Crece el rechazo a Culturarts
La falta de cualquier consenso concita la desafección de distintos colectivos respecto al nuevo consorcio cultural de la Generalitat
Bastó que se filtrara el borrador del decreto ley de "reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat", para que se multiplicaran, en público y en privado, las voces en contra de la forma y el fondo adoptados en la creación de Culturarts. El decreto, que se preveía fuera aprobado este viernes por el Consell pero finalmente se aplazó quince días, contemplaba la creación de un consorcio cultural que supone la extinción la Fundación Palau de les Arts, el Proyecto Cultural Castellón S.A. y la Fundación La Luz de las Imágenes. Se suprimen, asímismo, tres institutos: el de Cinematografía Muñoz Suay (IVAC), más conocido como la Filmoteca; el de la Música (IVM), y el de el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El IVAM, que en principio parecía destinado a formar parte del holding, mantiene su identidad como entidad de Derecho Público.
Teatres de la Generalitat, que nació en su día como parte del Institut Valenciá d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música,al igual que el IVAC y el IVM, se convierte por arte de magia jurídica en Culturarts, es decir, la nueva entidad de derecho público que aglutina a todos los demás organismos. En algunos de éstos, en los que es palpable el descontento tanto por la pérdida de autonomía como de puestos de trabajo, se entiende que esta decisión premia a la directora de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro, a pesar de que la entidad que preside arrastra un serio déficit presupuestario. "Tanto el presumiblemente responsable de Culturarts, Ernesto Moreno", actualmente gerente de Teatres, como su "actual directora, Inmaculada Gil Lázaro, deberían dimitir de sus cargos para que el Gobierno valenciano pueda pactar con el sector unos responsables capaces, con credibilidad y criterio y que, al tiempo, generen confianza y empatía en estos difíciles momentos".
Era esta la demanda expresada por la Plataforma Valenciana x La Cultura y el Observatori Valencià d'Arts Escèniques, en un comunicado que anuncia una marcha silenciosa el 10 de octubre para exigir "la revocación del cierre del Teatro Talia y un cambio de responsables y de rumbo en la gestión de la política cultural valenciana". “De persistir en su empeño y en sus formas, un holding como Culturarts, con el ostracismo y la actual carencia de diálogo con los profesionales culturales, sólo servirá de sepulturero cultural”, vaticinaba la joven Plataforma, que prosigue sumando adhesiones día a día.
Los trabajadores del Palau de les Arts Reina Sofía, por su parte, tienen previsto convocar paros durante la temporada de ópera si no se modifica en parte el borrador del decreto ley en cuestión, al considerar que supondrá "la muerte artística" del centro y una "situación de indefensión" para la actual plantilla. Este mismo viernes convocaron una concentración para rechazar el proyecto de holding cultural. Rechazan que se saque a oposición libre las plazas de los trabajadores de la Fundación del Palau de les Arts, todos ellos contratados mediante un proceso de selección, no por oposición, sin que se tenga en cuenta su experiencia en el teatro operístico valenciano. El decreto sólo prevé la integración de los funcionarios, fijos o interinos, y el personal laboral fijo de estos entes, bien en Culturarts, bien en el departamento de la Administración Autonómica que asuma determinadas funciones, como la concesión de ayudas o subvenciones.
De ahí la inquietud que manifestaba también ayer el comité de empresa de la Fundación La Luz de las Imágenes por el futuro de los 35 empleados de la entidad, ante la próxima aprobación del decreto-ley que la extingue, ya que el personal de esta fundación, muchos de ellos con más de diez años de antigüedad, "nunca ha tenido la posibilidad de integrarse como personal funcionario a través de un concurso-oposición".
En otras de las entidades que pasarán a formar parte de Culturarts es palpable el temor no sólo a que tarde o temprano puedan despedirse empleados laborales fijos, sino también que se desnaturalicen los distintos proyectos emprendidos o que, como en el caso del IVAC, la Comunitat Valenciana sea la única autonomía entre las de mayor peso específico poblacional y económico que se quede sin Filmoteca.
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