La ladronera al banquillo

Son gente rara, o al menos tan rara como quienes acuden con gusto a la clínica, por más hábiles y sedosas que sean las manos del dentista. Nos referimos a los miembros de la nutrida ladronera popular valenciana que celebran con euforia ser citados por el juez en condición de imputados. El exconsejero Rafael Blasco y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han declarado estos días contentos y reconfortados por acudir a esta cita que —dicen ellos— les brinda la posibilidad de sacudirse las graves acusaciones y sospechas que, tal como aseguran, les acosan sin fundamento, por más evidentes y demoledores que sean los indicios que les inculpan. Nadie les puede negar la presunción de inocencia que les protege, no obstante la endeblez de este principio cuando se trata de políticos valencianos del PP, que con tanta temeridad desafían el Código Penal. En realidad, por lo que les concierne, más pertinente sería invocar la presunción de culpabilidad.

Pero, tal como tienen pronosticado los observadores de la vida pública valenciana, éste va a ser un otoño político caliente debido a las comparecencias y desfile por el banquillo de altos del Gobierno autonómico implicados en los numerosos escándalos que ilustran la trayectoria de este partido desde que gobierna la Comunidad. En gracia a la brevedad y por ser sobradamente conocidos obviamos la nómina de casos y personajes que los próximos días serán noticia ampliada en las páginas de tribunales, tanto domésticas como nacionales. A la postre, estos episodios de prevaricación, saqueo y otros desmanes punibles han condensado durante años el interés mediático y la curiosidad ajena por los asuntos valencianos, al tiempo que han moldeado la imagen mortificante que probablemente nos merecemos.

Esta eclosión judicial, además, va a potenciarse por la atonía política y financiera del Gobierno que preside Alberto Fabra. Huero de iniciativas y de recursos materiales, no tiene otra alternativa que persistir en esta simulación de gobernanza, mientras asiste impotente —y a menudo cómplice— a la degradación de los servicios públicos y la implacable escalada del desempleo que los valencianos padecemos. Hoy por hoy este Consell es perfectamente prescindible, lo que acaso también puede ser una bendición a la vista de lo que ha sido su propensión al despilfarro y al socavamiento de la democracia. No le queda por ahora —decimos del Gobierno y del PP— más remedio que aguantar mansamente el cilicio de las imputaciones, procesamientos y muy previsibles condenas que aguardan a la nutrida cohorte de empapelados que ampara.

Este panorama, en sintonía con la crisis galopante y sin perspectiva de enmienda que nos aflige, preludia un cambio que ya se percibe en la relación de las fuerzas políticas en el marco del País Valenciano. Desde el mismo seno del PP se admite lo que es una obviedad: el desgaste y descrédito del partido a pesar de las complicidades y confiscaciones mediáticas —véase la muy escandalosa de RTVV— con que se pertrecha en contraste con la izquierda, tan desarmada. Pero aun así, el goteo de sentencias condenatorias, la banalidad del discurso pepero y el progresivo descalabro económico y social están ahormando la imparable opción progresista en el gobierno de la Generalitat. Eso o más cicuta.