Educación contrata a 326 becarios de inglés a costa del bonolibro

La Generalitat retiró ayer 987.000 euros a la partida de ayudas a la compra de libros escolares y los destinó a la contratación de 326 becarios de inglés, que empezarán a trabajar en octubre en los colegios para reforzar la implantación del trilingüismo. Las dos resoluciones, de las consejerías de Hacienda y Educación, pusieron de manifiesto el estrecho margen presupuestario en el que se mueve el Consell, y la dificultad para aplicar su ambicioso plan de introducción del inglés en las aulas por la falta de conocimiento del idioma de los docentes.

Los becarios de inglés, diplomados o graduados en Magisterio, serán contratados de octubre a mayo en el ciclo de Infantil con una retribución de 1.000 euros brutos al mes. Sobre ella, precisa la orden de Educación, se descontará la retención del impuesto de la renta y la cotización a la seguridad social.

El secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, afirmó que la iniciativa tiene como principal objetivo incrementar la formación de los becarios en la docencia en inglés, ya que en el futuro serán el tipo de maestros que permitirá doblar las horas de formación que los alumnos reciben en esta lengua.

El sindicato STEPV consideró que la medida persigue contratar docentes “baratos” eludiendo las vías legales de acceso a la enseñanza pública, y anunció que recurrirá la orden ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El portavoz del STEPV, Vicent Mauri, recordó que la justicia les ha dado recientemente la razón frente al intento de Educación de contratar profesorado con conocimiento de lengua y cultura china obviando los cauces establecidos en la ley.

La confederación de padres Gonzalo Anaya rechazó que el dinero para aplicarlo salga del llamado bonolibro, la ayuda para comprar libros escolares que este curso perderá su carácter universal para concederse según la renta. Pasa a la página 3

Educación afirmó que los becarios no sustituirán a los maestros de Infantil, y que la finalidad de la medida no consiste en buscar alternativas económicas a los docentes. La realidad, señalaron, es que frente al decreto de trilingüismo, que empezará a implantarse en octubre en Infantil y se extenderá progresivamente hasta alcanzar al Bachillerato en el curso 2020/2021, el número de docentes capacitados en inglés es muy bajo. En Infantil no llega al 15%, en Primaria ronda el 4% y en Secundaria es todavía inferior.

Esa misma radiografía fue la que hizo sospechar al STEPV que los becarios —a quienes Educación llama asistentes lingüísticos en inglés— se dedicarán, en realidad, “a dar las clases”, ante la falta de preparación de sus supuestos tutores.

Su portavoz agregó que la prueba de que el ahorro ha sido el primer elemento tenido en cuenta por Educación es que cerca de 300 maestros y profesores con capacitación en inglés se quedaron sin plaza en la adjudicación realizada en julio. También existía la posibilidad, siguió, de que la consejería creara de urgencia una bolsa de trabajo que incluyera el requisito del inglés a la que podrían haberse sumado docentes sin trabajo de todo el Estado. “Hay suficientes docentes capacitados, pero de esta forma se ahorran el salario”, declaró Vicent Mauri.

El secretario autonómico de Educación replicó que, dada la situación de crisis económica, “determinados sindicatos van a tener difícil explicar su rechazo a que 329 personas que ahora mismo están paradas puedan tener una beca que les servirá para completar su formación académica”.

El STEPV anunció que junto a la presentación del recurso solicitarán la paralización cautelar de la orden, que da 15 días a los aspirantes para presentar sus solicitudes. El sindicato consideró que la orden debería haber pasado “preceptivamente” por la mesa sectorial de negociación al afectar a las “condiciones laborales del profesorado”.

Según el sindicato, las dos únicas vías de acceso al profesorado son a través de las bolsas de trabajo para los docentes interinos o mediante una oposición. Y que el intento de obviarlas fue lo que dio al traste con el intento del exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora de contratar a profesores de lengua y cultura china directamente en el país asiático.

La consejería insistió en que la figura de los docentes en prácticas tiene cobertura legal porque está prevista en el decreto 132/2009 del Consell. Y que el caso es distinto del de los docentes chinos. Lo que en aquel caso vetó el Tribunal Superior, afirmó la consejería, fue que Educación hubiese firmado un convenio con una región china para que ésta suministrase directamente el personal, violando los principios de publicidad, mérito e igualdad que deben regir el acceso a un empleo público.

Los 987.000 euros destinados a los becarios durarán aproximadamente hasta Navidad. El coste para el curso entero ascenderá a 2,6 millones de euros.

Los fondos del bonolibro para el curso que viene se reducen a 30 millones de euros frente a los 31 del curso pasado. La bajada proviene de la aplicación de la nueva fórmula de concesión, señala la consejería. En vez de que todas las familias reciban una ayuda igual, 105 euros, ahora solo lo recibirá una parte de ellas y escalonado en función de la renta: de un máximo de 125 euros a un mínimo de 50.

Tomás Sempere, presidente de la confederación de padres Gonzalo Anaya, consideró un “despropósito que se desposea a los alumnos de ayudas para pagar otras cosas”. Sempere agregó que aún quedan ayudas para la compra de libros sin pagar del pasado curso.