El juez Torres termina la instrucción del ‘caso Guateque’ con 28 procesados

Casi cinco años de instrucción. Eso es lo que ha tardado el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de la capital, Santiago Torres, en sacar a la luz quiénes estaban detrás de la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias de locales. En total, hay 28 personas procesadas, de las que seis son funcionarios o técnicos municipales, según un auto firmado por el magistrado el pasado 21 de junio. Se pone fin a la instrucción en la que llegó a haber más de un centenar de imputados.

Este auto coincide con la salida de Torres del juzgado de plaza de Castilla. Pasará a la Audiencia Provincial de Madrid. El juez imputa a los procesado los delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos. Como principales responsables de esta trama, Torres sitúa a Carmelo García Sánchez y Santiago Castillo Morales, que “formarían un equipo en el que actuarían como intermediarios entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa”, según el auto de Torres firmado el pasado 21 de junio.

Ambos se dedicarían a captar clientes que fueran a iniciar negocios en locales comerciales de la capital. Santiago Castillo utilizaba además su estudio de arquitectura que tramitaba proyectos de licencias, entre otras actividades. Para ello, solicitaban dinero por cantidades muy superiores a los honorarios cobrados en estas transacciones. Según Santiago Torres, sus gestiones consistirían en acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes y en que la decisión final fuera favorable. También lograban que determinados locales que no reunían los requisitos y que fueron denunciados por los vecinos siguieran ejerciendo sus actividades y realizando las obras que estaban ejecutando.

El juez hace una relación de los 19 locales y edificios que se beneficiaron de los tratos de favor. Entre ellos está la clínica Ruber (Juan Bravo, 49) y el edificio de Seguros Ocaso (Princesa, 23).

La mayoría de esos inmuebles están ubicados en el distrito de Centro. Para ello la trama contaba con dos técnicos de la sección de licencias de esta junta municipal: Manuel Álvarez Hoyos —que aceptó el pago de dinero por el expediente de la calle de Flor Baja, 1— y Fernando Zornoza Martínez de Baroja. Este continuó, según el magistrado, el expediente iniciado por su compañero: “Actúa encubriendo los informes favorables a la concesión de licencia obviando el cumplimiento de las normas relativas a la protección de la fachada”, recoge el auto.

En Centro también contaban con el funcionario del área de disciplina urbanística Mario Mínguez Fernández. Este impidió que se suspendieran las obras que carecían de licencia en un inmueble situado en el número 14 de la calle de Núñez de Arce, que contaba con especial protección como edificio histórico.

En la Junta de Tetuán, el jefe de la sección de licencias, Juan Luis Esteban de Nicolás, permitió la instalación y el acondicionamiento menor para un restaurante de un local de la calle de Pintor Juan Gris, 3. Y eso, “a pesar de la inexistencia de un conducto de ventilación desde la cara superior del forjado de la planta baja”, según el juez.

Los otros dos funcionarios imputados son Fernando Ruiz Torrejón, del área de disciplina urbanística, y José Antonio Jodar García, administrativo de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. El primero participó junto con Carmelo García en los expedientes de la clínica Ruber y de la compañía Ocaso. Jodar está procesado por haber tramitado seis expediente promovidos por Santiago Castillo. En uno de ellos, el de la calle de Piamonte, 7, se ejecutaron obras no amparadas por licencia municipal. “Como consecuencia de ello, se inició un procedimiento sancionador que fue el que José Antonio Jodar hizo desaparecer y ha recibido regalos en dos ocasiones por parte de Santiago y Carmelo”, concluye el juez.