Los Ayuntamientos piden sus papeles

El 14 de abril de 1931 los dirigentes municipales de Moià, la localidad del Bages donde nació el mítico Rafael Casanova, celebraron una sesión solemne tras la cual estamparon sus firmas en un documento e izaron por primera vez la bandera tricolor. El documento que recoge este momento histórico no puede ser consultado por los moianeses. Está a 840 kilómetros de distancia, depositado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, desde que fue requisado por las tropas nacionales y llevado como botín de guerra.

Es el único documento de esta localidad identificado en los fondos de este centro, pero forma parte de un lote de siete cajas que contiene documentación de otras nueve localidades catalanas. Alcaldes y responsables municipales de Barcelona, Igualada, Reus, Sant Joan les Fonts, Sort, Tarragona, Valls y Vic, junto con el de Moià, reclamaron este jueves en Barcelona que el Ministerio de Cultura se la devuelva.

La Comisión de la Dignidad, la entidad cívica que ha defendido el retorno de los papeles expoliados, ha respaldado la unión de estas localidades para presionar con fuerza y conseguir el retorno de este lote de documentos. Según explicó ayer su portavoz, Josep Cruanyes, “no es cierto que en la ley de 2005 de restitución no esté previsto el retorno de los documentos de los archivos municipales, ya que la ley reconoce que la Generalitat está formada por todas las instituciones catalanas”. Algo que han negado todos los ministros que han ocupado la cartera de Madrid, alegando que los Ayuntamientos, a diferencia de la Generalitat, no se disolvieron, por lo que su derecho a reclamar ha prescrito porque hasta ahora no lo han usado.

Cruanyes defiende que “el ministerio ha de devolver estos documentos municipales como devolvió los papeles el 29 de julio de 2010 a los familiares de las personas a las que se les habían arrebatado hace décadas”. En caso contrario, ha amenazado, la comisión adoptará medidas “políticas y jurídicas” para conseguir este fin, entre las que se incluye acudir a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y al Consejo Internacional de Archivos para denunciar la situación.

Según Cruanyes, la documentación retenida tiene carácter sobre todo administrativo, muy relacionado con el funcionamiento de las localidades y la vida diaria. Se trata de documentos sobre la construcción de refugios y de la red de alcantarillado. Según enumeró, en las cajas se han contabilizado 2.100 documentos de Tarragona, 1.100 de Barcelona, 900 de Reus, 200 de Sort, 150 de Igualada y 30 de Valls, y el resto es “documentación más pequeña”. Los legajos, explicó, han sido localizados en las labores de clasificación del grueso de los papeles que han ido retornando desde el año 2006 y que han acabado depositados en el Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat, o en manos de sus propietarios o sus herederos.

El teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jaume Ciurana, que hizo de anfitrión de sus colegas, puso el peso “político y social” de la capital catalana al servicio del resto de los Ayuntamientos y refrendó el deseo de seguir reclamando hasta que todos los papeles sean devueltos.

Cruanyes denunció durante el acto que permanecen retenidas en Salamanca 255 cajas con 85.000 documentos, publicaciones periódicas y objetos como banderas, que dejó listas para enviar a Cataluña la anterior ministra Ángeles González Sinde. “Por lo que el Ministerio incumple la ley de retorno", dijo. Según el texto legal, los documentos se han de devolver a los tres meses desde que la comisión mixta Estado-Generalitat los valida y los digitaliza, algo que ocurrió en diciembre de 2011, por lo que los tres meses ya han expirado de largo.

En abril pasado, durante un encuentro entre el consejero de Cultura Ferran Mascarell y el ministro de Cultura José Ignacio Wert, este último se comprometió a que esta documentación estaría de vuelta antes de finales de junio, algo que al final no ha ocurrido.

Por último, Cruanyes lamentó la “actitud obstructiva y contraria a la transparencia” de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, a quien ha instado a abrir el archivo del antiguo Gobierno Civil de Barcelona. Serviría para poder comprobar que en estas dependencias no existen más documentos como los que localizó por casualidad en el año 2008 un historiador que estaba realizando un trabajo de investigación. En julio de 2010, el entonces delegado del Gobierno, Joan Rangel, devolvió los 43 libros hallados, de 10 municipios. No los habían destruido los rojos ni habían viajado a Salamanca: llevaban 70 años en unos sótanos de Barcelona sin que nadie lo supiera.