El ‘catenaccio’ andaluz cumple 100 días

“No es ninguna ganga estar en el Gobierno”, confesó José Antonio Griñán en su debate de investidura como presidente de la Junta, a la par que presentaba al futuro Gobierno de coalición de izquierdas como “la esperanza de mostrar un camino distinto”. El Ejecutivo integrado por PSOE e Izquierda Unida cumple 100 días de mandato el próximo martes y no ha tenido ni uno solo de respiro. Su propósito en este tiempo ha sido el de marcar diferencias con el Gobierno central del Partido Popular, recurrir todo lo recurrible a los tribunales de justicia, aplicar una estrategia defensiva ante los hachazos presupuestarios e identificar los recortes con la cara de Mariano Rajoy. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que es periodista, describe estos 100 primeros días como “el catenaccio andaluz”.

La oposición del PP, sin Javier Arenas, ve una reedición de lo que se llamó la confrontación, cuando en 1996 José María Aznar puso fin a 13 años de mandatos socialistas y el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, quedó como único referente de peso de los socialistas en toda España al frente de la comunidad más poblada. Pero entonces, la situación económica no era la que es y los Presupuestos de la Junta le permitieron al PSOE aplicar políticas distintas con sus ingresos, como la de complementar las pensiones no contributivas o pagar, con fondos propios, los medicamentos excluidos de la financiación pública.

La diferencia con ese periodo es que ahora no existen esos fondos propios. No hay ingresos frescos porque la actividad está parada, como el empleo y el consumo. No hay dinero para poner en marcha programas nuevos y con lo que queda en caja se intenta no despedir a los empleados de la Junta, no privatizar servicios públicos y mantener las políticas sociales. España se ha comprometido con Bruselas en atajar el déficit público en el 3,5% del PIB este año y eso significa que las comunidades autónomas necesariamente tienen que ajustar sus gastos. Más todavía el año próximo, cuando la comunidad tendrá que alcanzar un déficit del 0,7%.

José Antonio Gríñán: “No es ninguna ganga estar en el Gobierno”

El Gobierno andaluz de coalición empezó a trabajar con 2.500 millones de euros menos en el Presupuesto en vigor. IU sabía de esta decisión porque Griñán la anunció cuando ambos partidos iniciaron el cortejo político y se desconocía si fructificaría en un pacto de coalición que, además, tenían que ratificar en referéndum los militantes de Izquierda Unida. Era como un campo de minas. El acuerdo de gobierno que firmaron ambas formaciones de izquierda tiene mucha letra y poco número. De hecho, los 200 millones de euros del plan de choque de empleo aprobado en el último Consejo de Gobierno viene arrastrándose de la legislatura anterior. Es dinero procedente en su mayor parte de la Unión Europea con el que el Gobierno pretende dar empleo a unas 11.000 personas, arreglar centros educativos, rehabilitar viviendas y hacer trabajos forestales.

Es un proyecto humilde que implica una apuesta política de diferenciación respecto a lo que se hace en el resto del país. Como también lo ha sido la decisión de dónde recortar 2.700 millones del Presupuesto de 2012: bajando las inversiones, subiendo los impuestos y recortando salarios de los empleados públicos. Izquierda Unida forzó el retraso de la aprobación del plan de ajuste para negociar con los sindicatos. Se arañó 30 millones a los 777 previstos de rebaja salarial. Pero en IU, el dar el visto bueno a este tajo obligó a su coordinador general y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, a emplearse a fondo con los suyos. Los sectores de la federación contrarios desde el principio a entrar en el Gobierno vieron una vía para cuestionar la coalición y Valderas advirtió por carta que si IU no apoyaba el plan de ajuste provocaría la caída del Gobierno andaluz y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.

El recorte presupuestario fue aprobado en el Parlamento, pero dos diputados de IU —entre ellos Juan Manuel Sánchez Gordillo—, votaron en contra y un tercero decidió no estar presente en el salón de plenos. La rebelión interna no ha ido a más porque también algunos de las familias discrepantes han encontrado acomodo en la Junta de Andalucía. También porque la ejecutiva de IU acordó plantear una dura batalla con vistas a los Presupuestos de 2013 —los primeros de la federación de izquierdas— en el que su punto de partida es que no se vuelva a tocar la masa salarial. Este objetivo está ahora mismo en el aire porque, si no hay un acuerdo con el Gobierno central, la Junta de Andalucía no podrá obtener ingresos, a través del endeudamiento, por 2.700 millones de euros. Según Griñán, con esa restricción es inviable elaborar las cuentas del próximo año.Nadie contesta si eso significa anticipo electoral, pero no hay que perder de vista que IU no tiene cultura de Gobierno y que a Valderas le ronda por la cabeza convocar una consulta popular, que el PSOE no contempla.

IU planteará batalla en los Presupuestos de 2013 para que no toquen los salario

El Gobierno asegura que no trabaja en un plan B en el supuesto de que ese escenario se dé y en todo caso serán los diputados de IU los que tengan en su mano la decisión si el proyecto de ley llega al Parlamento. Afirman tanto en el PSOE como en IU como en las organizaciones sindicales que no se ha hablado de presentar expedientes de regulación de empleo en las empresas públicas, pero en la investidura de Griñán fue Valderas el que apuntó que “llegado el momento” la Junta no aplicará la reforma laboral de Rajoy que prevé indemnizaciones de 20 días por año trabajado, sino al menos de 33.

En el PSOE, acostumbrado a pisar moqueta desde hace 30 años, el protagonismo de IU en estos primeros 100 ha escocido. En el congreso del PSOE algunos le reprocharon a Griñán que Valderas fuera el que estuviera marcando la iniciativa, pero eso también es achacable a que todo el PSOE estaba sumergido en sus cónclaves internos, hasta el punto de que a la consejera de la Presidencia la apodaban “la consejera de la Organización”. Hasta que los congresos no han acabado, el Gobierno no ha culminado la reforma de la Administración periférica —que se ha reducido a la mitad— y ha aprobado los nombramientos de los delegados provinciales, todos ellos afines a las ejecutivas ganadoras.