Regreso a las trincheras por Ciudadanía

Siete días ha tardado Fecapa, la federación católica de padres de alumnos de Sevilla, en armar una respuesta contra la decisión de Andalucía de recuperar los contenidos eliminados de Educación para la Ciudadanía por el ministro José Ignacio Wert. La consejera de Educación, Mar Moreno, anunció el 12 de septiembre que su departamento rescataba las referencias a la homofobia y la igualdad de género suprimidas por el Gobierno central. Fecapa, que agrupa las APAS de unos 80 centros, colgó en su web el 19 de septiembre un "modelo de oposición a contenidos concretos". "Aquí tienes un modelo para que puedas oponerte a que tus hijos participen en actividades o clases que vulneren vuestro derecho", señala en su página esta federación, presidida por Carlos Seco, abogado que ha trabajado en los últimos años en la oposición judicial a esta materia. Según este letrado, Fecapa ha recibido "varias consultas sobre los contenidos que se desarrollan en Ciudadanía" tras el anuncio de Moreno.

El debate sobre la asignatura parecía cerrado desde 2009. El Tribunal Supremo sentenció hace tres años que no cabía la objeción a la materia y negó que el artículo 27.3 de la Constitución, donde se fija el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus convicciones, permitiera la insumisión a Ciudadanía. Pero el Supremo, como ha ocurrido en otros casos, dejó una rendija abierta para los opositores al establecer que, en ningún caso, los manuales podían caer en el adoctrinamiento.

La Junta dice que el Supremo avaló los temas suprimidos por el ministerio

Este es el argumento que emplea ahora Fecapa, cuyo presidente acusa a la consejería de caer "en un revanchismo innecesario" por rescatar lo suprimido. En el escrito que ha elaborado esa asociación, que también ha sido difundido por Odisur —la oficina de información de los obispos andaluces—, se cita la sentencia del Supremo, pero solo lo referido a la imposibilidad de adoctrinar; no se menciona que la objeción está prohibida. Lo que propone la organización que lidera Seco es que las familias detallen "los contenidos del libro de texto (material didáctico)" que consideran que vulneran su derecho a la libertad ideológica y religiosa. El escrito —que iría dirigido al centro, a la consejería y a la inspección del ministerio— concluye instando al "profesor o docente" a que asuma "la responsabilidad de invitar al alumno/a a que abandone el aula cuando los mismos vayan a ser expuestos y a no evaluarlo de los referidos contenidos".

"Es una amenaza al profesorado", cree José Blanco, responsable del sector de la enseñanza de CC OO. Blanco entiende que este tipo de iniciativas "no ayudan a la convivencia en los colegios". "Es el centro y no el profesorado el que elige el material, y el consejo escolar [donde están representados los padres] aprueba el proyecto educativo", añade.

La federación católica acusa a Educación de caer en el “revanchismo”

La consejería no cree que existan problemas con su decisión de recuperar los temas suprimidos por Wert. Lo hace gracias al margen del 35% que la vigente ley educativa da a las comunidades para añadir contenidos en las asignaturas. "Se ha trasladado letra por letra el temario anterior de la asignatura, que fue avalado por el Supremo", señala el departamento de Moreno. Seco opina que ese 35% está reservado para "contenidos identitarios de cada comunidad", no para rescatar lo eliminado por el Gobierno.

Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía (Adide), detecta en el escrito de Fecapa un importante problema de partida: "los padres no pueden objetar parcialmente a una materia". En el caso de Ciudadanía, "la asignatura es obligatoria, debe ser cursada por todo el alumnado y frente a ella no cabe el derecho a la objeción de conciencia", recuerda Ruiz. El presidente de Adide sostiene que, en todo caso y como estableció el Supremo, serían los tribunales los que tendrían que establecer si un manual, proyecto o explicación es adoctrinador.

Solo se ha conocido una sentencia en esa dirección hasta la fecha. Fue la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la misma que respaldó la objeción en un principio y la misma que fue enmendada por el Supremo en 2009, la que dictó en octubre de 2010 ese fallo contra un manual de la editorial McGraw Hill, que se ha utilizado en 13 comunidades sin que surjan problemas.

Pero el TSJA sentenció que algunos contenidos del libro eran adoctrinadores, pero era un adoctrinamiento subjetivo, ya que solo afectaba a las convicciones de los denunciantes. Dos de los cinco magistrados de esta sala emitieron un voto particular en el que acusaban a sus compañeros de cometer un "verdadero fraude procesal". Estos dos jueces —que además creían que se habían sacado de contexto reflexiones del manual— manifestaron su sorpresa ante la decisión de sus compañeros, ya que, en vez de ordenar la retirada o rectificación del libro, solo permitieron que el hijo de los denunciantes dejara de asistir a esa clase.