Rajoy pide a Mas que le ayude a defender España ante la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha movido ficha y ha contestado por carta la solicitud de Artur Mas, presidente de la Generalitat, de celebrar una reunión para abordar el pacto fiscal aprobada por el Parlament. Los dos Gobiernos están cuadrando agendas y la entrevista, la segunda que celebrarían ambos presidentes, podría celebrarse en septiembre. En la misiva, Rajoy dice que leerá “detenidamente” la propuesta de pacto fiscal que validó la Cámara, pero también pide a Mas que le ayude a “defender” a España en las instituciones europeas ante la difícil situación que atraviesa.

 “Confío en que en la reunión tengamos ocasión de tratar los diversos asuntos relevantes y en contar con su apoyo y el de todas las comunidades autónomas para, en el complejo contexto actual, impulsar nuestro país y nuestra posición en el entorno europeo, hoy más que nunca determinante para nuestro futuro”, señala la carta, fechada el 2 de agosto y que publicó Europa Press.

El escrito, de hecho, está en la línea de lo que siempre ha dicho Rajoy cuando ha sido interpelado por el pacto fiscal: que está dispuesto a hablar. Nada más. Una fórmula de simple cortesía. Y, de paso, recuerda a Mas la situación crítica de la economía española. Acuciado por la posibilidad de que España sea rescatada, La Moncloa no tiene precisamente en sus prioridades negociar ahora el pacto fiscal y es partidaria, según fuentes del PP, de esperar a 2014, cuando se actualizará el nuevo sistema de financiación de todas las comunidades. Diversos dirigentes del partido se han amparado en la falta de liquidez para afrontar de forma inmediata cualquier incremento de los recursos para Cataluña. Diversos dirigentes del partido se han amparado en la falta de liquidez para afrontar de forma inmediata cualquier incremento de los recursos para Cataluña.

El presidente del Gobierno afirma que estudiará la propuesta de pacto fiscal

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, que votó en contra del pacto fiscal en el Parlament, se negó a concretar con qué calendario trabaja el Gobierno de Madrid para abordar el asunto. La líder popular se escudó en que era una cuestión que concernía solo a los dos Ejecutivos. La carta de Rajoy, de hecho, le ha venido como anillo al dedo al PP catalán: le sirve para traspasar la presión a La Moncloa, y, además, para enfriar y desviar la atención sobre la Diada.

Ayer mismo, Sánchez-Camacho suavizó sus duras críticas —hace una semana acusó a Mas de haber perdido el sentido común— hacia el Ejecutivo catalán. La líder popular insistió en que las declaraciones independentistas ahuyentan las inversiones extranjeras y pidió al Gobierno que elija entre un partido —el suyo— que le ha garantizado la estabilidad en estos dos años de mandato y otro, Esquerra Republicana, que cuando gobernó llevó a Cataluña a la ruina.

El Gobierno no debe ir a la marcha de la Diada por coherencia", dice el consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí

El Gobierno catalán celebrará hoy la primera reunión tras el parón estival en la que debatirá la posibilidad de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico que prepara el Gobierno central. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reiteró la necesidad de que el Estado asuma una fórmula para aliviar las tensiones de tesorería que sufren las comunidades autónomas y que llevaron a la Generalitat, por ejemplo, a dejar de pagar las facturas de julio de los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales. De ahí que Mas-Colell apoye el rescate si bien dependerá del precio que marque el Estado por los recursos que ceda a las autonomías.

El problema, para Economía, es que el Estado no ha avanzado todavía las condiciones que regirán ese fondo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sostiene que está ultimándose. El Ejecutivo catalán, que quizá retrase la petición por este motivo, critica la tardanza con la que el Gobierno central está armando un instrumento de financiación que permita a las comunidades asumir sus vencimientos de deuda y que, en el caso de la Generalitat, superarán los 5.000 millones de euros a partir de noviembre. Fuentes de Economía diferencian las distintas velocidades que están emprendiendo España y Alemania para garantizar la financiación de sus Gobiernos regionales.

El alcalde de Lleida pide al PSC que se manifieste en defensa del pacto fiscal

En la sesión del ejecutivo catalán, se pondrá fin en principio al culebrón del verano: saber si Mas y sus consejeros acuden o desisten de participar en la manifestación independentista de la Diada. La voz más discrepante la puso ayer el consejero de Agricultura: el democristiano Josep Maria Pelegrí consideró en Catalunya Ràdio que el Gobierno no debe acudir a la marcha de la Diada por coherencia ya que el lema reclama la independencia y la apuesta del Ejecutivo es el pacto fiscal. La división no es en este punto exclusiva del gabinete de Mas. El alcalde de Lleida, el socialista, Àngel Ros, contravino a la cúpula del PSC y pidió participar en la manifestación en defensa del pacto fiscal. El Gobierno, en cualquier caso, ya anunció que centrará su actividad de la Diada en la ceremonia oficial. El PP, que no participará en la ofrenda a Rafael Casanova, condicionó su presencia en la misma a que no tenga un cariz soberanista.

El Ejecutivo también deberá hacer un hueco en su reunión de hoy al último dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el ente catalán que revisa que las leyes y decretos se ajusten a Constitución y el Estatuto. El Consejo analizó los últimos recortes de Rajoy, anunciados en julio, a petición del Gobierno y del PSC. El dictamen, que no es vinculante, ve numerosos elementos de inconstitucionalidad y vulneración de competencias. El decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad fija, entre otros, el recorte a la paga extra de Navidad de los funcionarios. El dictamen cree que invade competencias de la Generalitat en la regulación de la función pública. Esta competencia también está afectada por la reducción de días de asuntos particulares de los funcionarios; la estabilización en 22 días de las vacaciones de los trabajadores públicos y la modificación de los complementos a las prestaciones por baja laboral.

Los juristas también estiman que la regulación de las indemnizaciones a los altos cargos, limitándolas para los que tengan alguna remuneración pública o privada, vulnera la autonomía a de la Generalitat. Y censura la distinción entre funcionarios de la Administración del Estado (para quienes el recorte no tendrá efectos en la base de cotización a la Seguridad Social) del resto, hecho que considera que va en contra de la igualdad entre los ciudadanos fijada por la Constitución.

El decreto de Rajoy también modificaba preceptos de la ley de dependencia, que, según el informe, que vulneran la competencia en servicios sociales. El dictamen analiza también la liberalización de los horarios comerciales, que según el ente no deja margen a la Generalitat para regular sus propios comercios. Por último, el Consejo de Garantías cree que la fórmula del decreto utilizada por Rajoy es contraria a la Constitución. El decreto ley debe usarse para situaciones de excepcionalidad y, pese a la crisis, los juristas consideran que Rajoy se ha excedido al aprobar 22 decretos durante su mandato.