¿Adónde va la e-basura?

Si hay valla, la saltan. O hacen un agujero que ya nadie se molesta en cerrar, porque van a entrar igual. A veces incluso a plena luz del día, cuando está abierto. Los robos en puntos limpios, las instalaciones municipales de recogida de residuos especiales, entre ellos los eléctricos y electrónicos (lavadoras, frigoríficos, ordenadores…), son un hecho conocido y admitido en el sector por los actores implicados, incluidos Ayuntamientos como el de la capital, de los que dependen. La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) estima que apenas el 30% de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) se tratan correctamente.

Los materiales sustraídos muchas veces se desguazan sin control, lo que perjudica al medio ambiente. En la Comunidad se recogieron el año pasado 26.189 toneladas de esta especie de e-basura, según datos oficiales, pero se desconoce cuántas escapan a la estadística.

Según la normativa, se deberían recoger cuatro kilos de RAEE por habitante al año. La Comunidad lo cumplió por primera vez el pasado, aunque desde la Consejería de Medio Ambiente aclaran que se trata de un objetivo nacional, no por regiones. El ministerio del ramo no aporta datos actualizados anuales a nivel nacional, sino el acumulado desde 2005 (por encima del millón de toneladas). Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) —organismos que agrupan los productores y distribuidores de estos aparatos, que cobran una tasa para contribuir, por ley, a su reciclaje— contabilizaron en 2011 la gestión de 155.500 toneladas (3,37 kilos por habitante al año). Está por encima de 2010 (145.600 toneladas), pero lejos de la cifra que se puso en el mercado ese año: 664.900 toneladas, según el Ministerio de Industria.

Los datos de los SIG sobre la Comunidad se acercan a los que manejan en la consejería: 24.300 toneladas en 2011 (por 26.189, según el Gobierno regional) y 19.600 un año antes (por 21.850), lo que significa que la mayor parte de los residuos reciclados oficialmente pasan por estos canales. Y estos estiman que en torno a un 60% escapan de su control, explica José Ramón Carbajosa, presidente de Ecolec (uno de los SIG de aparatos eléctricos y electrónicos en España) y de WEEE Forum (que agrupa a 41 gestores de residuos europeos). Esto supone unas 36.000 toneladas en la región madrileña el año pasado, según este cálculo.

Desgüace sin control

Los sistemas de gestión y parte de las plantas de tratamiento (a las que aglutina Asegre) denuncian que gran parte de los residuos son robados, especialmente en los puntos limpios, y desguazados ilegalmente (sin los controles necesarios) para venderlos después. También que son exportados fuera de control a terceros países. La Federación Española del Reciclado y Recuperación (FER), que reúne a empresas del sector confirma la existencia de este problema, situando a sus asociados como los “principales afectados”: “No solo roban material que no llega a nuestras instalaciones de tratamiento, sino que sustraen el material ya gestionado”, indica un portavoz.

La FER señala que en los últimos años se han registrado miles de detenciones en España relacionadas con el robo de residuos eléctricos y otra chatarra. La Policía Nacional y la Guardia Civil no facilitan datos, por no tenerlos desagregados al incluirlos en las estadísticas generales sobre robos. Otro de los problemas, destaca el sector, es el escaso valor del material robado, que lleva a que los ladrones no se enfrenten a graves sanciones.

“Esto está empezando a cambiar, porque no solo se tiene en cuenta el valor de lo robado (por ejemplo, 100 euros en 20 kilos de cobre), sino lo que conlleva (el destrozo de una subestación de 50.000 euros)”, señala el portavoz de la federación de empresas de reciclaje. Simplificando, cualquier aparato eléctrico o electrónico se compone de materiales como el plástico (200 euros por tonelada), acero (300 euros), aluminio (800 o 1.000) y cobre (4.500), detalla. Un pellizco muchas veces al otro lado de una simple valla en un punto limpio.

En lo que va de año, el Ayuntamiento de la capital tiene contabilizadas 72 denuncias por robos de materiales en puntos limpios. Según la información facilitada a este diario “de forma más o menos continuada se vienen produciendo robos” y no solo una vez que están cerrados, como es habitual, sino “también en horario de funcionamiento”.

Esta situación, que no es aislada en la región, la detalla un informe de Recyberica Ambiental, una planta de tratamiento de residuos de Torrejón de Ardoz que recibe materiales de los 16 puntos limpios madrileños, en el que resume la situación de cada uno. “Solo el de Fuencarral-El Pardo, con buenas medidas de seguridad como una valla muy alta o cámaras, sufre escasos robos. Se nota porque de ahí recibimos cuatro o cinco toneladas semanales, mientras que otros, donde los asaltos son frecuentes, tardan dos meses en juntar dos o tres toneladas”, explica Fermín Rodríguez, su director.

El Consistorio madrileño afirma que en 2011 se recogieron 1.405 toneladas de RAEE a través de los puntos limpios, que apenas suponen 0,42 kilos por habitante al año. Rodríguez estima que los robos alcanzan al 80% del material, lo que de ser cierto elevaría los residuos recolectados a las 7.000 toneladas (2,1 kilos por habitante). A estos residuos hay que sumar los que se recogen a través de los establecimientos (cuando uno compra una lavadora, por ejemplo, y están obligados a retirar la antigua) y por otras vías (como la de los chatarreros que recogen electrodomésticos en la calle).

“Ojo, la recolecta por un chatarrero no siempre es ilegal, dependerá de si tiene los permisos necesarios, pero en el sector esta palabra no tiene la connotación negativa que le atribuyen muchos ciudadanos”, señala el portavoz de FER. “Nosotros no rechazamos que haya otros actores que recojan y trabajen en el reciclaje de RAEE, lo que reivindicamos es que lo hagan con las mismas garantías que nosotros y se les exijan los mismos requisitos”, señala José Ramón Carbajosa, del lado de los SIG.

“En Móstoles, el único trabajador o trabajadora del punto limpio debe aguantar presiones y amenazas de ladrones que roban lo que reciclamos los ciudadanos”, se quejaba hace un año un lector a este diario, denunciando una situación que no ha cambiado, según varias fuentes. Una situación que se repite en otros municipios madrileños y en toda España, con las zonas más pobladas e industrializadas, como la Comunidad, a la cabeza. Desde el Ayuntamiento mostoleño señalan que este problema ha sido denunciando cuando se ha detectado, pero que no cuentan con medidas de vigilancia especial.