Nueva prueba de fuego

En el otoño de 1979 se aprobaron en las Cortes Generales, tras la negociación con la delegación de los Parlamentos respectivos, los tres proyectos de Estatutos de Autonomía de País Vasco, Cataluña y Galicia. El acuerdo fue pleno en los dos primeros casos, pero no en el tercero, ya que las Cortes rebajaron considerablemente el contenido de la autonomía gallega respecto a la vasca y catalana. De ahí que se pasara inmediatamente a la convocatoria del referéndum en el País Vasco y Cataluña, pero no en Galicia, ante el temor de que no fuera ratificado por los ciudadanos.

En 1980 entraría en juego Andalucía con la convocatoria y celebración del referéndum del 28-F, cuyo resultado permitió no sólo que Andalucía se incorporara a la autonomía por la vía del artículo 151 CE, sino que además permitió desbloquear la situación en Galicia. El proyecto de Estatuto sería modificado para equipararlo al vasco y catalán y se convocaría el referéndum de ratificación, en el que, sin embargo, participaría únicamente el 28% del cuerpo electoral. Galicia tiene la autonomía que tiene no por ella misma, sino por Andalucía. Sería conveniente que no se olvidara.

Si, como parece más que probable, Cataluña se encamina a un adelanto electoral para finales de noviembre o principios de diciembre, y dado que en octubre se van a celebrar elecciones en País Vasco y Galicia, nos podemos encontrar en una situación que guarda una cierta relación con la que se vivió en el otoño de 1979. No solamente no es descartable, sino que es altamente probable que, una vez que se conozcan los resultados de las tres elecciones autonómicas, se intente desde el Gobierno de la nación poner en marcha una reinterpretación de la Constitución similar a la que se intentó a finales de 1979, diferenciándose a esas tres comunidades autónomas respecto de todas las demás en el ejercicio del derecho a la autonomía. Ahí entraría la reducción del número de diputados, la no retribución de los parlamentarios, que ya se están anunciando, y todo lo que viniera después. En definitiva la devaluación del Parlamento como centro de legitimidad del ejercicio del derecho a la autonomía. Una vez deslegitimado el ejercicio del derecho, la reducción del contenido y alcance del derecho a la autonomía (competencias y financiación) se produciría automáticamente.

Estoy convencido de que si el PP estuviera gobernando en Andalucía esta estrategia estaría ya en marcha. Ya se estaría intentando hacer frente a las reivindicaciones nacionalistas mediante la rebaja del derecho a la autonomía de todas las demás. El resultado del 25-M impidió que la revisión del Estado autonómico se pusiera en marcha. Pero se sigue trabajando en ello. Y el adelanto electoral en las tres nacionalidades puede crear unas condiciones en las que puede volver a intentarse.

Que en lugar de intentar llegar a un acuerdo entre el Estado y todas las comunidades autónomas para diseñar una estrategia para hacer frente a la crisis y distribuir equitativamente los costes, dejando la posible reforma de la estructura del Estado para el momento en que hubiéramos dejado atrás la situación de emergencia, nos encontremos con que tenemos que hacer frente a operaciones fraudulentas como estas, resulta descorazonador. Pero en esas estamos. Y nuevamente Andalucía se encuentra en primera línea. El Estado autonómico se acabó definiendo en Andalucía con el referéndum del 28-F. Se ha detenido la revisión del mismo en Andalucía con las elecciones autonómicas del 25-M. Mucho me temo que, si los resultados electorales no lo evitan, vamos a tener que enfrentarnos a otra prueba de fuego en unos meses.