La Diputación de Barcelona otorga sin concurso el 82% de las subvenciones

La concesión de subvenciones a entidades públicas y privadas que trabajan en el territorio es una de las principales razones de ser de las Diputaciones provinciales. La Diputación de Barcelona, la tercera institución de Cataluña con mayor presupuesto después de la Generalitat el Ayuntamiento de Barcelona, no es una excepción y destina a ayudas más de la mitad de este.

Ayuntamientos, consorcios, fundaciones, ONG, partidos políticos y sindicatos reciben financiación de la entidad por un valor que este año rondará los 319 millones de euros. Sin embargo, la vía para conseguir y conceder estas ayudas ha levantado suspicacias entre colectivos de trabajadores de la propia Diputación. Y es que, si bien la ley deja claro que la forma “ordinaria” de adjudicarlas será el concurso público, en la práctica más del 80% de las ayudas que reparte la Diputación llegan a las entidades por concesión directa, o sea, sin concurso.

El plan de subvenciones aprobado por el pleno de la Diputación el pasado mes de julio para el ejercicio 2012 asciende a 319,8 millones de euros, de los que 261 se dan por “concesión directa”, lo que supone el 81,7%. El resto se concede mediante concurso, lo que obliga a activar un mecanismo más complicado pero que al mismo tiempo ofrece más garantías.

No es que la Diputación de Barcelona incumpla la ley al conceder sin concurso la mayor parte de las ayudas, pero sí hace de la excepción la pauta habitual de comportamiento. La ley orgánica de subvenciones de 2003 dice en su artículo 22 que “el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva”.

La institución solo admite que distribuye a dedo unos 20 millones

La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona, aprobada en 2009, se basa en esta ley para concluir también que “la concurrencia competitiva es la forma ordinaria de concesión de las subvenciones”.

Pese a este planteamiento general, ambos textos dejan suficiente margen para que se pueda utilizar de forma más o menos amplia la vía de la concesión directa. De ahí que fuentes oficiales de la Diputación aseguren que el sistema que utilizan para distribuir las subvenciones es legal y transparente, y que no ha cambiado desde que CiU y el PP llegaron al poder. Habitualmente, la concesión de ayudas a dedo es un mecanismo previsto para hacer frente a situaciones de emergencia o para encargar labores a entidades muy especializadas.

Fuentes de la institución que preside Salvador Esteve explicaron ayer que el 48% de las subvenciones directas se otorgan a través de la denominada red de concertación de gobiernos locales. “Para formar parte de ella ya se tienen que cumplir unos protocolos determinados”, explican estas fuentes. Añaden también que unos 73 millones son para consorcios participados total o parcialmente por la Diputación y que otros 10 millones sirven para financiar servicios en centros que esta traspasó a la Generalitat. “También hay aportaciones a la solidaridad internacional”, recuerdan. Por esta razón, la Diputación solo admite que distribuye a dedo unos 20 millones. El resto pasa algún tipo de filtro previo, pero su concesión es siempre directa.

Estos son algunos ejemplos de entidades beneficiarias de las subvenciones sin concurso: los grupos políticos con representación en la corporación provincial cobrarán este año 621.340 euros por gastos de funcionamiento. Esta cantidad se suma a lo que reciben en concepto de nóminas tanto los diputados provinciales como los asesores de los grupos. Asimismo se aprobó una partida de 180.000 euros para “instituciones vinculadas al pensamiento político”. Entidades próximas a los grandes partidos también se benefician del sistema. Es el caso del Centro de Estudios Jordi Pujol, que obtiene 30.000 euros para la edición de una revista. Además recibe 8.320 euros la Fundación Catalunya Segle XXI, creada por Pasqual Maragall, como apoyo a actividades de diálogo y de debate político-cultural.

También se ha aprobado una subvención de 161.800 euros para el Centro de Documentación Política, que creó el ex alto cargo del Gobierno catalán Miquel Sellarès. Se da la circunstancia de que esta fundación, participada por la Generalitat y la propia Diputación, está liquidada desde finales de junio, después de descubrirse supuestas irregularidades en su gestión.

Los sindicatos también reciben subvenciones sin concurso. En algunos casos, en cumplimiento de convenios para la realización de determinadas tareas, como la prevención de riesgos laborales; en otros, para objetivos menos concretos. Por ejemplo, los “agentes sindicales más representativos” recibirán este año 121.590 euros para la “concertación y planificación del desarrollo económico local”.

La Iglesia católica no se queda atrás. En la lista de ayudas aprobadas destaca un convenio con el arzobispado de Barcelona para la cesión de un centro religioso y “la dispensa de servicios religiosos”. Cobrará un total de 7.200 euros. También tiene subvención la entidad católica E-Cristians, conocida por sus campañas contra el aborto y la igualdad de derechos de los homosexuales. E-Cristians, presidida por el exconcejal de Convergència Democràtica Josep Miró Ardèvol, recibirá 15.000 euros para conmemorar el 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Se da la circunstancia que en 2010 E-Cristians pidió en un comunicado a la Diputación “el cese de los privilegios económicos” que, en su opinión, se otorgaban a las organizaciones de lesbianas, gais y transexuales.