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El Ayuntamiento de Madrid anuncia los primeros despidos

La empresa pública de actividades culturales deberá prescindir de 77 trabajadores

Senegocia su traslado para evitar un ERE

Aduce la falta de presupuesto por el ajuste para pagar las facturas atrasadas de Gallardón

Dos funcionarios municipales cargan el féretro de los servicios públicos. Ampliar foto
Dos funcionarios municipales cargan el féretro de los servicios públicos.

El apellido de los planes de ajuste del Ayuntamiento de Madrid solía ser su año. El plan de 2010, el de 2011... Pero su profusión obligó a afinar, acudiendo a las estaciones: el plan de primavera de 2012, el plan de después del verano de 2012... En la actualidad, los planes de ajuste son casi mensuales, y cuesta llevar la cuenta de los recortes, máxime cuando a las medidas municipales se unen las regionales y las del Gobierno central. Los periodistas, una especie con probada querencia por las palabras llamativas, asimilamos estos recortes con la imagen de un tsunami, pero quizá sea más apropiado pensar en una ola gorda, seguida de otra más gorda, seguida de otra aún más gorda... Las protestas laborales del Ayuntamiento, bautizadas como marea negra por el riguroso luto de sus actuantes, responden aún a la primera o segunda ola. Pero vienen más. Y con ellas, una palabra hasta ahora proscrita: despidos.

En su último día en la alcaldía, el pasado mes de diciembre, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) cerró un acuerdo con los sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras, UGT y CSI), comprometiéndose a “mantener el empleo y las condiciones laborales” el resto de legislatura. Esta promesa fue refrendada por la nueva regidora, Ana Botella (PP). Pero no duró mucho: la semana pasada, la alcaldesa admitió que no podía mantener su palabra, y abrió la puerta así a futuros despidos. Hoy, la gerente de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa municipal que gestiona teatros y actividades culturales, explicó que, tras un recorte presupuestario del 36%, debía prescindir del 30% de su plantilla. Los 352 puestos, una cifra “insostenible”, se verían reducidos a 275 este mismo año. Yolanda Bergareche apostó por acomodar a esas 77 personas en el Ayuntamiento, pero es una opción difícil. La alternativa: despidos individuales (“que tienen un coste económico alto y son traumáticos”) o expediente de regulación de empleo (“que es más traumático aún”).

El Ayuntamiento de Madrid anuncia los primeros despidos

Ese recorte se había gestado en abril; la alcaldesa anunció entonces un ajuste de 160,6 millones en el gasto presupuestado para 2012, y anticipó otro de 394,2 millones para el año próximo. Además, en 2013 subirían impuestos, tasas, polideportivos y talleres culturales. ¿Motivo? Por obligación del Gobierno central (PP), como requisito para poder pagar así a crédito las facturas atrasadas de los ocho años de mandato de Ruiz-Gallardón, 1.003 millones en total. En mayo se aprobó la primera tanda de recortes: 128,9 millones de euros.

¿Consecuencias? Para los ciudadanos en general, menos ayudas sociales o para el empleo, por ejemplo. Para los empleados públicos en particular, un 20% menos en horas extraordinarias (solo se libraron policías y bomberos), suspensión de premios especiales y prestaciones de acción social (excepto ayudas por discapacidad y transporte), rebaja a la mitad de los liberados sindicales... y, desde hoy, despidos.

El Ayuntamiento tiene 26.000 trabajadores, y otros 3.500 en las empresas y organismos municipales. De ellos, 25.000 son funcionarios y 4.000 personal laboral. En el área de Seguridad hay 11.500 trabajadores: 7.500 policías, 2.000 bomberos, 800 técnicos del SAMUR y 1.000 agentes de movilidad. Además, hay 3.000 trabajadores en instalaciones deportivas, 1.500 en los servicios sociales, 800 en educación, 500 en limpieza, etcétera.

