Cospedal compara la convocatoria a rodear hoy el Congreso con el 23-F

Las vallas que rodean desde hacen meses el Congreso amanecerán hoy reforzadas de cara a la convocatoria que llama a rodear el Parlamento y que ha provocado la movilización de 1.350 policías antidisturbios. Ayer, los diputados recibieron un correo electrónico de la Dirección de Comunicación recordándoles que lleven consigo el carné parlamentario para que se les permita acceder a la Cámara.

Delegación de Gobierno, atendiendo a la solicitud de un ciudadano, ha dado su autorización a la manifestación, pero a una distancia prudencial (hasta la plaza de Neptuno) y solo hasta las 21.30. Precisamente dicha autorización ha servido a los ocho activistas imputados por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra los altos organismos de la Nación como argumento para su defensa.

A pesar de que los manifestantes, desde la coordinadora que está organizando la convocatoria, han insistido en el carácter pacífico de la misma, Cifuentes insistió ayer en una entrevista a Punto Radio de que tiene informes policiales que apuntan las “intenciones poco pacíficas” de algunos convocantes.

Algunos activistas han propuesto como alternativa para llegar al Congreso intentar acceder al registro del mismo y presentar propuestas ante la Comisión de Peticiones de la Cámara, un derecho ciudadano. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Peticiones, Gabino Puche, dijo a Efe que tiene reservas sobre las peticiones que parezcan “parte de un montaje para colapsar el registro”.

Muchos políticos y asociaciones expresaron ayer su opinión ante esta iniciativa que tiene por objeto “iniciar un proceso constituyente”, según sus impulsores. “La última vez que yo recuerdo que se rodeara el Congreso, que se tomara el Congreso, fue por el intento del golpe de Estado”, comentó María Dolores de Cospedal en referencia al 23-F. La comparación fue rechazada por Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE: “Entonces entraron militares con pistola”. Jesús Posada, presidente del Congreso, expresó su confianza en que los diputados puedan trabajar con normalidad y recordó que el Parlamento es “inviolable” y las sesiones no pueden ser “interrumpidas ni presionadas por presiones externas”.

Las asociaciones progresistas Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y La Asociación Libre de Abogados rechazaron ayer el “intento” del Gobierno de criminalizar la propuesta.