Puig amaga con una consulta por el pacto fiscal

La Generalitat ya comienza a plantear alternativas a su plan de negociar la nueva financiación, el pacto fiscal, con el Gobierno central. Sin abandonar la idea de un adelanto electoral si fracasan las negociaciones, la Generalitat puso ayer encima de la mesa la posibilidad de convocar a los catalanes a una consulta popular para que se pronuncien sobre el asunto. Así lo manifestó el consejero de Interior, Felip Puig, quien abogó por un acto de “radicalidad democrática” en caso de que fracase el proyecto del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Puig dejó claro que el pacto fiscal, eso es dotar a la Generalitat de una financiación similar a la del País Vasco, “no tiene marcha atrás”. Y garantizó que la solución a un más que probable portazo del Gobierno de Mariano Rajoy pasa por llamar a los ciudadanos a las urnas.

El Ejecutivo catalán promueve una ley en el Parlament para convocar consultas en asuntos que incumben a la Generalitat y Convergència i Unió amaga periódicamente con utilizar este texto para emplazar a la población a un dictamen sobre el pacto fiscal. Hasta ahora el Gobierno de Artur Mas no ha aclarado nunca ni cómo ni cuándo utilizará esta ley y el presidente se ha limitado los últimos días a pedir apoyo popular para negociar con más fuerza ante Rajoy.

Esquerra Republicana, a quien Convergència i Unió está tanteando para tener un socio alternativo al Partido Popular, exige la celebración de esta consulta para llegar a acuerdos estables con la formación del presidente. Y Felip Puig, integrante históricamente del ala más soberanista de Convergència, continuó ayer con los guiños a ERC. Además de plantear la consulta o el referéndum Puig invitó ayer a los republicanos a negociar los Presupuesto del año que viene.

Artur Mas se ha mostrado hasta ahora esquivo con la idea de convocar un referéndum sobre el pacto fiscal. CiU asegura que la causa genera una amplia simpatía tanto en su electorado como en gran parte del espectro catalanista, pero temen que una baja participación pudiera debilitar su fuerza negociadora. El PP, además, asegura que la ley de Consultas que prepara el Parlament no permite preguntar por el pacto fiscal, con el argumento de que la financiación de la Generalitat es un asunto que no depende solo del Gobierno autónomo.

Antes que la consulta, el objetivo del Ejecutivo catalán es convertir la celebración de la Diada del 11 de septiembre en un clamor popular en defensa del pacto fiscal. Las diferentes manifestaciones que se están organizando, la mayoría de carácter independentista, tendrán este año un apoyo especial desde Convergència Democràtica y desde el Gobierno catalán con el objetivo de reforzar la reclamación del pacto fiscal. De ahí el llamamiento realizado el jueves por parte de Artur Mas para que los ciudadanos se impliquen en la reclamación de la nueva financiación catalana.

El resto de partidos catalanistas, incluido el PSC, mostraron ayer una predisposición más o menos explícita a colaborar con CiU en esta reivindicación. El líder del grupo socialista en el Parlament, Joaquim Nadal, apoyó el llamamiento de Mas pero alertó del riesgo de frustración que puede producir una gran manifestación sin ningún resultado tangible posterior. También Esquerra Republicana e Iniciativa se mostraron ayer partidarios, aunque con matices, de la movilización.

El PSOE hizo ayer un gesto con relación al pacto fiscal. El secretario de Organización del partido, Óscar López, asegura que el partido apoyará la posición del PSC sobre el pacto fiscal. El “no” de los socialistas catalanes al concierto económico que reclama CiU ayudará a este entendimiento. El PP, en cambio, advirtió que la reclamación de la nueva financiación puede perjudicar a la economía. El secretario general del partido en Cataluña, Jordi Cornet, considera que el “tira y afloja” entre la Generalitat y el Gobierno perjudica a la economía por la imagen que se proyecta a los inversores exteriores.