En 2008, dedicaba 1.438 millones a gastos de personal; este año, solo 1.339 millones, merced a la amortización de 1.851 puestos (jubilaciones o traslados sin cubrir), la limitación del personal interino (que ha pasado del 14% al 9%), y la bajada de salarios aprobada en 2010 por el anterior Gobierno (PSOE).

Queda por aprobar aún la segunda parte del ajuste previsto para 2011 por el Gobierno de Ana Botella, que debería ascender a 31,7 millones pero podría ser mayor.

Entre tanto, el Gobierno ya ha lanzado otra andanada de recortes: los empleados públicos se quedarán sin paga de Navidad. El Ayuntamiento ahorrará así 52,8 millones (en realidad, se diluirán por el sobrecoste de 40 millones debido a la subida del IVA). La alcaldesa y los altos cargos sufrirán una rebaja equivalente a esa paga (que tienen prorrateada); en el caso de Botella, con un sueldo de 102.000 euros, podría perder hasta 600 euros brutos al mes. Para 2013, el Ayuntamiento prevé otro ajuste de 394,2 millones, además de la mencionada subida de impuestos y tasas. Pero a la preocupación sobre cómo cuadrar unas cuentas ya de por sí muy ajustadas se suman ahora los planes del Gobierno. El Consejo de Ministros validó el pasado viernes el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, que aún podría sufrir cambios de calado antes de su aprobación definitiva, pero que incluye por ahora medidas de mucho calado.

El texto “fortalece la figura del interventor local para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso de las Administraciones locales”. Recupera su dependencia de la Administración General del Estado, y le insta a informar además de cualquier “anomalía” al Pleno municipal y al Tribunal de Cuentas.

Se impide la creación de nuevas empresas, fundaciones u organismos públicos, y se exige el saneamiento de los ya existentes, obligando en caso contrario a su disolución. Es decir, a 31 de diciembre de 2013 debería cerrar sin números rojos, y para ello no podrían ser auxiliadas por el Ayuntamiento. En caso de no lograrlo ni remediarlo, serían disueltas antes de 2015.

El texto define las competencias municipales: urbanismo, medio ambiente, agua, vías, asistencia social primaria, seguridad, tráfico, turismo, ferias, salubridad pública, consumo, deportes, cementerios, museos, bibliotecas y transporte colectivo. Permite ejercer otras actividades económicas “siempre y cuando no se pongan en riesgo la sostenibilidad financiera” de esas competencias definidas como fundamentales.

Así, contempla que, en el plazo de un año tras la aprobación de la norma se examinen todos los servicios municipales, y se supriman o privaticen aquellos que no se puedan mantener y no realicen “funcionas públicas”.

De ser aprobado de tal manera, este proyecto pondría al borde del abismo, por ejemplo, a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Al no estar su actividad (promover vivienda protegida, subvencionar la rehabilitación y eliminar el chabolismo) entre las competencias fundamentales, su supervivencia se cifraría a la buena marcha de las arcas municipales. Pero aun así tendría serias dificultades para cumplir con la obligación de no incurrir en números rojos.

Su naturaleza condena a la EMVS a vaivenes económicos. Construir vivienda requiere de una inversión importante, que solo se compensa en las cuentas cuando, meses o años después, una vez terminada, se vende.

En 2012, la EMVS planeaba invertir 20 millones de euros en suelo, y 100 millones más en obras, y construir casi 7.000 viviendas. En cuanto a ingresos, preveía lograr 114 millones de la venta de pisos, y 10,5 millones del alquiler. Este último aspecto, fundamental para Botella, sería el primer en caer víctima de este cambio de modelo. Construir viviendas requiere de fuertes inversiones que, en caso de dedicarse al alquiler, tardan mucho en verse compensadas en las cuentas. En la actualidad, la EMVS cuenta con 17.000 pisos de alquiler; este año pensaba invertir 33 millones más en nuevas viviendas.

De igual forma, las ayudas a la rehabilitación (20 millones para propietarios particulares en 2012) y el presupuesto para erradicar el chabolismo (19 millones) tendrían que verse compensados por la venta de pisos, que deberían absorber ese sobrecoste en su precio.

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