Los socialistas ofrecen su apoyo a los médicos que atiendan a ‘sin papeles’

Ximo Puig, secretario general del PSPV-PSOE, ofreció este viernes el apoyo “legal, social y político” del partido, a los médicos que se adhieran a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles. A partir del 1 de septiembre la nueva regulación del Gobierno dejará sin tarjeta sanitaria a cerca de 150.000 extranjeros. Los socialistas, dijo Puig, estarán “al lado de los médicos valencianos, apoyando a quienes ayuden a prestar un servicio que tiene que ser público y universal por el que vamos a batallar hasta el final”. “Van a tener todo nuestro apoyo porque es una muestra de humanidad, sensibilidad y rebeldía frente a la obscenidad que significa que unas personas no puedan recibir asistencia médica”, agregó.

Más de un millar de médicos en España han manifestado por escrito su intención de ignorar la pérdida de la tarjeta y seguir prestando servicio a los sin papeles sobre la base de su código deontológico, que les impone el deber de velar por los enfermos. Puig consideró que el nuevo ajuste en materia sanitaria “pretende dejar coja la Constitución mediante el recorte de derechos sociales”.

Compromís registró una proposición en las Cortes para instar a la Generalitat a garantizar el mantenimiento de la cobertura sanitaria para los inmigrantes. “La intención anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy de cobrar la sanidad a los inmigrantes no regularizados es una cuestión injusta, insolidaria e inhumana porque la asistencia universal tiene que ser un derecho para toda la población”, declaró la portavoz de la coalición Mónica Oltra. Compromís consideró que la medida pone en riesgo “la salud pública de la población en general”, ya que al no ser atendidos, pueden quedar sin detectar enfermedades contagiosas.

El líder de los socialistas valencianos centró su intervención en la posible retirada, también por el Gobierno, de la ayuda de 400 euros que reciben cerca de 200.000 parados españoles a través del Plan Prepara. De ellos, señaló Puig, unos 40.000 son valencianos. “Si el Gobierno no toma ninguna decisión inmediata”, afirmó, y dado que el actual plan de ayudas finaliza el próximo 15 de agosto, “perderán la ayuda que les permite vivir de manera mínimamente digna”.

“A nadie le gusta hacer ERE en empresas públicas”, afirma Castellano

Puig distribuyó la proposición no de ley que llevarán a las Cortes para que el parlamento autonómico inste al Consell a reclamar al Gobierno el mantenimiento de la subvención.

El secretario general del PSPV afirmó que la propuesta tenía más sentido desde territorio valenciano, dada la peor situación del mercado laboral, que con un 27,1% de paro está dos puntos peor que la media española. Hay 250.000 valencianos sin ningún tipo de ayuda, la tasa de cobertura se sitúa en el 57% frente al 66% del promedio estatal, y 200.000 hogares tienen a todos sus miembros desempleados, recordó Puig. Los socialistas también presentarán mociones en defensa del mantenimiento de la subvención de 400 euros en los Ayuntamientos.

Serafín Castellano, secretario general del PP valenciano, acusó a Puig de practicar “políticas demagógicas”, y consideró resuelto el problema que ha impedido a los beneficiarios de la ayuda cobrarla desde junio. “Pensamos que la situación es muy difícil, que hay que dinamizar el sector productivo para que se cree empleo. Ahora no tocan políticas demagógicas ni de alarma. Si el anterior Gobierno hubiese tomado decisiones, ahora no estaríamos así”.

“A nadie le gusta aplicar ERE (expediente de regulación de empleo) en las empresas públicas”, dijo Castellano en referencia a los que se tramitan en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Vaersa y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), entre otras, pero, resumió, “hay que estar a las duras y a las maduras”. Castellano consideró “ejemplar” la gestión del presidente Alberto Fabra, orientada, añadió, a cumplimiento del objetivo del 1,5% de déficit a final de año.

Esquerra Unida afirmó que el ERE en RTVV, al no atender a elementos objetivos para la selección de los afectados, como haber o no aprobado una oposición, puede derivar en una “caza de brujas”. Y los socialistas criticaron que Cacsa, donde la mitad de la plantilla va a ser despedida, tenga 22 directivos, uno por cada 14 empleados.