilibrados y justos. Es necesario que no salgamos de ella, con más desigualdades de las que entramos y que nuestras empresas, e instituciones tenga la oportunidad de ofrecer empleo y servicios fundamentales, con el mismo nivel que en el resto de España ¿porqué habría de ser de otro modo?

Y volviendo al principio, ¿seremos los valencianos alguna vez un problema para el Estado? o como hasta ahora seguiremos ocultos tras el maldito y falso tópico del Levante feliz y seremos invisibles para él y, lo que es peor, para nuestros representantes en él.

José Antonio Pérez García es economista y experto en financiación autonómica.