Ortiz reclama 47 millones a Benidorm por 348.000 metros de parque urbano

El empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal, presentó la semana pasada la hoja de aprecio en la que solicita 47 millones de euros de indemnización por la cesión al Ayuntamiento de 348.000 metros cuadrados de suelo dotacional ubicados en El Moralet de Benidorm, propiedad de la empresa Iniciativas Comerciales de Benidorm, que comparte con Antonio Solana, otro promotor alicantino. Se trata de un suelo de pinada destinado en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de la ciudad a servicios generales y parque urbano, que debió haberse expropiado a lo largo de los cuatro primeros años de vigencia de plan, aprobado en 1990.

El PSPV planteó este mismo año, cuando gobernaba en solitario, un convenio por el que el municipio obtenía ese suelo y otros 170.000 metros de terreno forestal a cambio de 36.000 metros de techo en diferentes planes parciales todavía por desarrollar en la ciudad, entre ellos Armanello, también de Ortiz, y Murtal. El Centro Democrático Liberal (CDL), que dirige Gema Amor, puso el grito en el cielo y amenazó con llevar a la Fiscalía un acuerdo que calificó como “el mayor escándalo urbanístico de la historia de Benidorm”, lo que hizo desistir a los socialistas, entonces en minoría. Pero ahora, tras el pacto del CDL con el PSPV por el que los liberales obtuvieron la concejalía de Urbanismo, Amor se ha encontrado con esta patata caliente pocos días después de reunirse con el promotor para resolver los numerosos pleitos y problemas que el contratista acumula en la capital turística valenciana.

El edil de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, reconoció que prefirieren “llegar a un acuerdo con Ortiz para pagar en aprovechamiento urbanístico y no en metálico”, pero recalcó que, si no, acudirán  “al Jurado Provincial de Expropiación para que fije el precio del suelo”.

Ortiz valora los 348.000 metros de Iniciativas Comerciales de Benidorm a 135 euros el metro cuadrado, pero otra de las empresas propietarias en el sector, Gesfesa, tiene a la venta terreno con la misma calificación a 72 euros el metro. Esta firma reclamó al Consistorio que justificara la propiedad de unos 100.000 metros que se adjudica el promotor alicantino y que, según Gesfesa, fueron objeto de cesión de sus anteriores propietarios a la ciudad, la mayoría a través de una aprobación plenaria y el resto tras la firma de un convenio urbanístico.

Ivorra no descarta acudir a la vía judicial para resolver el conflicto, que lleva camino, como todas los intereses de Ortiz en Benidorm, de eternizarse. De hecho, el PAI Armanello, de 300.000 metros de techo, lleva más de una década adjudicado sin que se haya movido una piedra. El primer polígono industrial de la ciudad, que también urbanizó Ortiz, está acabado y en el juzgado por sendos pleitos que el promotor mantiene con Rodamco, la firma francesa que pagó por una parcela para abrir un centro comercial, y por una investigación de la Fiscalía. Y la estación de autobuses de la ciudad está pendiente de un incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Supremo que anuló su adjudicación a Ortiz.