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El juez estrecha el cerco al imputado clave en el saqueo de Emarsa

Prisión sin fianza a la pareja del empresario en fuga que se llevó más de 10 millones

El vicepresidente José Ciscar, en la comparecencia pública posterior al Consell.
El vicepresidente José Ciscar, en la comparecencia pública posterior al Consell.

La voluntad de aclarar cómo se organizó y hasta dónde llegaron las complicidades en el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) entre los años 2005 y 2010 ha llevado al juez a estrechar el cerco sobre el contratista que, según la investigación, se llevó más de 10 millones de euros y está en paradero desconocido. Al mismo tiempo, en la delimitación del papel que en la creación de la trama y su método de desfalco jugaron los gestores de la sociedad pública, controlada por el PP mayoritariamente desde el Ayuntamiento de Valencia, y los de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat, que aportó la mayoría de los fondos defraudados.

El juez del caso Emarsa dictó el jueves prisión provisional sin fianza para María Águila Aladrén, la pareja de Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario en paradero desconocido acusado de saquear la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. Aladrén fue detenida el miércoles cuando acudió a declarar al juzgado de instrucción número 15 de Valencia. Tras su declaración, el juez Vicente Ríos prorrogó la detención y ayer la mandó a la cárcel.

La imputada, cuyo paradero era desconocido y cuya residencia real en España es puesta en duda por los datos de que dispone el juez, habría cooperado con Roca, de quien afirma que se separó en septiembre de 2010 y con quien tiene dos hijos pequeños, en el blanqueo del dinero logrado al defraudar más de 10 millones de euros en los costes reales del transporte y el tratamiento de lodos producidos en las instalaciones de Pinedo.

Aladrén es la primera de los 33 imputados del caso Emarsa que ingresa en prisión. Según el auto del juez, habría cometido un supuesto delito de blanqueo de capitales.

La entidad de saneamiento multiplicó el coste de los lodos

El encarcelamiento de María Aladrén obedece a que resulta "difícilmente creíble" su versión de que desde 2010 desconoce el paradero de Roca y solo se comunica con el empresario en fuga por un teléfono móvil que él le indicó que mantuviera siempre conectado. Y también es consecuencia del “riesgo de fuga” que el juez aprecia, dado que “la imputada trata de ocultar su verdadero domicilio” cuando alega vivir en Zaragoza desde que regresó de Francia, pero no puede probarlo.

Además, el instructor del caso Emarsa señala que, inmediatamente después de que dictara una orden de averiguación de paradero, Aladrén viajó a España con sus hijos, concretamente el 31 de julio pasado, desde Rumanía. El juez destaca en el auto de prisión dos aspectos: que la imputada “mintió” durante la declaración al asegurar que, desde que volvió de Francia, nunca había salido de España, y que “en los archivos policiales no aparece el viaje de ida” a Bucarest, lo que hace sospechar que, en realidad, reside en Rumanía con Roca.

La mujer, nacida en 1975 y que declaró como profesión la de “herradora de caballos”, actividad que la habría llevado a conocer a Roca en un curso de doma natural de caballos, es gerente de la empresa Lot Monopoly, a la que se desviaron grandes cantidades de dinero desde la sociedad Erwinin, una de las que Roca utilizó para supuestamente prestar el servicio de transporte y aplicación agrícola de lodos en Emarsa, aunque en realidad sirvieron para detraer fondos de la empresa pública metropolitana. Lot Monopoly, según el propio testimonio de Aladrén ante el juez, adquirió en Salviac (Francia) una treintena de apartamentos, además de la casa a la que se trasladó a vivir la pareja, para revenderlos posteriormente. Los beneficios obtenidos fueron ingresados en cuentas en Malta y Andorra. De esta manera se blanqueó el botín procedente del fraude en Emarsa.

