El Supremo confirma la condena a la esposa y a la suegra de Jesulín de Ubrique

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y a su madre, Remedios Torres, a un año y 11 meses de prisión dentro de la Operación Karlos, en la que hay una quincena de implicados. Ambas, junto al principal inculpado, Francisco Casto Pérez-Lara, que fue condenado a nueve años y medio, y el expolicía Carlos Carretero, fueron consideradas en 2011 culpables de intentar conseguir para Torres una pensión fraudulenta de la Seguridad Social. Las mujeres, que no irán a prisión, alegaron desconocer el carácter ilegal de su acción. Sin embargo, el tribunal considera que ambas sabían que los trámites se estaban haciendo de forma fraudulenta.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de María José Campanario y de su madre y ratificado las condenas por falsedad de documento oficial y tentativa de estafa. Sin embargo, ni María José Campanario ni su madre ingresarán en prisión por carecer de antecedentes penales, salvo en caso de cometer algún delito en el plazo de dos años. En ese caso, la condena actual se sumaría a la nueva.

Junto al inspector médico Francisco Casto Pérez-Lara, quien fue considerado como el principal responsable de la trama, también fueron considerados culpables otros 14 acusados, entre los que se encontraba el exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero. Estos pactaron con la Fiscalía y su condena se redujo a cuatro años de prisión. El número de detenidos fue de 28.

La sentencia consideró probado que Carlos Carretero tramitó una veintena de pensiones de invalidez de forma fraudulenta con la ayuda de Francisco Casto. Entre las defraudadoras se encontraban María José Campanario y su madre, quienes sostuvieron en el juicio que recurrieron a Carlos Carretero por recomendación de un amigo y creían que Remedios Torres tenía derecho a una pensión de invalidez. Según dijo la esposa del torero en el juicio, pagó a los supuestos gestores 9.000 euros por los trámites.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz por la Operación Karlos se hace así firme cuando se cumple un año desde que fuera dictada, el pasado 11 de julio, y tras un largo juicio que se prolongó durante dos meses y que sentó en el banquillo a 25 personas.