Contratistas y contratas

Las arcas autonómicas están exhaustas. Y no está claro que la petición de rescate al Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) vaya a facilitar suficiente oxígeno al Consell para hacer frente a las facturas que aún tiene pendientes de atender, después de haber utilizado el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a los proveedores. En una reciente reunión de la Federación de Contratistas Valencianos (Fecoval) quedó claro que la Administración de Alberto Fabra les adeuda más de 40 millones de euros que no están contemplados en parte alguna porque los empresarios aceptaron la sugerencia de retrasar el vencimiento de los pagos.

Con ser grave, no es esta la peor situación con la que pueden encontrarse los contratistas valencianos. Sus empresas, en general, no tienen suficiente peso económico para hacer frente a una crisis que está consumiendo la mayor parte de sus reservas ni para soportar la presión cada vez más fuerte sobre las administraciones públicas de las grandes empresas contratistas de obra pública españolas que han vuelto sus ojos hacia el mercado nacional tras constatar que cada vez les resulta más difícil conseguir proyectos en el extranjero.

La triste realidad es que la crisis sistémica por la que atraviesa España ha puesto a sus grandes empresas en almoneda. La valoración bursátil de las sociedades que cotizan hoy en el Ibex 35 es realmente ridícula. El magnate americano Donald Trump ya se ha interesado por hacer negocios en España. “Está todo muy barato”, ha dicho. Podría haber añadido que la accesibilidad al mercado es comparable al riesgo que se corre. Pero nadie gana si no se arriesga, dicen.

Un país, en buena medida, vale lo que valen sus empresas. A las valencianas, con las notables excepciones de rigor, les ha venido faltando musculatura para competir fuera de sus fronteras autonómicas. Y las que lo han intentado en los últimos años se han estrellado contra el hundimiento del mercado, la falta de liquidez y sus propios errores, incapaces de adaptarse al gigantismo que habían desarrollado en los peores momentos.

Durante muchos años, el contratista de obra civil valenciano ha caminado apoyándose en las muletas de la Administración autonómica que intervenía para que al menos formaran UTE con las grandes del sector. Ahora tal parece que ni eso. Pesa la mala imagen de la marca Comunidad Valenciana, la debilidad política del Consell en los centros de decisión y la ambición de las grandes que no quieren ceder ni un cacho del pastel porque lo necesitan todo para alimentarse (mal).

Pero la constatación de las dificultades no significa que no debe lucharse contra ellas. La flojera política del equipo de Alberto Fabra es grande, pero no tanto como para dejar caer un sector estratégico para la economía de la Comunidad Valenciana sin hacer nada por evitarlo.