El Superior vasco impide a Celsa despedir a 358 trabajadores

El conflicto de Celsa Atlantic (la antigua Laminaciones Arregui) parece no tener fin. Pero esta vez la Justicia ha dado la razón a los empleados. La magistrada de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia vasco, Garbiñe Biurrun, considera una “represalia empresarial” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que había presentado la empresa para la totalidad de su plantilla en Álava, que afectaba a 358 trabajadores.

El Superior, en una sentencia que se conoció esta mañana, ha dado la razón a ELA, —que recurrió la decisión de la empresa— considerar nulo el ERE por estimar que vulnera “los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”. Ambas partes disponen ahora de cinco días para presentar un recurso de casación.

CELSA Group cerró el ejercicio 2010 con una cifra de negocio consolidada de 3.962 millones de euros, lo que supuso un incremento un 14% superior respecto al anterior ejercicio y en 2011 con un incremento de la cifra de negocio del 21%, hasta 4.806 millones de euros. La empresa alegaba para los despidos razones productivas como el descenso de pedidos, ventas y facturación, así como económicas con un resultado neto de explotación negativo en el ejercicio 2011 y unas pérdidas acumuladas de 79 millones de euros. Sin embargo, una gran parte de ese resultado era atribuible al coste derivado de la supresión de medio millar de empleos en las diferentes filiales del grupo, así como del incremento de gastos financieros.

Sin convenio desde 2009, los trabajadores iniciaron las primeras movilizaciones a principios de año y se negaron a firmar un nuevo convenio hasta 2017, que proponía la empresa y que incorporaba el despido de 91 trabajadores, reducir los salarios un 30% y aumentar la jornada laboral en 104 horas. Unos presupuestos que luego fueron rebajados por parte de la empresa, pero que no supusieron la firma de ningún acuerdo. El ocho de mayo iniciaron una huelga indefinida.

La juez da la razón a ELA y cita que el ERE vulnera el derecho de huelga

En la sentencia, el TSJPV concluye que en la extinción de contratos de los dos centros de trabajo se aprecia “directa e inmediata conexión entre el ejercicio del derecho de huelga por la plantilla de los centros de trabajo” de Álava y la decisión empresarial impugnada. La empresa Celsa Atlantic ha tramitado a lo largo de su historia hasta cinco Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los tres primeros de suspensión de contratos y el último de extinción de la totalidad de los contratos, con el consiguiente cierre de las plantas de Vitoria y Urbina.

El TSJPV considera que la empresa no ha aportado justificación razonable y objetiva “para la extinción colectiva de los 358 contratos”.