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El Consell fracasa en su intento de privatizar toda la gestión sanitaria

Rosado solo consigue externalizar la logística por provincias y contratar asesorías

El consejero Luis Rosado y el vicepresidente José Ciscar, tras el pleno del Consell.
El consejero Luis Rosado y el vicepresidente José Ciscar, tras el pleno del Consell.

Se buscaba el parto de un león y, al final, salió un ratón. El Consell anunció este viernes que renuncia a su pretensión de privatizar toda la gestión sanitaria pública no asistencial, que implicaba dejar en manos de una empresa privada todo el funcionamiento del sistema excepto al personal médico y la titularidad y el mantenimiento de los edificios.

A cambio, la Consejería de Sanidad contratará consultoras para que busquen qué ahorros adicionales pueden realizar los gerentes públicos de los hospitales y áreas de salud en colaboración con los médicos; sacará a concurso la logística de suministros —almacenamiento, transporte y suministro del material necesario, por provincias— y revisará y unificará los contratos de prestación de servicios —telefonía, limpieza, transporte sanitario, etcétera— para lograr economías de escala y reducir la factura actual.

El cambio radical de modelo se explica, fundamentalmente por tres razones. Primero, las empresas potencialmente interesadas en la privatización integral de la sanidad no asistencial exigían que el concurso incluyese también la gestión del personal sanitario para que les cuadrasen las cifras. Segundo, las posibles concesionarias se negaban a pagar por adelantado a la Generalitat el canon de dos anualidades (360 millones de euros) con cargo a beneficios futuros. Especialmente, en un momento de dificultad para obtener créditos en los mercados financieros. Y, tercero, el modelo inicialmente planteaba demasiadas lagunas jurídicas y legales que amenazaban con años de pleitos.

El Consell compensa la pérdida del canon sanitario con la paga extra del personal

¿Qué queda del anuncio de privatización de toda la sanidad no asistencial?, se le preguntó al consejero de Sanidad, Luis Rosado. “Queda el motivo por el que se inició, la mejora del modelo de gestión”, sentenció Rosado.

La privatización integral de toda la gestión sanitaria se anunció a finales del pasado mes de abril. Con esta iniciativa, el Consell pretendía recaudar 180 millones de euros anuales en concepto de canon —que abonarían las concesionarias durante más de una década— y, además, se ahorrarían 263 millones de euros anuales por la supuesta eficiencia de los gestores privados.

En total, entre los ingresos del canon y la reducción de los gastos de funcionamiento, el Consell pretendía obtener un ahorro de 443 millones de euros con la propuesta, ahora descartada, de privatizar toda la gestión no asistencial.

Con el nuevo modelo, el ahorro estimado será de 174, 5 millones al año, de media, durante la próxima década, según la estimación de la Consejería de Sanidad. La pérdida de ingresos y el mayor gasto se compensarán, mayoritariamente, con la retirada de la paga extra de Navidad a todo el personal que cobre de la Administración valenciana (una partida que supera los 200 millones de euros) y el copago farmacéutico que ha frenado la factura y aumentado los ingresos. Estos cambios tendrán que reflejarse en la revisión del plan de estabilidad que el Consell presentó al Ministerio de Hacienda para acceder al plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico.

Sanidad prevé ahorrar con ayuda de los médicos 106 millones

Ahora en vez de sacar a concesión la gestión no asistencial del sistema, la Consejería de Sanidad sacará a concurso siete contratos de asesoramiento, uno por cada demarcación en las que se han agrupado los distintos hospitales, centros de salud, sedes administrativas y centros de transfusiones. Ninguna empresa podrá quedarse más de tres contratos, que serán de dos años de duración. Los adjudicatarios cobrarán una cantidad por el asesoramiento más un porcentaje en función de los ahorros obtenidos. Si el personal sanitario colabora en la consecución de los objetivos de ahorro recibirá un incentivo. Los contratos serán de dos años, prorrogables otros dos, lejos de los diez más cinco que se previeron en la idea inicial.

Las consultoras no tendrán capacidad de decisión sobre los responsables de los hospitales y centros sanitarios y la consejería mantendrá íntegra la estructura de la Agencia Valenciana de Salud. Gracias a las asesorías y a la colaboración del personal médico —que tendrá incentivos por cumplimiento de objetivos, actividades que generen mayor eficiencia, actividades fuera de la jornada establecida y productividad específica—, la Consejería de Sanidad espera obtener un ahorro de 106 millones de euros anuales.

Los cambios en logística y servicios se cifran en 28 millones menos

Paralelamente, el Consell sacará a concurso la logística —almacenamiento de materiales sanitarios, medicamentos y otros aprovisionamientos—. Un contrato por cada provincia por un periodo de seis años, prorrogable otros cuatro. Las empresas que se encarguen de la logística de algunos centros, como el hospital La Fe, que tiene una contrata comprometida hasta el 2018, tendrán que acoplarse con el nuevo responsable de almacenaje y transporte para toda la provincia. El ahorro estimado con estos contratos es de 14,5 millones el primer año, en el que se prevé una reducción de precios, y 105 para los próximos diez años.

Los contratos de servicios generales (lavandería, teléfono, mantenimiento, seguridad, restauración) se agruparán a medida que lleguen a su vencimiento. Se sacarán a concurso, como en el caso del asesoramiento, siete lotes que coinciden con las agrupaciones de instalaciones que ha hecho la Consejería de Sanidad. El ahorro que se pretende lograr es de 13,5 millones de euros al año.

Por último, los contratos de asistencia externalizada —ambulancias, oxigenoterapia, hemodiálisis, resonancias, etc.— se renegociarán a la baja. Por este concepto, Sanidad espera ahorrar 44,5 millones de euros al año. En total, Rosado confía ahorrar 178,5 millones en 2013.

De la propuesta original a la definitiva

La idea. El Consell pretendía sacar a concesión la gestión de las 18 áreas de salud pública —excluidas las seis del llamado modelo Alzira—. El concesionario, encargado de todos los servicios no sanitarios y concertados —como ambulancias, hemodiálisis y resonancias magnéticas— trabajaría codo con codo con el responsable del área sanitaria para frenar y reducir el gasto. Ahora no será así. Se contratarán consultorías para buscar mecanismos de ahorro y que los médicos se impliquen en la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El ahorro. Con la idea inicial el Consell pretendía recaudar 180 millones anuales de las concesionarias y ahorrar otros 263 en cada ejercicio con las mejoras de funcionamiento. La nueva propuesta prevé una reducción del gasto de 174 millones al año.

El horizonte temporal. La privatización integral del sistema, excepto la parte asistencial, se pensó para un periodo de diez años, prorrogables otros cinco y tenía que entrar en vigor el 2 de enero próximo. Ahora está previsto que los contratos entren en vigor en marzo del año que viene. El vínculo con las consultoras será por dos años, prorrogables otros dos; las empresas que se queden con el servicio de logística tendrán contrato por seis años, prorrogables otros cuatro. El resto de los contratos de prestación de servicios se unificarán cuando terminen o se renegociarán a la baja con topes de gasto para evitar desviaciones en el presupuesto dentro de “un proceso continuo”.

Las razones. El cambio de modelo ha venido forzado por varias causas. La exigencia de los posibles concesionarios de tener el control sobre el personal médico, a lo que el Consell se ha negado. Las dificultades y resistencias de las empresas privadas a pagar un canon tan elevado y por adelantado. Las complicaciones jurídicas de un modelo inédito en España.