El PP propone excluir de las ayudas sociales a delincuentes condenados
"Delincuentes extranjeros expulsados de España siguen cobrando la RGI", asegura Damborenea
El PP vasco llevará a todos los Ayuntamientos en los que tiene representación y al Parlamento que resulte de las próximas elecciones autonómicas una moción para modificar las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y suspender esta ayuda a los delincuentes con sentencia firme.
El anuncio lo hizo oficial ayer el presidente del partido en Bizkaia, Antón Damborenea, quien se trasladó hasta la plaza Corazón de María, ubicada en el barrio de Bilbao La Vieja, en compañía de la juntera Nerea Llanos y la portavoz popular en el Consistorio bilbaíno, Cristina Ruiz. Lo hizo en un escenario que calificó como “una de las zonas del País Vasco más castigadas por la delincuencia y donde más ayudas sociales evidentemente hacen falta”.
Según defendió Damborenea en su acto de precampaña, “hace falta” poner freno “al actual descontrol de la Administración” en lo que se refiere a las ayudas sociales. Una situación que provoca, en su opinión, situaciones “absurdas”, como la de numerosas personas que siguen recibiendo las ayudas mientras cumplen condena, o la de inmigrantes que son expulsados y que ya en su país continúan cobrándolas.
Programa electoral
El PP propondrá la modificación de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos. Por un lado, la iniciativa popular pretende “reforzar los requisitos necesarios para acceder a las ayudas sociales” y así evitar “abusos”. Por otro, la formación solicitará que se suspendan las ayudas a “delincuentes que están entrando y saliendo de los juzgados”, y que “no las merecen”. Según anunció Damborenea, la iniciativa formará parte del programa electoral que el partido presentará a los próximos comicios autónómicos, previstos para el 21 de octubre.
El dirigente popular aseguró que las ayudas sociales ascienden ya a más de 400 millones de euros en Euskadi y recordó que su partido viene diciendo desde “hace ya muchos años” que “hay que tener un mayor control” sobre ellas. “Es absurdo que el descontrol llegue a que haya delincuentes extranjeros expulsados de España que sigan cobrando la RGI, cuando luego aquí hay que recortarla para la gente que realmente le hace falta”, criticó.
