La fiscalía investiga un fraude masivo en el reciclaje de aparatos electrónicos

Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila (sea un reloj, teléfono móvil, ordenador, una tostadora o un frigorífico) los consumidores pagan un canon para financiar el reciclaje de ese chisme y que los metales pesados que lleva no contaminen. Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema y pese a que los consumidores pagan al año unos 360 millones de euros, las plantas de tratamiento de residuos están casi vacías: la gran mayoría de los aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a países en desarrollo como productos de segunda mano. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, junto con la Guardia Civil, tiene en marcha una amplia investigación sobre el sistema y ya ha imputado a unas 60 personas por trocear frigoríficos sin control.

La planta de tratamiento de residuos electrónicos de Campo Real (Madrid) funciona solo por las mañanas porque no tiene mucho trabajo. Abrió en 2004 con una inversión de 10 millones de euros. Como el objetivo europeo es de reciclar al menos cuatro kilos de residuos electrónicos por habitante al año, los cálculos eran sencillos: "En la Comunidad de Madrid se deberían tratar unas 24.000 toneladas de residuos al año, sin embargo, aquí llegarán este año unas 6.000, la cuarta parte. ¿Dónde está el resto?", se pregunta Pablo Balaguera, director comercial de Recytel, mientras pasea entre las montañas de viejos teléfonos móviles, televisores, ordenadores y hasta cajeros automáticos en desuso. Allí desmontan los aparatos, los residuos se tratan por tipos y el hierro que queda al final se vende.

A la planta de Palencia que trata residuos de Castilla y León, Cantabria y Asturias llega el 10% de lo que se pone en el mercado, según Mariano Arana, gerente de la planta. En España hay 20 instalaciones de este tipo y viven la misma situación. ¿Dónde está el resto? es la pregunta que desde hace años se hacen.

El resto escapa fuera de la ley. En 2009 se pusieron en el mercado 702.000 toneladas de productos electrónicos y eléctricos, pero ese año solo se trataron 124.987, según el Ministerio de Medio Ambiente. No todo lo que se vende en un año se ha de reciclar (los productos duran varios años) pero la enorme diferencia (lo reciclado es el 17% de lo que se vende) da idea de que algo pasa. Las cuentas no salen.

Rafael Serrano, de la Fundación Ecolec, principal sistema de reciclaje de electrodomésticos, admite que "hay fugas": "Cuando uno compra un frigorífico, el transportista o el vendedor tienen la obligación de llevar el viejo a tratamiento, pero hay mucho residuo que se pierde".

El sector del reciclaje denuncia que hay transportistas, comerciantes y hasta Ayuntamientos en tratos con chatarreras, que pagan más que las plantas de tratamiento, ya que sus costes son menores. Incluso aparatos depositados en el punto limpio pueden acabar en un chatarrero y hay quien critica que alguna planta de tratamiento no trata lo que le llega, sino que lo lleva a chatarreros.

La memoria de la fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso este diario, destaca la "muy negativa incidencia de la situación en el medio ambiente". El fiscal cuenta que en enero de 2010, tras una denuncia anónima, inició una investigación y concluyó que "viene produciéndose un almacenamiento sin más de los restos de electrodomésticos por chatarreros" sin licencia. Estos residuos contienen hierro y cobre, lo que tiene valor como chatarra, pero dejan cadmio, plomo, cloro, mercurio y PVC dañinos para el medio ambiente.

"Una vez aprovechadas por tales chatarreros las partes metálicas que resultan de su interés, el resto representa un importante riesgo para el equilibrio medioambiental, ya que [...] son inevitables los lixiviados y filtraciones al subsuelo, además de las liberaciones incontroladas de los gases CFC, que contienen todos los aparatos frigoríficos". Vercher concluye que "la dispersión de residuos con gran potencial de peligro por todo el territorio nacional es absoluta".El fiscal ha detectado una cadena de irregularidades tanto "en la entrega por las entidades gestoras de los aparatos obsoletos a las plantas de tratamiento para su correcto tratamiento como residuo, como en las salidas de envíos en contenedores desde estas hacía la exportación a países no europeos, para su reutilización".

El 22 de diciembre pasado, la Guardia Civil irrumpió en la Cañada Real (un poblado chabolista de Madrid) y en dos lugares más de Madrid, además de en Zaragoza, donde se desguazaban frigoríficos y se liberaban CFCs, gases con poder de efecto invernadero y que dañan la capa de ozono. Hay 60 imputados, "desde transportistas de centros de distribución o autónomos, a chatarreros, grandes trituradoras de metales, centros de almacenamiento o incluso plantas de tratamiento".

Además, hay exportaciones a países en desarrollo, generalmente camufladas como aparatos de segunda mano, ya que está prohibido exportar residuos peligrosos. Medio Ambiente asegura que es problema de toda la UE. "Exportan a Vietnam, China, África... Con frecuencia me llaman de Marruecos para comprar lo que tenemos, pero está prohibido. Estos residuos tienen metal y por eso son valiosos", explica Arana.