La “cruda realidad” de los transexuales
Un estudio revela que el 48% de este colectivo ha ejercido la prostitución


El primer estudio a fondo sobre la situación social y laboral de los transexuales en España revela la “cruda realidad” que vive este colectivo, admitió ayer Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). Entre los datos más duros que revela el informe destaca que el 48,2% de los encuestados reconoce que en algún momento de su vida ha ejercido la prostitución ante la imposibilidad de trabajar en otro sector.
El estudio Transexualidad en España. Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados ha sido elaborado por tres profesores del departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga. El trabajo se ha basado en una encuesta realizada a 153 personas transexuales de toda España (110 mujeres y 43 hombres) de entre 15 y 69 años.
Según el estudio, el 33,3% de los transexuales ingresa menos de 600 euros al mes
El rechazo de parte de la sociedad hacia los transexuales está detrás, según creen los encuestados, de la precariedad laboral que sufre este colectivo. Entre los participantes en el estudio, el 35,3% está en paro y el 33,3% de los encuestados ingresa menos de 600 euros al mes. El 15%, menos de 300 euros. Además, el 55,9% aseguraba haber tenido algún tipo de conflicto en el trabajo al hacer pública su transexualidad.
La demora en comunicar a la familia o los amigos la transexualidad es también una de las realidades que muestra el informe. La edad media a la que una persona es consciente de que es transexual se sitúa en los 10,8 años, al inicio de la pubertad. Sin embargo, hasta los 18 la mayoría no se lo cuenta a nadie. “Esto indica que se sufre mucho”, señala la presidenta de ATA.
Cambrollé aprovechó la presentación del informe en la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz para instar a los grupos políticos a que aprueben cuando antes la ley integral de transexualidad, recogida en el acuerdo de PSOE e IU para esta legislatura. José Chamizo se sumó a esta petición y apuntó la necesidad de que la futura ley garantice la no discriminación hacia este colectivo y una atención sanitaria adecuada a sus necesidades.
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