Andalucía pide amparo para su modelo laboral de función pública

El Gobierno andaluz recurrió ayer por tercera vez en lo que va de año al Tribunal Constitucional para oponerse a la aplicación de medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno central que preside Mariano Rajoy. Primero recurrió el decreto sobre el copago farmacéutico, más tarde el que aumentaba el horario lectivo de los profesores y, ayer, el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Por este decreto ley, el Ejecutivo central amplía los horarios comerciales y el número de días festivos de apertura de establecimientos; regula las rebajas, así como los permisos de vacaciones de los empleados públicos.

En opinión del Gobierno andaluz, los artículos 27 y 28 del decreto vulneran y dejan sin contenido las competencias autonómicas de la Junta al fijar dos días más de apertura comercial en domingos y festivos (10 en lugar de las 8 fijadas por el ejecutivo regional) y ampliar de 72 a 92 horas el horario de apertura semanal de los comercios. Asimismo, el real decreto introduce medidas de liberalización en materia de rebajas que rompen el actual modelo comercial establecido en Andalucía y que, en cualquier caso, solo corresponderían adoptar al Gobierno autonómico, en opinión del Ejecutivo andaluz.

El consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafal Rodríguez, señaló ayer que el recurso de inconstitucionalidad se presenta “en defensa de los intereses de los pequeños y medianos comerciantes” y de un sector que, “de manera unánime”, firmó un documento el pasado mes de julio exigiendo a la Junta que actuara contra estas medidas. Según Rodríguez, la Junta considera este sector como un “elemento estratégico de la economía y del urbanismo comercial” de la comunidad, en la que existen 165.000 establecimientos comerciales, que ocupan a 430.000 personas, de las que 360.000 son asalariados. El sector comercial genera el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.

El consejero afirmó ayer que el real decreto del Gobierno central rompe además un consenso establecido en Andalucía en un sector en el que, a pesar de “existir intereses contrapuestos”, ningún subsector había trasladado a la Junta “la necesidad de cambiar las reglas del juego”.

En opinión de Rodríguez, el ministro Cristóbal Montoro y el PP “han roto un consenso institucional” que perjudica al pequeño comercio y que no va a aumentar el consumo sino que va a conseguir “trasladar la renta de los bolsillos de los pequeños y medianos comerciantes a las grandes multinacionales y a los grandes establecimientos comerciales”.

Rodríguez agregó que en Andalucía “el 97% de los pequeños y medianos comercios tienen liberalizados los horarios”, por cuanto pueden abrir cuando quieran todos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados.

Igualmente, el real decreto modifica en su artículo 8 el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer un modelo uniforme de vacaciones y permisos en todas las comunidades autónomas. Según la Junta, esta medida “no sólo merma derechos laborales reconocidos hasta ahora, sino que también vacía de contenido las competencias autonómicas de desarrollo legislativo”. El caso más relevante es la reducción en cuatro semanas del permiso de maternidad, que rige en la comunidad actualmente.

La Junta también advierte de la posible vulneración de la Constitución española por el uso abusivo, arbitrario e inadecuado del instrumento del Real Decreto-Ley, para el que la Constitución exige la concurrencia de motivos de “extraordinaria y urgente necesidad”.