España no logra implicar a la clasificadora del ‘Prestige’

Las cifras de la catástrofe del Prestige alcanzan magnitudes gigantescas. A mes y medio del comienzo del macrojuicio en la Audiencia de A Coruña, saber quién pagará la monumental factura de los daños de la marea negra causada hace una década por el petrolero accidentado frente a Galicia sigue siendo una incógnita. No será en todo caso ABS, la clasificadora de Houston que certificó que aquel viejo petrolero era apto para navegar.

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos cerró definitivamente la puerta a las pretensiones de España de demandar 1.000 millones de dólares a la compañía con sede en Houston. Por unanimidad, los tres jueces desestimaron el recurso contra el fallo de un tribunal de distrito, que impidió que ABS se siente en el banquillo.

Dos años tardaron los magistrados en examinar las pruebas. Le dieron la razón a España en cuanto a que sí cabría reclamar en EE UU a la clasificadora. Pero concluyeron que ninguno de los datos aportados probaba que la clasificadora fuera negligente, sobre todo durante las inspecciones al buque en los meses previos al accidente, con 70.000 toneladas de fuel.

Nueve años y unos 30 millones de euros en honorarios a un bufete estadounidense le costó a España esta demanda, con la que pretendía sentar precedente al demostrar la responsabilidad de las clasificadoras marítimas. ABS era la única solvente del entramado de empresas que rodean a un barco con bandera de las Bahamas y armador griego.

Tampoco son grandes las esperanzas de recuperar algo de la gigantesca factura del Prestige con el macrojuicio que comenzará el 16 de octubre en la Audiencia de A Coruña. A la Xunta le costará 1,4 millones, destinados a acondicionar la sede de Expocoruña, la celebración de la vista, la mayor penal por daños medioambientales instruida en España. Está previsto que dure siete meses.

En el banquillo de los acusados se sentarán tres oficiales del barco y el exdirector general de Marina Mercante, José Luis López Sors. Es el único representante de la Administración, que puede ser declarada responsable subsidiaria de ser condenado este funcionario. A 3.862 millones se eleva la reclamación por daños que defenderá la Fiscalía, que cuantificó tanto los efectos económicos como los ambientales de la catástrofe.