La subcontratación en el sector público perjudicará al empleo femenino

¿Quiénes serán los más afectados por la reestructuración que sufrirá el sector público en los próximos años? En la Fundación Maria Aurèlia Capmany lo tienen claro. Las mujeres. La organización saca esa conclusión de que son ellas las que tienen un peso preponderante en las actividades de servicios que la Administración tiene más externalizadas. Desde la limpieza de edificios, hasta actividades asistenciales, sanitarias y educativas, pasando por la administración de oficinas. Y justo serán esas las que pasen por más ajustes cuando Estado, Generalitat o municipios quieran reducir sus gastos.

La fundación ha sacado ya sus conclusiones de la próxima aprobación del decreto que regulará los expedientes de regulación de empleo en el sector público. Y según estas serán las actividades más feminizadas las que se verán más afectadas. Perderán su contrato directo con la Administración aunque probablemente seguirán trabajando a través de empresas subcontratadas. Como dice la directora de la asociación, Aïda Ruiz, “saldrán por una puerta grande y volverán a entrar por una puerta mucho más pequeña”, realizando la misma actividad, pero con peores condiciones salariales y laborales.

De esa forma, se cerrará definitivamente la fuerza tractora que había ejercido hasta ahora la Administración para impulsar el empleo entre mujeres, tradicionalmente muy alejado de la tasa de ocupación masculina. Si en los últimos años la Administración había tenido un papel primordial hacia la convergencia laboral por sexos, ahora todo apunta a que esa tónica se ha acabado. La reducción del gasto público y la proliferación de contrataciones de empresas privadas modificará las actuales pautas.

Cataluña cuenta en estos momentos con más de 134.000 mujeres que trabajan en la Generalitat, frente a los poco más de 71.000 hombres que ocupan cargos en esta Administración pública.

La entidad teme que el “cambio de modelo” a que apunta la Administración acabe generando la réplica del modelo alemán, en el que el 70% de los servicios públicos recae en empresas privadas y solo el resto lo llevan a cabo funcionarios. Por el contrario, en España el sector privado solo controla el 40% del servicio público.