“El 25-S, día de pleno en el Congreso, no se pueden realizar manifestaciones”

Con Madrid convertido en un manifestódromo –más de 1.900 movilizaciones en los últimos siete meses-, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, afronta este sábado, en el septiembre más caliente de los últimos años, el reto más exigente tras el primer aniversario del 15-M el pasado mayo. “Garantizamos el derecho constitucionalmente reconocido a manifestarse. Nos hemos reunido con Comisiones Obreras y UGT para buscar las ubicaciones para los entre 1.000 y 1.500 autobuses que llegarán a Madrid y facilitar las vías de acceso a los ciudadanos”.

La posibilidad de que las protestas deriven en disturbios son el principal problema. “Me preocupan ciertos grupos organizados violentos que en ocasiones intentan reventar manifestaciones y movilizaciones legítimas. Afortunadamente, representan a una minoría de ciudadanos. ¿Fractura social? No creo que se haya producido, aunque la situación actual es muy complicada. Pero estoy segura de que dentro de poco empezaremos a salir de esta crisis”. Cifuentes ha negado que exista una lista negra en la que se identifica a entre 800 y 1.000 personas "violentas" en Madrid. “No existen ni listas negras ni blancas, tan solo grupos y organizaciones (sin identificar las personas que los componen) que, según los informes policiales, participan de manera habitual en todo tipo de movilización que se efectúa en Madrid”.

Sobre las polémicas generadas en ocasiones anteriores en las que algunos representantes de las fuerzas de seguridad no llevaban visible su identificación, Cifuentes ha asegurado que “van identificados y además están obligados a mostrar su identificación a cualquier ciudadano que se lo requiera”. ”En algunas manifestaciones los miembros de la UIP (Unidad Antidisturbios) llevan la identificación debajo del chaleco antitraúma para evitar que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, les sea arrancada la identificación y se haga un uso indebido de la misma”, ha añadido.

Cifuentes también ha explicado las razones por las que no se ha prohibido la concentración ultraderechista convocada por la Falange y el Nudo Patriota Español para este sábado bajo el lema “La crisis se llama democracia”. “El derecho de manifestación es un derecho constitucionalmente reconocido que no está sometido a autorización previa. Yo no puedo prohibir una manifestación, aunque como es el caso rechace absolutamente la ideas políticas de quienes la organizan. La grandeza de la democracia consiste en permitir que se manifiesten incluso aquellos que están en contra de la democracia”, ha observado. “De las más de 1.900 manifestaciones celebradas en Madrid en los últimos siete meses no se ha prohibido ninguna manifestación de ningún signo político. Tan solamente ha habido un caso en el cual, por razones de seguridad, se trasladó con el apoyo de los tribunales a otro día. Me refiero a la manifestación atea que coincidía en día, horario y trayecto con las procesiones del Jueves Santo. En el caso de la manifestación de ultraderecha que coincidía en la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Barcelona, la Delegación modificó el día pero el TSJM falló en contra de la Delegación y la manifestación se tuvo que celebrar”, ha continuado.

La marcha prevista para el martes 25 de septiembre bajo el lema “Rodea el Congreso” es “una manifestación no comunicada y por tanto no cumple los requisitos legales establecidos por la Constitución”, ha apuntado la delegada del Gobierno. “El día 25 habrá sesión del Pleno y el Código Penal prohíbe que en esas circunstancias haya manifestaciones en el entorno del Congreso de los Diputados. La Policía Nacional garantizará la seguridad ciudadana y el orden público. Nuestra legislación determina que no se puedan realizar manifestaciones, aunque sean pacíficas, mientras están reunidas las Cortes para ‘no violentar la libertad de los legisladores’. Se actuará en consecuencia”, se ha mostrado tajante. La fecha no ha sido elegida al azar, sino precisamente por el cónclave de los diputados.

La identificación masiva de inmigrantes, que algunas plataformas afirman que se siguen realizando, ha sido otro de los temas que ha tratado. Cifuentes rechaza que se produzcan. “Las identificaciones indiscriminadas de inmigrantes por motivos raciales por parte de la policía era una práctica habitual permitida por los anteriores ministros del Interior socialistas, los señores Rubalcaba y Camacho. La Dirección General de la Policía ha prohibido estas prácticas y la Jefatura de Policía de Madrid ha constatado que no se realizan detenciones masivas a ciudadanos por esta causa. Si cualquier ciudadano es objeto de estas prácticas, debería notificarlo de inmediato a la Jefatura Superior de Policía”.

Aunque considera que “el sistema penal tiene que ir dirigido a la rehabilitación del delincuente”, la delegada del Gobierno ha recordado que “no siempre se castiga a quienes delinquen”. “Habría que realizar determinadas modificaciones legislativas para evitar que delincuentes multirreincidentes o que criminales que han cometido delitos de especial gravedad (asesinos de niños, violadores, etc) estén en la calle sin haber cumplido la totalidad de sus condenas”. Respecto al anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de una cadena perpetua revisable para delitos de especial gravedad y no solo para terroristas, Cifuentes se ha mostrado “completamente de acuerdo, es una buena noticia para los españoles y una muy mala noticia para los delincuentes”.

Cifuentes también se ha centrado en la prostitución. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, plantea que se regularice y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que se persiga al proxeneta y proteja a las mujeres explotadas sexualmente, además de disuadir e incluso multar a los clientes. “No estoy de acuerdo en regular la prostitución como una profesión porque no lo es. Es una actividad degradante. Aunque algunas mujeres la ejerzan de manera voluntaria, la gran mayoría son víctimas de tratas de seres humanos. Creo que habría que aumentar las penas contra los proxenetas que las explotan sin criminalizar en ningún caso a quienes ejercen la prostitución. Dicho esto, también creo que habría que regular a nivel nacional determinadas cuestiones relacionadas con la prostitución para impedir su ejercicio en determinadas zonas, como por ejemplo colegios, jardines donde jueguen niños, etc”.

“Está siendo juzgada por graves delitos, cometidos presuntamente en el ejercicio de su cargo, y me parece muy mal que pudiera reincorporarse como jefe de la policía municipal de Coslada”, ha opinado sobre la polémica provocada por la posible readmisión del exjefe de policía de la localidad, Ginés Jiménez.