El Gobierno central prohíbe a las mutuas que colaboren con la Generalitat
El Ejecutivo catalán acusa al ministerio de Empleo de amenazar a las entidades El departamento que dirige Báñez niega que sea una decisión "desleal" y de "carácter político"
Las mutuas de accidentes de trabajo no podrán colaborar con la Generalitat si no quieren ser sancionadas. El director general de Relacions Laborales de la Generalitat, Ramón Bonastre, ha revelado que estas mutuas recibieron una carta en las que el Gobierno central las amenazaba para que dejaran de colaborar con la Generalitat.
La misiva fue enviada a las mutuas el 11 de mayo de 2012 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En ella, se les recordaba que la normativa vigente fija que la Seguridad Social es competencia estatal y las posibles sanciones que acarrearían su incumplimiento. “El día 9 de mayo me desplacé a Madrid para tratar el asunto. Me engañaron diciéndome que no sufriera, y dos días después nos enteramos de que habían enviado la carta a las mutuas”, ha contado Bonastre. Y, ha añadido, “ha sido un acto desleal y de carácter político”.
La advertencia del ministerio ya ha empezado a producir efectos. Según ha informado el director de Relaciones Laborales, hay mutuas que no han proporcionado a la Generalitat el plan anual de actuación preventiva, como sí hacían en el pasado. Bonastre ha asegurado que el 10 de julio envió un requerimiento mostrando su disconformidad, con la esperanza de que “se echaran atrás”. El Ejecutivo catalán aún no ha obtenido respuesta por parte del ministerio.
La respuesta del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social solo ha tardado unas horas en llegar. Este se ha defendido argumentando que la planificación de las actividades de prevención de las mutuas es de competencia exclusiva del estado. Y, ha añadido, el artículo 165 del Estatuto de Autonomía catalán contempla únicamente "la coordinación compartida" con el Estado de la actividad de estas entidades.
Fuentes del Gobierno central niegan que en la carta que se remitió a las mutuas se mencionara la posibilidad de que fueran sancionadas, y menos de que, en caso de incumplimiento, se las obligara incluso a disolverse, como ha apuntado Bonastre esta mañana. Las mismas fuentes discrepan con que su actuación pueda ser entendida como un acto de “deslealtad institucional” ni que tuviera naturaleza “política”, como también ha sugerido el responsable de Relaciones Laborales del Ejecutivo catalán.
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