La oposición critica la rebaja del bonolibro

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas criticaron ayer la decisión de la Consejería de Educación de reducir la partida de las ayudas para la adquisición de los libros de texto, conocida como bonolibro, para destinarlo a la contratación de becarios para realizar prácticas de asistencia en inglés a los maestros.

 La portavoz de Educación del Grupo Socialista, Pilar Sarrión, lo calificó como “una barbaridad”, después de que Educación haya prescindido de miles de interinos, “y ahora quieran cubrir plazas con becas y duplicar los profesores en el aula”.

La diputada recordó que cada año se reducen más las ayudas para la adquisición de libros y que el próximo curso “no cubrirán ni el 20% del coste total”. El Grupo Socialista, según anunció Sarrión, pedirá la comparecencia de la consejera María José Català para que explique los recortes en el bonolibro, la orden de los comedores y, sobre todo, cómo va a desarrollar este programa de becas, que en su opinión es una “ocurrencia” que no beneficiará al sistema educativo “ni generará empleo real”.

Por su parte, el diputado de Compromís Fran Ferri anunció que llevarán a la Inspección de Trabajo las becas para ayudantes de inglés, al tratarse de “una relación laboral encubierta”, y lamentó que Educación opte por una idea “más propia del siglo XIII que de la actualidad”, pues se anima “a contratar a trabajadores sin derechos laborales”. Para Ferri, esta medida evidencia que el PP “no tiene propuestas ni alternativas para salir de la crisis”, y solo lanza ideas “para acabar con los derechos laborales”.

Oscurantismo

La portavoz de EU, Marga Sanz, también criticó que se quite dinero de ayudas a los libros para los becarios de inglés, una medida que “no hará posible la puesta en marcha del decreto de plurilingüismo y aumentará las dificultades de muchas familias que no pueden llegar a finales de mes”.

Sanz lamentó la “insolvencia absoluta” de la consejera de Educación, y afirmó que la medida de los maestros becarios “demuestra la inviabilidad del decreto de plurilingüismo, que no persigue la competencia en tres lenguas, sino la marginación del valenciano”. Sanz conceptuó esta decisión como una “solución vergonzosa que sacan en agosto”, con “un toque de oscurantismo y falta de credibilidad”.