Gipuzkoa duplica los casos remitidos a los juzgados por un posible delito fiscal
La Hacienda foral denuncia hasta junio 10 expedientes que suman tres millones
El Gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa presentó ayer como un éxito de su actuación en la lucha contra el fraude fiscal la remisión a los juzgados, en los seis primeros meses de este año, de 10 expedientes en los que ha apreciado “indicios fundados” de un delito fiscal. El director del fisco guipuzcoano, Xabier Olano, llamó la atención sobre la existencia de expedientes presuntamente delictivos que están vinculados a “profesionales del ámbito del derecho”, aunque no quiso dar más detalles al respecto.
Estos 10 casos suman un importe algo superior a los tres millones de euros —unos 300.000 euros de media por contribuyente—, cuando la normativa establece que a partir de los 120.000 euros de ocultación está considerado como un delito fiscal. Olano reconoció que “gustosamente” daría a conocer la identidad de estos defraudadores porque “así lo demanda la ciudadanía”, aunque evitó hacerlo porque quiso ser “respetuoso” con la ley de protección de datos y la normativa tributaria de Gipuzkoa, que impiden su difusión pública salvo que el contribuyente lo autorice expresamente.
La Hacienda guipuzcoana considera un buen resultado que en el primer semestre de este año, bajo la gestión de Bildu, se hayan trasladado a los tribunales 10 expedientes, el doble de los tramitados en el mismo periodo de 2011, cuando Hamaikabat estaba al frente de este departamento. En una comparecencia reciente en las Juntas Generales, Olano informó de que las inspecciones realizadas a lo largo de 2011 dieron con 19 casos que podrían incurrir en un delito fiscal y fueron puestos en conocimiento de los juzgados. Estos expedientes suman 36,6 millones.
Olano destaca los casos que afectan a profesionales del Derecho
En 2011, las actuaciones contra el fraude fiscal en Gipuzkoa permitieron aflorar el año pasado una deuda de 312,4 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la destapada en 2010 (317,5 millones), lo que representa ya casi la mitad del presupuesto de gestión que manejará la Diputación en el presente ejercicio (679 millones).
En lo que va de este año, el fisco guipuzcoano se ha propuesto como objetivo en el combate contra la elusión fiscal lograr un aumento del 10% o del 12%, unos índices que, según comentó Olano, se está cumpliendo incluso “por encima de lo previsto”.
En esta tarea, el responsable de la Hacienda foral aseguró que se está analizando “con el máximo rigor y detalle” a determinados colectivos y gremios profesionales cuyas declaraciones fiscales “llamaban la atención”. “Fruto del riguroso análisis de los datos, se han producido regularizaciones voluntarias incrementándose rentas hasta niveles del 500% en algunos colectivos profesionales relacionados con la sanidad, todo en colaboración con los colegios correspondientes”, manifestó Olano.
Olano comentó asimismo que “el rigor y la firmeza” en la postura que mantuvieron la Diputación y las Juntas Generales “resultaron decisivas en la defensa de los intereses” del territorio en el caso del fraude de Irún, resuelto con una condena de 11 años para José María Bravo, una multa de dos millones y la obligación de devolver 1,9 millones a la Hacienda foral.
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