Benidorm modifica su PGOU para evitar la demolición de un edificio

Gema Amor ocupó la silla de alcaldesa un mes después de pactar con el PSPV

Vista de la playa de Benidorm en una imagen de archivo.
Vista de la playa de Benidorm en una imagen de archivo. ROSA FUSTER

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó ayer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para intentar evitar que la aplicación de una sentencia judicial firme concluya con la demolición de una parte del edificio llamado Coblanca 41, ubicado en la conocida como zona guiride la urbe. La decisión se tomó con los votos del Gobierno local —formado por una coalición del PSPV y el CDL— y la negativa del PP. Este cambio consiste en introducir la posibilidad de transferir edificabilidad entre las parcelas de una misma manzana para concentrarla en una de ellas.

La salida a información pública de esta modificación del planeamiento, que salió adelante en la sesión plenaria, todavía está por ver que tenga su traslación en la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), avalada por el Tribunal Supremo, contraria a que tales operaciones se pudieran llevar a cabo mediante estudios de detalle. De hecho, el abogado Diego Cortés recurrió el que aprobó el Consistorio en marzo de 2004 bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa a propuesta de la mercantil Coblanca Mediterráneo, SL, promotora del bloque de 112 apartamentos objeto del litigio, y tiene solicitada en el TSJ la ejecución forzosa de la sentencia y la demolición de una bandeja de locales comerciales que incluyó la promoción. Una actuación que la actual coalición de gobierno quiere evitar a toda costa.

El Ayuntamiento acordó hace ocho años el trasvase de 760 metros de techo de un solar a otro de 2.867 en la misma manzana sobre el que se construyó el edificio Coblanca 41. Los metros transferidos dieron para construir el equivalente a la superficie ocupada por los locales comerciales que, en cumplimiento de la sentencia, deberían ser demolidos.

Pero Benidorm es una ciudad acostumbrada a tolerar las infracciones urbanísticas. La bonificación hotelera por la que decenas de hoteles levantaron un 40% más de superficie nunca ha sido aprobada definitivamente. Los retranqueos sobre los que se asientan centenares de bares y comercios son ilegales. La licencia de las torres de Punta Llisera ha sido anulada también por el Supremo. Y todos los planes parciales importantes del plan general han acabado arrastrando diferentes sentencias judiciales que han sacado los colores del urbanismo conveniado que los sucesivos gobiernos locales practicaron.

Este intento de legalizar una infracción grave, sobre la que también descansan otras manzanas y centenares de apartamentos en la capital turística valenciana, se ha gestionado mediante una propuesta firmada por el propio alcalde, Agustín Navarro, y no por el nuevo concejal de Urbanismo de los Liberales de Benidorm, Vicente Juan Ivorra, que no obstante defendió la modificación con el argumento de que se trata de “legalizar los problemas que puedan generar futuras sentencias y evitar los gastos que generen”.

Durante el pleno de ayer en el que se dio luz verde a este cambio, Gema Amor pudo ocupar el sillón del alcalde, Agustín Navarro, cada vez que este abandonó momentáneamente la sesión. Amor alcanzó un pacto de gobierno con el regidor socialista el pasado 1 de agosto y ha tardado menos de un mes en que se visualice su poder como primera teniente de alcalde de Benidorm. La semana siguiente al acuerdo, Amor ya ejerció durante varios días como alcaldesa accidental debido a las vacaciones de Navarro que, por otro lado, ni siquiera se ausentó de la ciudad.

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