Una ensalada con mil argumentos

Parece una ensalada donde se han mezclado todo tipo de pautas. Pero no lo es (o no debe serlo). La comisión de investigación sobre los ERE tiene un objetivo muy claro: delimitar las responsabilidades políticas de los cargos que gestionaron el fondo para empresas en crisis. No las penales. Y a pesar de ello, esta semana la actuación negligente de ciertos políticos, especialmente los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, ha estado bajo lupa pero con ópticas muy distintas según el color político.

Es indudable que ambos tuvieron responsabilidades políticas sobre la supuesta malversación de fondos. Incluso aunque ninguno de ellos tomara decisiones ni conociera de primera mano las graves irregularidades, como ambos sostienen. Guerrero fue su subordinado directo (in eligendo) y debieron vigilar y supervisar su actuación (in vigilando). A no ser que declinen toda la responsabilidad sobre el único cargo entre ellos en el escalafón de la consejería, el exviceconsejero, una maniobra imposible ya que Fernández ocupó ese cargo cuando Viera era consejero.

A pesar de ello, el PSOE ha realizado un interrogatorio muy tibio que en cierta forma exculpa su gestión en la consejería y no apretó a los interrogados. ¿A qué se debe esta anomalía? La verdad y el objetivo de la comisión se ha instrumentalizado políticamente y el caso de los ERE es el arma política más explotada por la oposición. En la arena política andaluza está en juego la censura o salvación de un Gobierno en pleno, que según el PP pergeñó un plan para desviar fondos públicos y favorecer a empresas y amigos del PSOE. Pero esta interpretación tiene un escollo insalvable: de momento no existe sentencia que declare todo el fondo ilegal y demuestre la intención del Ejecutivo socialista para burlar la ley y conceder subvenciones de manera arbitraria.

La juez Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil censuran la, en su opinión, ilegalidad del procedimiento creado en 2001 basándose en los informes negativos de la Intervención General. Y las críticas hacia el fondo han ganado una batalla pero no la guerra. Los titubeos de la Junta para defender el procedimiento a medida que los ejemplos sonrojantes fueron trascendiendo (gastos en cocaína, empresas fantasmas, alcaldes socialistas con pólizas como intrusos, etc.) son historia. Y la maquinaria de argumentos para justificar la creación del fondo y su aplicación a través de transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales se ha opuesto de manera firme a la aparente falta de norma. Y ese debate es jurídico y no político. La última palabra por tanto, corresponde al Tribunal Supremo al ser Viera aforado y para oírla restan aún años de peleas interpretativas.

En este escándalo existen dos planos diferenciados: la ideación del procedimiento a través del convenio que firmaron en 2001 Fernández y Viera por un lado, y el desarrollo del mismo. En esta última vertiente los indicios (subvenciones a empresas fantasmas, nula vigilancia, comisiones desorbitadas) apuntan a que los exconsejeros y toda la cúpula de Empleo actuó de manera negligente. Ello al margen de las discusiones semánticas sobre si se actuó con discrecionalidad o con arbitrariedad (más vinculada al capricho) en el reparto de ayudas.

“La guinda de los interrogatorios fue la confesión de que se había estado gobernando discrecionalmente”, opina el diputado del PP Rafael Carmona sobre las respuestas de Fernández. El problema esencial es que muchas de las subvenciones se alejaron por completo del interés público y el bien social, tuviera o no capacidad la Junta para decidir a qué proyectos apoyaba (discrecionalidad) a pesar de la escasa publicidad del fondo. Una gasolinera, empresas con ocho trabajadores donde en realidad existían dos... la picaresca se instaló en el sistema gracias a la escasa transparencia. Y la excesiva concentración de empresas en la Sierra Norte sevillana tampoco fue justificada por los exconsejeros.

La portavoz de IU Alba Doblas censura las preguntas condescendientes de los diputados del PSOE, a pesar de que ambos partidos sean socios de coalición en la Junta. “El interrogatorio no fue solo tibio sino orquestado. La intervención del PSOE fue claramente en la línea de Fernández y Viera”, censura. Sin embargo, José Muñoz, portavoz adjunto del PSOE, critica la actuación de los exconsejeros. “Está claro que responsabilidad política siempre se tiene por acción u omisión. Pero ninguno de los dos están ya en el Gobierno”, alega.

Los matices de seis horas de declaración de los dos exconsejeros aflorarán en las conclusiones y estas solo podrían afectar de manera real a Viera, diputado a Cortes, porque Fernández está desempleado y su situación procesal ha mejorado tras el criterio de la Audiencia de Sevilla por el que logró la libertad tras pagar una fianza de 450.000 euros. Está por ver si la comisión fija la responsabilidad política de los exconsejeros y la anterior cúpula del Gobierno que aún debe comparecer. Y la semana será intensa y el cruce de acusaciones, muy duro.