10 días de suspensión por falta grave al comisario que investigó a González
La policía concluye el expediente a Agapito Hermes de Dios por extraviar los documentos sobre el ático donde veranea el vicepresidente regional
La Dirección General de la Policía (DGP) ha finalizado el expediente contra Agapito Hermes de Dios, el excomisario de Marbella, a quien se le encargó investigar si el ático que el vicepresidente madrileño, Ignacio González (PP), asegura alquilar en el municipio malagueño de Estepona era o no de su propiedad, según aseguró anoche el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en la comisión de Interior del Senado. "El resultado de la investigación interna revela que las gestiones policiales a las que se refería un artículo periodístico fueron realizadas por un inspector por orden del comisario jefe de la comisaría local de Marbella, [Agapito Hermes de Dios]. La investigación sobre las actuaciones practicadas por el comisario local de Marbella arroja, además, que el mismo continuó con una investigación iniciada meses antes sin informar a ninguno de sus superiores, tampoco al director adjunto operativo actual. Esta investigación se puede considerar irregular en tanto en cuanto se efectuó vulnerando los protocolos establecidos al efecto, no consta en ninguna base de datos de investigaciones abiertas y obviando la cadena natural de mando y jerarquía", aseguró el director general de la Policía.
Pese a la irregularidad de la investigación, según Cosidó, Hermes de Dios no ha sido expedientado por sus pesquisas, que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a calificar de "ilegales" en la Cámara Alta. "El comisario local manifestó que al querer revisar el dossier que tenía personalmente y que guardaba sobre el asunto, comprobó que dicho dossier había desaparecido del cajón de la mesa de su despacho. Por este motivo se abrió expediente disciplinario 82/2012 por si en la actuación de este comisario pudiera existir alguna responsabilidad administrativa. La resolución de dicho expediente ha sido adoptada el 16 de julio de 2012, y en la misma se impone una suspensión de funciones de diez días motivada por falta grave por negligencia relacionada con extravío, pérdida o sustracción de material", relató Cosidó.
Hermes de Dios no ha querido hacer declaraciones, pero fuentes cercanas al caso aseguran que el expediente todavía no puede ser considerado como resuelto, pues el comisario de Marbella podría acudir a un juzgado contencioso-administrativo si no está de acuerdo con la sanción.
El responsable de la policía destacó también que ni la comisaría provincial de Málaga ni su brigada provincial de Información tenían conocimiento alguno de dichas gestiones, que buscaban averiguar la propiedad del citado inmueble. "El 23 de marzo de 2012, el comisario local de Marbella dirige una instancia a la dirección adjunta en la que manifiesta que a finales del mes de julio de 2011 recibió una orden del máximo responsable operativo de la Policía Nacional para que llevara a cabo, dentro del más absoluto secreto y discreción, gestiones en relación con el citado inmueble. Estas gestiones se realizaron a través de la brigada local de información de Marbella con resultado infructuoso. Las gestiones se cerraron a primeros del año 2012 al no encontrar indicios de delito alguno", explicó el responsable de la policía, según el borrador de la sesión extraordinaria de la comisión de Interior celebrada el miércoles por la noche.
Cosidó también se refirió a preguntas del senador del PSOE, Enrique Cascallana, a la información que había recibido Ignacio González, que aseguró a los medios de comunicación que había hablado con el director general de la Policía, asegurando que la única información que González recibió sobre esta investigación era la que constaba en el comunicado de prensa público al que usted se ha referido, emitido por la Dirección General de Policíael día 18 de abril. "Yo quiero que sepa que acaba de decir que Ignacio González ha mentido", contestó Cascallana que recordó las palabras de González, que según este senador dijo "He hablado con el director general de la Policía y este ha dicho que no hay ninguna investigación abierta contra mi. Seguramente el señor Ignacio González, según ha afirmado, también ha mentido y ha dicho que habló con usted cuando no lo había hecho", dijo Cascallana.
La versión del Gobierno
1. Tras la denuncia del SUP ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra de la referida vivienda, el Ministerio Público archivó la misma el 10 de mayo de 2012, al no apreciar indicios para iniciar una investigación penal, añadiendo que la información y los datos aportados en la denuncia del SUP podría servir, en su caso, para una investigación policial.
2. El 8 de junio, la Brigada de Blanqueo de Capitales "inicia una serie de investigaciones y averiguaciones policiales "que no precisan de autorización judicial, al tratarse de comprobaciones registrales en el Registro Central del Notariado, Servicio de Índice del Registro de la Propiedad, Unidad Central de Inteligencia Criminal y SEPBLAC", relató el director general de la Policía, que asegura: "Del análisis policial efectuado no se deduce irregularidad formal alguna en la operación de compraventa del inmueble salvo que la escritura pública, hasta el momento, no se ha escrito en el Registro de la Propiedad".
3. El 20 de junio de 2012, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales solicita, mediante oficio dirigido al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC, información obrante en sus archivos sobre las personas físicas y jurídicas investigadas. Igualmente, en esa misma fecha, solicitan, al Consejo Notarial del Notariado, información sobre la adquisición original del inmueble.
4. El 25 de junio de 2012, funcionarios de la Brigada Central se desplazan a Gijón donde reciben declaración por parte del vendedor del inmueble [Francisco Javier Villate] sobre las circunstancias que concurrieron en el proceso de la operación de compraventa del ático de Marbella.
5. El 9 de julio de 2012, el SEPBLAC informa a la Comisaría General de Policía Judicial, UDEV y UCIC, que no existen datos sobre operativas sospechosas o comunicaciones sobre movimientos de efectivo en los que hubiesen participado las personas físicas y jurídicas investigadas. El mismo 9 de julio, el actual comisario general de Policía Judicial entrega en mano al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el oficio número 65 531 por el que se le da cuenta del informe negativo emitido por el SEPBLAC, informándole que, a partir de esa fecha, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales se va a abstener de realizar nuevas averiguaciones o diligencias policiales relacionadas con este asunto, salvo que sean ordenadas por el ministerio fiscal o por la autoridad judicial competente.
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