El fraude en los costes de la aplicación de lodos es el apartado más voluminoso del saqueo de Emarsa que se investiga judicialmente. El auto de prisión provisional dictado por el juez Vicente Ríos detalla, por ejemplo, que las empresas de Roca Samper, Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonday Investments y Printergreen, entre 2005 y 2010 “fueron colocadas de manera interpuesta entre la empresa prestadora del servicio de gestión y Emarsa con la finalidad de incrementar artificiosamente —en más de 10 millones de euros, a falta de ulterior determinación— el valor de los trabajos realizados por la empresa prestadora del servicio de gestión”.

Este fraude solo fue posible porque, a partir de 2005, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que lleva la política de depuradoras de la Generalitat Valenciana, aumentó lo que pagaba por la aplicación de lodos en Emarsa de 5,9 euros por tonelada a 31, en un primer momento, y a 42 euros por tonelada después. Por ese mismo trabajo, la unión temporal de empresas que se ha hecho cargo de gestionar la depuradora de Pinedo tras la disolución de Emarsa cobra ahora 18 euros por tonelada. Esa es la razón de que en el procedimiento estén imputados el exgerente y el exjefe de explotación de la Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente. El juez intenta esclarecer la relación de estos responsables de la entidad de la Generalitat con Roca Samper y con José Luis Sena, el administrador de Notec, otra empresa implicada en el mismo método de saqueo.

En las declaraciones prestadas ante el juez, se ha señalado que Morenilla y Bernácer, supuestamente, se llevaban parte del botín obtenido, así como Esteban Cuesta, que era gerente de Emarsa, y Enrique Crespo, que fue el presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, su sociedad filial. Crespo, que era alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, por el PP, tuvo que dimitir de sus cargos a causa del escándalo, en el que están imputados diversos cargos del PP relacionados con el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios del área metropolitana.

El Consell repone un control que evitaría el caso de la depuradora

A. B., Valencia

“Ninguna resolución ha dado por probados los hechos”, advirtió ayer, como precaución, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, al ser preguntado sobre la repercusión en casos como el de Emarsa de un decreto aprobado por el Consell que refuerza el control en los pagos de la Administración autonómica de obras, suministros o servicios.

En esencia, el decreto establece que la intervención intervenga, es decir, que el cuerpo encargado del control económico interno de la Generalitat tenga que dar el visto bueno al pago establecido después de “verificar materialmente la efectiva realización de las obras, suministros o servicios financiados con fondos públicos y su adecuación al correspondiente contrato o negocio jurídico”.

“Ya existía cuando gobernaba el partido socialista”, advirtió Ciscar del mecanismo, “y se eliminó gobernando el partido socialista”. O sea, hace casi dos décadas. Se trata de que no sean los órganos de contratación, es decir, las consejerías, empresas o entidades de la Generalitat, los que den vía libre a los pagos, sino que tengan que solicitar preceptivamente “a la Intervención de la Generalitat la designación de un representante para asistir al acto de recepción”. Su inasistencia hará que no puedan entenderse por recibidas las obras o prestaciones ni exista obligación de pago para la Administración.

La medida afectará a todo contrato de obras, servicios o suministros que supere los 90.000 euros. Para los inferiores a esa cantidad se solicitará la designación a la Intervención Delegada y la presencia de su representante resultará potestativa.

El mecanismo de verificación, que incluirá “todo tipo de comprobaciones” materiales y documentales, persigue, según Ciscar, que la Administración sea “absolutamente rigurosa” en la gestión de recursos públicos en una época de dificultades como la actual.

Dado que la inflación de los costes y el pago de trabajos no realizados en el tratamiento de lodos a Emarsa por parte de la Epsar, la entidad de la Generalitat que actúa sobre las depuradoras, fue el origen de la parte más sustanciosa del saqueo de la empresa pública que gestionaba la planta de Pinedo, una medida como la que ayer acordó el Consell habría incidido en el caso. “Se haría el control por parte de la Intervención”, reconoció el vicepresidente de la Generalitat. “Eso no quiere decir que un interventor estuviera todo el día viendo cómo entran o salen los camiones”.

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