11 años de cárcel para Bravo por el caso del fraude de la Hacienda de Irún

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a 11 años de cárcel y a penas de inhabilitación y multas al exjefe de la oficina de la Hacienda de Irún José María Bravo por el fraude de esta delegación tributaria. A su exmujer, Rosa Cobos, le condena a tres años y cuatro meses de prisión, además del pago de multas. El fraude de la Hacienda de Irún consistió en el cobro de diversas cantidades de dinero a contribuyentes morosos, en algunos casos con rebajas en las deudas fiscales contraídas, que luego no fueron ingresadas en las arcas forales o sólo lo fueron en parte.

La sentencia, hecha pública este mediodía por la Audiencia de Gipuzkoa, considera a Bravo responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, por los que le impone penas que suman 11 años de reclusión, 25 años de inhabilitación (19 años de inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo o empleo público y nueve años más de inhabilitación especial para cualquier trabajo público con significación tributaria).

Asimismo, condena a Bravo a abonar dos millones de euros como multa por el delito de blanqueo y otros 3.600 euros por el delito de alzamiento de bienes, y ordena el decomiso de diferentes posesiones suyas hasta un valor máximo de 1.661.157,53 euros. El tribunal le obliga a devolver a la Hacienda de Gipuzkoa 1,9 millones de euros, más los intereses correspondientes por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados a esta institución pública. La sentencia le absuelve sin embargo del delito de estafa que se le imputaba, al entender que queda recogida en el delito de malversación, y del de usurpación pública, porque no considera probado que recibió dinero de un contribuyente ocultándole que había dejado de ser jefe del servicio de recaudación de Irun.

En cuanto a Cobos, la sentencia, le impone penas que suman tres años y cuatro meses de cárcel como responsable de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, y le obliga a abonar una multa de dos millones de euros por el primero de estos delitos y otra de 2.520 por el segundo. Al igual que en el caso de su exesposo, el tribunal ordena el decomiso de sus bienes hasta un valor máximo de 1.661.157,53 euros

Tras celebrarse el juicio, el fiscal solicitó penas que sumaban 24 años y tres meses para Bravo y seis años y tres meses para su exesposa, mientras que la acusación que ejercen la Diputación y las Juntas de Gipuzkoa pidió 27 años de cárcel para el primero y siete años y cinco meses para Cobos.