Efectos colaterales

Durante el período transcurrido entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa, se gestó en la Comunidad Valenciana un modelo de apoyo a la innovación empresarial que tuvo su principal plasmación en eso que hoy se conoce como la Red de Institutos Tecnológicos. Fue entonces una apuesta decidida de la Generalitat por consolidar nuestros sectores industriales tradicionales, facilitando a las empresas el acceso a todo tipo de servicios avanzados, incluyendo la transferencia de tecnología, la capacitación técnica, los ensayos de calidad, o la realización de proyectos de I+D.

La estrategia que justificaba la apreciable inversión para la época no era otra que la de ayudar a nuestras pymes industriales a reorientar sus estrategias competitivas hacia productos de mayor valor añadido y segmentos de mercado más exigentes, abandonando así de manera progresiva la secular competencia que se venía produciendo a través de salarios y precios bajos. Fue, este sí, un gran evento para la economía real de la CV, que, de haber recibido con posterioridad más atención por parte de la Generalitat, hoy tendría un peso estratégico mayor incluso que el que tuvo durante los años noventa.

Las grandes cifras hablan por sí mismas: 1.732 profesionales, 100 laboratorios especializados y 20 observatorios tecnológicos, proporcionando servicios a 12.400 empresas, de las cuales 7.000 son socios permanentes, y generando 1.260 proyectos de I+D, imposibles de asumir por las empresas individualmente debido a su tamaño. El resultado es que el conjunto de institutos valencianos representa el 25% del sistema español de innovación; lo que no es, desde luego, un asunto baladí.

Pero, hoy, todo este proyecto, esencial para la redefinición de nuestro modelo productivo, corre el riesgo inminente de desaparecer a causa principalmente, ¿cómo no?, de los impagos de la Generalitat, su principal impulsor y socio. En cantidades, por cierto, que resultan ridículas comparadas con otros proyectos emblemáticos del cariz de las fórmulas uno, terras míticas, aeropuertos sin aviones o ciudades de cualquier cosa; por no hablar de los sobrecostes de arquitectos estrella, el sobredimensionamiento manipulador de RTVV o los saqueos producidos en las numerosas emarsas que abonan el fértil terreno de la corrupción política por estos lares.

Me dirán que en unas circunstancias tan dramáticas como esta, un proyecto de estas características no puede tener prioridad sobre otros que afectan a necesidades más esenciales. Y quizá lleven razón. Pero solo quería poner de manifiesto que esta crisis, originada en exclusiva por un liberalismo mal entendido y la obscena codicia de financieros y promotores inmobiliarios, también se está llevando por delante algunas de las pocas armas que nos quedaban para recomponer nuestra maltrecha economía. No es solo incompetencia. Es el efecto colateral de una epidemia de estupidez que comienza ya a ser asfixiante.