Oza y Cesuras inician su fusión en medio de un gran embrollo jurídico

Es de órdago el embrollo jurídico sobre la mayoría de votos necesarios para fusionar dos municipios en Galicia. Con la celebración simultánea de sus plenos, comenzó ayer oficialmente el proceso para unir las localidades coruñesas de Oza dos Ríos y Cesuras. Los alcaldes y ediles del PP de ambos ayuntamientos aprobaron en solitario, valiéndose de sus mayorías absolutas, iniciar la tramitación de esa fusión. Sería, de llegar a buen puerto, la primera en 44 años en Galicia. “Pero aún falta mucho” para que sea una realidad, reconoció el regidor de Cesuras, Julián Lucas. En su corporación, a diferencia de la de Oza, donde el PP goza de amplia hegemonía, cuenta con la mayoría absoluta sin más (siete de once ediles). Y no es suficiente, según la ley gallega de Administración Local: establece que cualquier alteración o supresión de un término municipal requiere ser aprobada por una mayoría cualificada de dos tercios de los ediles. El propio Gobierno de Feijóo, que convirtió en un empeño personal promover esta unión, es plenamente consciente de que la unificación de Oza-Cesuras (nombre propuesto para el futuro municipio único) puede ser abortada.

La Asesoría Xurídica autonómica admite que el acuerdo puede ser impugnado

Bastaría con una impugnación ante los tribunales de los acuerdos adoptados ayer por los ediles del PP. El PSOE ya anunció que la presentará. En un informe emitido el pasado día 22, la directora de la Asesoría Jurídica de la Xunta, Cayetana Lado-Castro Rial, advierte de “la inseguridad jurídica y la confusión sobre el derecho aplicable” que pesa sobre este incipiente proceso de fusión. Y recomienda “que se proceda a una inmediata modificación legislativa” de la norma gallega “para garantizar la seguridad jurídica y evitar que cualquier interpretación que se lleve a cabo conduzca a una impugnación del acuerdo adoptado”.

Para Lado-Castro, el Parlamento gallego debería cambiar su ley de Administración local de 1997 para adaptar el artículo 32 a la norma estatal de Bases de Régimen Local. Ésta, al ser modificada en 2003, rebajó de mayoría cualificada a simple mayoría absoluta los votos necesarios en una corporación para aprobar su fusión con otra. La directora de la Asesoría Jurídica de la Xunta, en su informe de 24 páginas —que no sustituye, advierte, el que deberá realizar posteriormente su departamento para aprobar el expediente de fusión— recopila sentencias contradictorias sobre este asunto. Y considera que, a pesar de que Galicia tiene competencias exclusivas para alterar los términos municipales, debe prevalecer la normativa estatal “y básica” sobre la gallega. Lado-Castro la tacha incluso de “presuntamente inconstitucional”. Otras autonomías, recordó, ya corrigieron la contradicción de sus leyes con una modificación puntual.

Hay sentencias y legislaciones contradictorias sobre estos casos

Esta cuestión jurídica centró buena parte del pleno ayer de Cesuras y alimentó las advertencias de BNG y PSOE contra la fusión. Y es que no sólo hay jurisprudencia múltiple y contradictoria, sino también en el seno de la Xunta y del PP gallego. Ante la iniciativa del BNG de promover la fusión de los municipios lucenses de Alfoz y O Valadouro, ambos gobernados también por el PP, el director de Administración Local, José Norberto Uzal, en un informe emitido en enero, determinó que al ser competencia exclusiva de Galicia, prevalece la ley autonómica sobre la general y que el proceso requiere el voto de dos tercios de los ediles. El PP de O Valadouro, en minoría, logró tumbar la propuesta de fusión siguiendo ese argumento. Pero siete meses después, Uzal cambió de criterio para Oza y Cesuras. Dio, al igual que el asesor jurídico de la Diputación coruñesa, también del PP, el aval a que su partido tramite en solitario la unión de estas localidades de la comarca de Betanzos.

Para más confusión, también hay otro reciente informe del Consello Consultivo de Galicia. Al resolver otra cuestión sobre el caso de Alfoz y O Valadouro, esta institución asesora de la Xunta, que también deberá pronunciarse sobre la legalidad del caso de Oza-Cesuras, determina “la necesidad de que el acuerdo plenario fuese adoptado con la mayoría reforzada a la que se refiere” la ley gallega. Ayer, para más surrealismo, el PP de Cesuras aprobó iniciar la fusión con Oza “de acuerdo” con ese polémico artículo 32 de la norma autonómica pero sin cumplirlo: no alcanza los dos tercios de la corporación que requiere ese texto legal.